La directora del CNI invoca la ley de secretos oficiales para no responder a la Eurocámara sobre el espionaje con Pegasus

“No es del todo satisfactorio que ninguna de estas preguntas haya sido respondida”, ha reprochado el presidente de la comisión Pegasus del Parlamento Europeo, Jeroen Lenaers. El holandés replicaba así a la presidenta del Centro Nacional de Inteligencia, Esperanza Casteleiro Llamazares, quien ha ventilado casi una treintena de preguntas alegando la ley de secretos oficiales: “He tomado nota de las numerosas preguntas, 28, que me han hecho. El CNI es la única institución que tiene una comisión parlamentaria [en el Congreso de los Diputados] específica para dar cuenta de sus actividades y solo ante ella puedo hacerlo por el carácter secreto de las mismas que establece la ley reguladora en su artículo 5”, ha dicho Casteleiro en su turno de respuesta a las preguntas.

“Puesto que tengo la posibilidad de revisar todas las preguntas e intentar contestar por escrito las que la ley no me exija el secreto, así lo haremos”, ha zanjado ante las cuestiones planteadas por, entre otros, el ex president de Catalunya Carles Puigdemont; y los eurodiputados de ERC Diana Riba y Jordi Solé. Todos ellos han cuestionado a la directora del CNI si el organismo dispone del programa Pegasus, y si les ha espiado a ellos o a sus entornos como ha revelado la investigación de la entidad CitizenLab, elevando a 65 las personas relacionadas con el independentismo espiadas. 

Durante su exposición inicial, Casteleiro ha defendido el carácter legal de las actuaciones del CNI, y ha dicho que “todas las actividades del CNI están regidas por el principio de legalidad” y que requieren “autorización judicial previa”.

Existe “la obligación legal que impide hablar de las cuestiones relativas al CNI en el Parlamento Europeo, puesto que no lo puedo hacer en ningún otro lugar que no sea la comisión de secretos oficiales del Parlamento español, tal y como también prevé nuestra ley”, ha insistido Casteleiro en su intervención telemática.

“Todos los expertos, sin excepción, que han comparecido en esta comisión hablando de Pegasus o de Candiru, han señalado que se trata de herramientas desproporcionadas y sin ningún tipo de limitación”, ha señalado Puigdemont: “¿Cómo puede hacer compatible el uso de herramientas que permiten un uso desproporcionado y sin límites con una norma que les obliga a ser proporcionales y tener limitaciones?”. 

“¿Si un presidente de una región, digamos Cataluña, se reuniera con un emisario, digamos ruso el día antes de proclamar la independencia, ustedes deberían estar atentos por si eso vulnerara los principios constitucionales, atacase la democracia y violase los derechos y libertades del conjunto de los ciudadanos catalanes y del resto de España?”, preguntó por su parte Cañas. 

En la sesión de este martes también participó Andreu van den Eynde, abogado del líder de ERC, Oriol Junqueras; y el periodista de El Confidencial Ignacio Cembrero, a quien Marruecos espió con el programa Pegasus.

El borrador de conclusiones señala al Gobierno en el espionaje a independentistas catalanes

La comisión de Pegasus también ha debatido, por la tarde, el borrador de conclusiones de la ponente Sophie in 't Veld (liberal del partido holandés Demócratas 66), que afirma que “el Gobierno español probablemente fue el primer cliente de la Unión Europea del grupo NSO [creadores de Pegasus]”. Las enmiendas al informe se presentarán después de Navidades, un informe que también se hace eco de las sospechas de que Marruecos estuviera detrás de las escuchas a los teléfonos del presidente Pedro Sánchez, la ministra de Defensa, Margarita Robles y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. 

“El Gobierno no da información”, ha señalado la eurodiputada en la presentación del informe: “La situación en España es delicada, tenemos poca información oficial. Pero vemos que hay indicaciones fuertes de que políticos han sido espiados sin suponer una inminente amenaza a la seguridad nacional. Pido a las autoridades más información para evaluar la situación”.

“Se cree ampliamente que las autoridades marroquíes espiaron al primer ministro, Pedro Sánchez; a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de manera similar al caso del presidente francés y los ministros. Se ha informado que el Gobierno marroquí podría ser potencialmente responsable de este ataque, sin embargo, esa información no ha sido confirmada”, afirma el informe, que debe ser sometido a un proceso de enmiendas antes de ser aprobado por la comisión parlamentaria. Y, por las posiciones defendidas por populares, socialistas y parte de los liberales (Ciudadanos), es probable que el texto se vea rebajado.

“El objetivo de un segundo grupo de víctimas se conoce como Catalan Gate”, apunta el informe: “Incluye a parlamentarios catalanes, miembros del Parlamento Europeo, abogados, miembros de organizaciones de la sociedad civil y algunos familiares y personal relacionado con esas víctimas. El escándalo estalló por primera vez en 2020, pero no fue hasta abril de 2022 cuando Citizen Lab completó su investigación y se reveló la escala del escándalo. Los resultados de esa investigación mostraron que al menos 65 personas fueron atacadas”.

El documento señala que “en mayo de 2020, las autoridades españolas admitieron haber espiado a 18 de esas 65 víctimas con autorización judicial”. En este sentido, el informe de Sophie in 't Veld afirma: “El Gobierno español ha facilitado poca información hasta ahora sobre el papel que ha desempeñado, invocando la necesidad de confidencialidad en relación con la seguridad nacional. Sin embargo, la vigilancia de los objetivos catalanes fue realizada por las autoridades españolas, principalmente en relación con el referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017 en Catalunya y los acontecimientos posteriores. El gobierno español probablemente fue el primer cliente de la UE del grupo NSO [creadores de Pegasus]”.

Al mismo tiempo, el informe señala que “un análisis detallado de los ataques muestra un patrón claro. La mayoría de los ataques del Catalan Gate coinciden y se relacionan con momentos de relevancia política, como casos judiciales contra independentistas catalanes, mítines y comunicación con líderes catalanes que viven fuera de España. Dicha vigilancia incluye, por ejemplo, las comunicaciones abogado-cliente de un independentista encarcelado en vísperas de su juicio, contactos entre compañeros o comunicaciones relativas a la toma de posesión de escaños en el Parlamento Europeo. Dado que las autoridades han reconocido solo 18 de los 65 casos, y que las órdenes judiciales para esos casos no se han divulgado, no es posible establecer de qué manera tendrían un impacto inmediato o constituirían una amenaza inminente para la seguridad nacional o la integridad del Estado”.