El grave deterioro físico en prisión del falso cura impide que tire de la manta sobre el asalto a casa de los Bárcenas
El falso cura que asaltó la casa de los Bárcenas tiene difícil tirar de la manta. La sospecha de los investigadores de que Enrique Olivares actuó por encargo de la brigada política del Ministerio del Interior no podrá ser ratificada por el preso, que hace unos meses sufrió un ictus en el centro penitenciario de Cuenca, según han informado a eldiario.es fuentes del entorno del recluso. Olivares apenas puede expresarse y cuando lo hace incurre en continuas incoherencias.
El recluso Enrique Olivares cumple una condena de 22 años de cárcel por el secuestro de Rosalía Iglesias, Guillermo Bárcenas y la empleada del hogar Victoria Feliz de la Cruz, entre otros delitos cometidos el 23 de octubre de 2013 en el domicilio del extesorero en el madrileño barrio de Salamanca. Según desveló okdiario.com, Olivares fue captado por los mandos policiales que dirigieron el espionaje a los Bárcenas, y cobró 10.000 euros por el asalto a la vivienda en busca de la documentación sobre el PP.
Los hechos serían así parte de la Operación Kitchen, que también incluyó la captación del chófer de la familia para que informara de los movimientos de Rosalía Iglesias después de que el extesorero entrara en prisión provisional, en el mes de junio de 2013. Sergio Ríos, que así se llama el topo, debería también robar el material comprometedor para el PP que escondieran los Bárcenas. Pero el supuesto envío de un delincuente común vestido de cura al domicilio de la familia terminó torciéndose. Willy Bárcenas logró desatarse de las bridas que había puesto Olivares a los tres retenidos, le dio un cabezazo y lo redujo.
En el juicio, el acusado gritaba que voces dentro de su cabeza le daban órdenes. El tribunal concluyó que fingía, si bien la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid reconoce en Olivares un “trastorno de personalidad con rasgos paranoides, narcisistas y antisociales”. Este diagnóstico le valió un atenuante y fue condenado a la pena prevista en la ley en su mitad inferior, esto es, seis años por cada uno de los secuestros, más dos años por tenencia ilícita de armas, seis meses por allanamiento de morada y a otros tres delitos de amenazas, castigados también con seis meses cada uno. Un total de 22 años de cárcel porque Olivares tenía “parcialmente afectada, aunque no eliminada, su capacidad de acomodar su conducta en los términos requeridos por la ley”.
Olivares, que cumple 70 años el próximo mes de enero, fue ingresado en el módulo de enfermería de la prisión de Cuenca después de sufrir el ictus. Su estado desde entonces apenas ha mejorado y por eso ha sido trasladado a una cárcel con más medios de atención a enfermos crónicos, según las fuentes consultadas. eldiario.es se ha puesto en contacto con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para conocer los detalles del traslado y sobre el estado de salud de Olivares, pero un portavoz ha rechazado facilitar cualquier información en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos.
El relato de hechos probados de la sentencia recoge Olivares se presentó por el telefonillo como un sacerdote que iba de parte de Instituciones Penitenciarias para gestionar la salida de la cárcel de Bárcenas. Tras veinte minutos de charla intrascendente sacó un revólver que “se encontraba en mal estado de conservación, con sus partes metálicas oxidadas, pese a lo cual, accionado en vacío, funcionaba correctamente”.
Enrique Olivares fue asistido por un abogado de oficio colegiado en Madrid durante toda la instrucción, pero antes del juicio se hizo cargo de su defensa Andrés Ruiz Cubero, penalista con despacho en la capital y también en Cuenca, de donde es oriundo el falso cura. Ruiz Cubero ha declarado a eldiario.es que se hizo cargo de la defensa de Olivares porque así se lo pidió un cliente y amigo del despacho de Cuenca que nada tiene que ver con el mundo policial o de la política.
Armado con un arma “especialmente peligrosa”
La Operación Kitchen es objeto de una pieza separada y secreta del caso Villarejo, la número 7. Fuentes jurídicas aseguran a eldiario.es que aún no han aparecido indicios sobre la presunta utilización de Olivares por parte del Ministerio del Interior en tiempos de Jorge Fernández Díaz, aunque los investigadores intentan profundizar en esa posibilidad. De aparecer, mandos policiales que actuaban a las órdenes de la cúpula de interior habrían introducido a un delincuente común armado para practicar un robo por la fuerza, y mediante secuestro. La sentencia que condenó a Olivares recoge que el arma que portaba estaba “en condiciones o circunstancias que la convertían en especialmente peligrosa para la seguridad ciudadana en general, y para las víctimas de la detención en particular”.
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez Diego de Egea por ahora la imputación de cuatro mandos policiales y del chófer, Sergio Ríos Esgueva, quien después de acabar su misión y cobrar de los fondos reservados ingresó en la Policía con 42 años y recibió un destino privilegiado.
En el momento del asalto del falso cura, Ríos había salido casualmente a ver a su entonces esposa, quien trabajaba en una tienda no muy lejos del domicilio de los Bárcenas. Llegó justo a tiempo para ayudar a Willy Bárcenas una vez éste había reducido a Olivares y poco antes de que se personaran en el domicilio los primeros agentes, de la Policía Municipal. El fallo de la Sección Cuarta de la Audiencia de Madrid se refiere a Ríos como “un amigo de la famiilia que había desempeñado en ocasiones trabajos esporádicos para la misma”.
Ríos Esgueva había sido el chófer de Francisco Granados y así llegó al servicio de Bárcenas. Cuando la familia fue embargada por la justicia, decidió seguir trabajando sin cobrar, por eso la familia le consideraba “un amigo”. Rosalía Iglesias y su marido desconocían que cobraba de los fondos reservados del Ministerio del Interior por espiarles.
Los cuatro mandos policiales para los que Anticorrupción solicita la imputación son el director adjunto operativo de la época, Eugenio Pino; los comisarios José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño, y el inspector jefe Andrés Gómez Gordo. Los tres superiores por encima de Pino, el director general, Ignacio Cosidó; el secretario de Estado, Francisco Martínez; y el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, están en la actualidad aforados ante el Tribunal Supremo en su condición de parlamentarios.
De Egea había decidido resolver la petición de Anticorrupción cuando el Ministerio del Interior le entregara el informe completo de la Operación Kitchen, previa desclasificación por parte del Consejo de Ministras, lo que se produjo el pasado viernes.
Entre tanto, De Egea ha informado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que renuncia a la comisión de servicio que le mantenía en la Audiencia Nacional hasta el 31 de diciembre próximo y que estaba pendiente de ser renovada. En su escrito, entregado el pasado miércoles, De Egea atribuye su decisión “estrictamente a motivos personales”. El juez mantiene un enfrentamiento abierto con la Fiscalía Anticorrupción por casi todos los aspectos más relevantes del delicado caso Villarejo.
