La derecha se lanza a deslegitimar el Constitucional mientras fracasan los grandes recursos de PP y Vox

El Tribunal Constitucional cuenta desde hace menos de un año con una mayoría de magistrados de perfil progresista inédita en una década. Se trata de una configuración que, en los últimos meses, ha tomado decisiones relevantes sobre asuntos como el aborto, la eutanasia o el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechazando recursos de la derecha y provocando la reacción de PP y Vox. Las acusaciones de ser un órgano politizado desde ambos partidos y algunos ámbitos del mundo judicial discurren en paralelo a las decisiones del pleno que desestiman sus alegaciones contra algunas de las medidas más relevantes del ejecutivo de coalición.

Cándido Conde-Pumpido era magistrado del Tribunal Supremo antes de acceder al Constitucional y fue fiscal general del Estado durante las dos legislaturas del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Eso implica que sus diferencias con la derecha en general y el PP, en particular, no son nuevas. En 2006 fue Mariano Rajoy el que pidió su destitución por un desencuentro con la Policía. Un año antes, el partido anunció una denuncia por prevaricación contra él por investigar irregularidades urbanísticas en Majadahonda, epicentro de la trama Gürtel. Cuando ese caso estalló, el PP también culpó a Conde-Pumpido de las filtraciones de una causa que terminó, una década más tarde, con la salida de Rajoy de la Moncloa.

Las acusaciones de que Cándido Conde-Pumpido pone las instituciones que dirige al servicio del PSOE no son, por tanto, nuevas en el número 13 de la calle Génova de Madrid. Su etapa en el Supremo y sus primeros años en el Constitucional pasaron desapercibidos para la derecha hasta que, hace poco más de un año, un acuerdo firmado precisamente por el PP con los socialistas abrió la puerta a que él presidiera un Constitucional de mayoría progresista.

Cándido Conde-Pumpido, por tanto, llegó a la presidencia del Tribunal Constitucional después de que un acuerdo aceptado por el PP pusiera la primera piedra en el camino a una mayoría progresista en el pleno, pasando por alto el intento de la también progresista María Luisa Balaguer de conseguir los votos del sector conservador para hacerse con el puesto. Una mayoría progresista que ha tumbado con sus votos algunos de los recursos más relevantes de PP y Vox contra normas del actual ejecutivo de coalición.

Alberto Núñez-Feijóo se ha estrenado en la presidencia del PP con sonadas derrotas en el tribunal de garantías. Los recursos del partido contra la ley del aborto de 2010 y contra la actual normativa de eutanasia fueron desestimados. También ha quedado rechazado el que presentaron contra la ley Rider que busca combatir el abuso de la temporalidad en las plataformas de reparto a domicilio.

Las críticas del PP desde la última renovación parcial del organismo, con la llegada de Conde-Pumpido a su presidencia, han ido destinadas a cuestionar la legitimidad de sus decisiones una vez se ha instaurado una mayoría progresista y que las decisiones tomadas sin unanimidad han invertido la proporción anterior que, con mayoría conservadora, sacaron adelante resoluciones como la que amordazó al Parlamento durante la última renovación.

El “sanchismo”, concepto usado por la derecha, ha convertido al Tribunal Constitucional en una “institución debilitada”. Lo dijo el dirigente del PP Elías Bendodo el mismo día en que Conde-Pumpido fue elegido presidente del tribunal de garantías el pasado mes de enero. “Europa tiene que conocer que más del 10% del TC son ex altos cargos del Gobierno”, afirmó también Alberto Núñez Feijóo en una entrevista con la agencia Servimedia.

Las declaraciones eran distintas cuando las decisiones del Constitucional eran favorables a los postulados del PP o, al menos, contrarios al Gobierno de coalición. El mismo Feijóo, antes de acceder a la presidencia del partido, calificaba de “razonable” la decisión que tomaría el tribunal poco después de anular el estado de alarma impuesto por el ejecutivo para combatir los avances de la pandemia. Unos años antes, su predecesor, Pablo Casado, salía al paso de las críticas de Ciudadanos al tribunal y defendía su integridad: “¿Qué responsabilidad ofrece un partido que en vísperas del desafío secesionista pone en duda nuestro sistema político?”, se preguntaba Casado en 2015.

Vox naufraga en el Constitucional

El mismo camino han seguido numerosos recursos de Vox después de sus triunfos contra el estado de alarma: el decreto de temporalidad, la reforma del CGPJ que impide los nombramientos en funciones o la eutanasia. En el caso del partido de Santiago Abascal, la cuenta de recursos pendientes ya solo puede adelgazar: el descalabro de las últimas elecciones le ha dejado sin suficientes diputados para presentar este tipo de recursos contra normas del ejecutivo central. Este partido, que ha llegado a proponer la desaparición del Tribunal Constitucional en su programa electoral, solicitó en julio que la Unión Europea investigara una “politización” del organismo que no denunció cuando el tribunal estimó sus recursos contra los dos estados de alarma.

Algunas de estas críticas también han llegado desde la Comunidad de Madrid y su presidenta, Isabel Díaz Ayuso. En uno de sus primeros actos en la última campaña electoral, Ayuso criticó que el Constitucional hubiera hecho público su fallo sobre la ley del aborto tan cerca de la campaña y afirmó que Pedro Sánchez había “colonizado” el tribunal de garantías. En los últimos días este tribunal ha tumbado la ley de Ayuso que limitaba el acceso a la eutanasia de las personas con discapacidad al entender que fue más allá de sus funciones. Y lo ha hecho por unanimidad de progresistas y conservadores. Además, se prepara para rechazar en las próximas semanas el recurso de la Comunidad de Madrid contra el impuesto a las grandes fortunas.

“El 7-4 hace bastante daño”

La crítica por la situación actual del Constitucional ha llegado también desde otro poder del Estado: el presidente del CGPJ, en funciones y con el mandato caducado desde diciembre de 2018. Vicente Guilarte, en el cargo desde el pasado mes de julio, afirmó en una entrevista con el periódico El Mundo que las decisiones tomadas con la mayoría progresista frente a la minoría conservadora lanzaban un mensaje “demoledor” a la ciudadanía. “Deberían buscarse fórmulas para evitarlo, porque el 7-4 hace bastante daño a la credibilidad del órgano y del sistema”, afirmó el abogado y catedrático.

El propio Guilarte, vocal considerado del sector conservador del CPGJ desde 2013, forma parte de un órgano de gobierno de los jueces que desde su última renovación ha protagonizado una división entre bloques acentuada desde que caducó su mandato. Esa brecha se ha visto plasmada, por ejemplo, en algunos nombramientos de la cúpula judicial que precedieron a la reforma que impidió al Consejo seguir haciéndolos. También en las negociaciones que durante meses mantuvieron paralizada la renovación parcial del Tribunal Constitucional. O en la aprobación de informes sobre la Ley de Vivienda, la de Memoria Democrática o la última reforma de la ley del aborto.

Las críticas también han llegado desde asociaciones judiciales como la Francisco de Vitoria, que evita expresamente ser denominada “conservadora” y que, en un comunicado emitido a raíz de la sentencia que avaló la reforma del CGPJ para frenar los nombramientos estando en funciones, esta organización afirmó lo siguiente: “El TC está afrontando una grave crisis de credibilidad, debido tanto a los criterios de elección de sus magistrados altamente sospechosos de politización como al proceder sistemático del tribunal por bloques, lo que es difícilmente compatible con métodos de resolución en los que prime lo jurídico sobre lo ideológico”.

Desde esa asociación expresaban también la “preocupación” que, afirmaban, les producía que la resolución dejara por escrito que “no existe una definición constitucional excluyente del sistema de nombramiento de los vocales del CGPJ”, aventurando otros sistemas de mayorías. “Esta afirmación como la argumentación que la apoya resultaba absolutamente innecesaria para resolver”, aseguraba el comunicado.

Las críticas desde distintos ámbitos han tenido también una respuesta poco habitual en la calle Domenico Scarlatti de Madrid: comunicados desmintiendo incluso las interpretaciones de sus sentencias o desmintiendo informaciones que consideran erróneas. “El Tribunal Constitucional no ha dicho nada sobre la futura renovación del Consejo”, afirmaba el comunicado. “Solo una lectura fuera de contexto de la sentencia y su divulgación han generado una falsa polémica”. En otro comunicado desmentían una información que aludía a la tramitación de los recursos en la causa de los ERE de Andalucía. Uno anterior, del mes de julio, desmentía informaciones que atribuían a Conde-Pumpido la intención de rechazar todos los recursos presentados por Vox.

Conde-Pumpido, el PP y la ley de amnistía

Las últimas acusaciones del PP hacia el Constitucional han llegado a cuenta de una hipotética ley de amnistía que el Gobierno estaría negociando para conseguir los votos de Junts, necesarios para investir a Pedro Sánchez. Elías Bendodo, coordinador general del PP, afirmó el pasado jueves que el propio presidente del Tribunal Constitucional intercambiaba documentos sobre esta futura ley con Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont.

“Más grave todavía sería que este abogado estuviera en contacto e intercambiando papeles sobre la amnistía con el propio presidente del Tribunal Constitucional. Eso sería muy grave y un golpe letal a nuestra democracia”, especuló Bendodo sobre unos supuestos contactos que desmienten tajantemente tanto desde el entorno de Conde-Pumpido como desde el del letrado. Sin pruebas encima de la mesa, el PP ha convertido este asunto en un caballo de batalla. “Bendodo reta a Sánchez a aclarar si el abogado de Puigdemont, condenado por terrorismo, dicta la ley de amnistía y negocia con Conde-Pumpido”, titula un comunicado de la web del partido de Alberto Núñez-Feijóo.

La lista de desencuentros entre PP, Vox y el Tribunal Constitucional puede aumentar, en función del resultado de sus decisiones, en los próximos meses: el pleno todavía tiene pendiente de deliberación recursos de ambos partidos o comunidades donde gobiernan contra la ley Trans, el impuesto a las grandes fortunas, la reforma de la ley del aborto, la ley del 'solo sí es sí', la de Memoria Democrática, la de vivienda, la reforma de la sedición y la malversación o las distintas reformas del CGPJ, entre muchas otras.