Las conclusiones de los investigadores del caso Villarejo han provocado que la doctora Elisa Pinto, la mujer que denuncia un montaje policial para favorecer al empresario Javier López Madrid, se haya personado como perjudicada en la causa que se instruye en el Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, una pieza separada del caso del Pequeño Nicolás. En ésta, los investigadores describen a un grupo de agentes dedicados a fabricar pruebas y sabotear casos, tolerado y auspiciado por la cúpula policial de Jorge Fernández Díaz, en coincidencia de protagonistas y “modus operandi” con los que habrían actuado contra Pinto, según la defensa de la doctora.
Desde que se conocieran en junio las conclusiones de la comisión judicial, la pieza separada del caso Nicolás ha dado un vuelco. En el marco de la misma declaró como imputado el comisario jubilado José Manuel Villarejo Pérez, ofreciendo datos de la ‘Operación Cataluña’ que el Ministerio del Interior siempre ha negado. Podemos, víctima de maniobras policiales para acusar a la formación de una supuesta financiación irregular, se ha personado como acusación. La jueza ha admitido que pase a integrar la popular, bajo la dirección letrada de la Asociación de Policía Municipal Unificada (APMU), que también la ejerce en la pieza principal del Pequeño Nicolás. La formación morada ha recurrido porque aspira a ejercer en solitario su propia acusación.
La pieza separada investiga la grabación ilegal a policías y agentes del CNI durante una conversación sobre las pesquisas del Pequeño Nicolás y su posterior difusión en algunos medios de comunicación. A pesar de ello, la defensa de la doctora espera que el juez Arturo Zamarriego acepte su personación como acusación particular. Por el momento, figuran imputados en esta pieza separada el comisario Villarejo, al que los investigadores consideran el “autor intelectual”; su esposa, Gemma Alcalá, directora de la web informacionsensible.com; y el redactor al que se atribuye haber realizado la grabación.
En el escrito de la defensa de Pinto, al que ha tenido acceso eldiario.es, se expone que la doctora también ha sido víctima de grabaciones sin su consentimiento. Como la tomada en su despacho el 13 de diciembre de 2013 y que publicó El Español el pasado 1 de junio. En esa conversación, López Madrid, el empresario arropado por los reyes cuando se conocieron sus gastos con la tarjeta black, le acusa de estar acosándole y le anuncia que la Policía está investigando y tiene muchas pruebas.
“De la simple audición de la conversación se denota que el autor fue el señor López Madrid por la cercanía del micrófono. Su voz se escucha nítida, mientras que la voz de la doctora aparece en un segundo plano y, parecer ser que en ese momento estaba acompañado por el señor José Manuel Villarejo o el señor Rafael Redondo (abogado socio del comisario, según el escrito)”, afirma la abogada de la doctora.
Por otra parte, López Madrid -yerno de Villar Mir e imputado en la operación Púnica por haber financiado presuntamente al PP madrileño- advierte a la doctora de que la Policía le sigue los pasos. “En esa fecha no existía ninguna denuncia ni atestado o investigación judicial que autorizara tales investigaciones”, expone la abogada de la doctora, la letrada Ana Blanco.
El yerno de Villar Mir estuvo imputado por acosar presuntamente a la doctora, pero el caso fue archivado por el Juzgado y Pinto ha recurrido, precisamente al ser mencionada en varias ocasiones en el informe clave del caso Villarejo. El empresario denunció a su vez a la mujer, que continúa imputada en otro Juzgado. Durante la primera instrucción, López Madrid negó tener relación con Villarejo, pero informes incorporados a la causa contienen el rastro de decenas de llamadas entre ellos. Pinto reconoce en el comisario Villarejo al hombre que la ‘pinchó’ en un costado al tiempo que le enviaba una advertencia de parte de López Madrid. El comisario Villarejo, que lo niega, nunca fue imputado por estos hechos.
El reconocimiento fotográfico de Villarejo se produjo como consecuencia de la actuación policial del comisario Jaime Barrado. El policía comenzó a sufrir desde ese momento una persecución de la Dirección de la Policía que implicó su cambio de destino y posterior cese. Barrado recurrió y un tribunal obligó a la Policía a readmitirlo. En el auto se apunta a un posible montaje de Villarejo y su entorno.
Estos hechos son narrados también por la comisión judicial que investiga la grabación ilegal a policías y agentes del CNI. En el escrito de la doctora se destaca que, como ocurrió con Barrado, el comisario Villarejo quiere apartar al jefe de los investigadores, el también comisario Marcelino Martín-Blas de la investigación que le implica.
Martín-Blas ya fue destituido de su puesto de jefe de Asuntos Internos por su enfrentamiento con Villarejo. El primero sitúa al antiguo número dos de la Policía Eugenio Pino como máximo responsable en la Policía que dio cobertura a Villarejo en ambos casos.
En su escrito, la doctora Pinto recupera el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporado a su caso en el que se pone de manifiesto la “estrecha relación” de López Madrid con varios mandos policiales, entre ellos el propio Villarejo y Enrique García-Castaño, para el que Martín-Blas pidió también la imputación por la grabación ilegal.