El fiscal de Sala de Medio Ambiente, Antonio Vercher, se ha visto obligado a reflejar por escrito su posición en el conocido como caso Hoyo de Manzanares, una recalificación urbanística en la que está implicado a un alto cargo del Ministerio de Justicia. Vercher desmiente al fiscal jefe de Madrid, José Javier Polo, quien aseguró en una reunión con sus subordinados que contaba con su apoyo para no imputar al cargo de confianza de Rafael Catalá.
El escrito, al que ha tenido acceso eldiario.es, tiene fecha de 22 de noviembre y se redactó tras una Junta de Fiscales de Madrid, convocada por las desavenencias entre el encargado de investigar el caso, el fiscal delegado de Medio Ambiente César Estirado, y Polo, su superior en la Fiscalía de Madrid. Estirado invocó el artículo 27 del Estatuto Fiscal para forzar una reunión en la que se votase sobre la principal controversia: si imputar o no a Francisco Javier Gómez Gálligo, director general del Registro y del Notariado del Ministerio de Justicia.
La reunión se celebró el pasado 13 de noviembre. En ella, los fiscales expertos en Urbanismo apoyaron a Estirado, mientras que otros se mostraron favorables al criterio de Polo. Sin embargo, el jefe de la Fiscalía de Madrid impidió que sus subordinados expresasen el parecer de la Junta mediante una votación, que en ningún caso sería vinculante.
Durante la Junta, Polo aseguró que había tratado el tema con Vercher, conocedor del caso por afectar a su área. “De la conversación mantenida con el Fiscal de Sala deduce la improsperabilidad del procedimiento respecto del DGRN”, recoge el acta, aludiendo así a que en una reunión anterior, Vercher se había mostrado contrario a investigar al alto cargo de Justicia.
Sin embargo, Vercher niega que se expresase en esos términos durante su encuentro. En el escrito recalca que su postura coincide con la de Estirado, que es favorable a la imputación, y que así se lo ha transmitido a este y al propio Polo. En concreto, hace referencia a la reunión el jefe de la Fiscalía de Madrid e insiste en que dejó clara su postura a favor de investigar al director general del Registro y del Notariado.
El desmentido de Vercher ahonda en la crisis que este caso ha abierto en la Fiscalía de Madrid. Polo se negó en varias ocasiones a investigar subordinado de Catalá y ha apartado del caso a Estirado. La crisis ha obligado a intervenir al fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, que ha dejado sin efecto la Junta de Fiscales de Madrid y ha ordenado que se repita, ahora con una votación.
El caso nació el pasado mes de julio y en él están imputados el alcalde de Hoyo de Manzanares, Ramón Regueira, del PP, varios ediles de su Gobierno y un par de directivos de una Universidad Antonio de Nebrija. Todos están acusados de intentar cambiar la calificación de una parcela del pueblo madrileño para edificar más de un centenar de viviendas.
Una registradora de la propiedad del Ministerio se negó a ser parte de los planes de recalificación y emitió un duro informe: “Se aprecia claramente que el Ayuntamiento está autorizando una segregación que incumple el Planeamiento Municipal, admitiéndolo expresamente”. Aquí es donde entra en juego el director general del Registro y del Notariado del Ministerio de Justicia.
Desde su puesto, Gálligo corrigió la decisión de la registradora tras un recurso presentado por la Universidad Antonio de Nebrija. Inscribió la parcela a pesar de que había un informe que alertaba de que era ilegal, por lo que el fiscal del caso sostiene que cometió un delito de prevaricación, es decir, que tomó una decisión arbitraria a sabiendas de que era contraria a la ley.
Gálligo, a quien el fiscal acusaba de favorecer los intereses urbanísticos de la Universidad, ha cambiado ahora de criterio. Ha rectificado su decisión en un escrito enviado a los denunciantes del caso con el argumento de que le faltaba información. No sabía, afirma, que la Comunidad de Madrid había paralizado la operación.
Ese documento ha sido incorporado a la investigación. Además, todavía tiene que volver a celebrar la Junta de Fiscales de Madrid en la que, ahora sí, tendrán que votar si apoyan o no que se investigue al alto cargo del Ministerio de Justicia.