La discriminación pone a los gitanos de la UE en condiciones de subdesarrollo

La discriminación que sufren los gitanos en la Unión Europea (UE) llega a tales extremos que muchos de ellos afrontan situaciones comparables a las de países en vías de desarrollo, pese a ser ciudadanos de una de las zonas más ricas del mundo.

Esa es la denuncia que plantea la Agencia de Derechos Fundamentales (FRA) de la Unión Europea en un informe publicado hoy, dos días antes de la celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano.

El documento “Una preocupación persistente: el racismo contra la población romaní como barrera para su inclusión» evalúa el alcance de la discriminación a gitanos en Bulgaria, Croacia, República Checa, Grecia, Hungría, Portugal, Rumanía, Eslovaquia y España, donde viven cinco de los seis millones de gitanos de la UE.

“Parte importante de la población gitana sigue luchando con desafíos que nos gusta creer que ya no existen en la UE. Hogares sin agua o electricidad, ausencia de seguro sanitario e incluso el hambre continúan siendo realidades para cuotas inaceptables de la comunidad gitana en una de las regiones más ricas del mundo”, denuncia el director de la FRA, Michael O'Flaherty.

Una discriminación que supone una “formidable barrera ante los esfuerzos para mejorar las oportunidades y la calidad de vida de los romaníes”, advierte el experto irlandés.

Para poner esa situación en perspectiva, el texto compara la situación socioeconómica de los romaníes de Europa con la de la población de otros países.

Uno de los indicadores más reveladores es el de la disponibilidad de agua potable.

Por ejemplo, sólo un 32 % de los gitanos rumanos tiene acceso en casa a agua debidamente tratada, menos que en Congo o Pakistán.

Aunque ese porcentaje varía mucho entre los distintos países (en España es del 98 %), el informe señala que la media para los nueve Estados es el del 70 %, parecido al de Colombia o Albania.

Destaca también que el 63 % de los jóvenes gitanos, entre 15 y 24 años, ni trabaja ni estudia (77 % en España) y lo compara con el 36 por ciento de Costa de Marfil o el 25 % de Indonesia.

Otro indicador, el de los niños gitanos escolarizados antes de la edad obligatoria (53 % de media, 95 % en España), es más bajo que en Guinea Ecuatorial o en Palestina.

“Es chocante, hay que admitirlo”, lamenta en declaraciones a Efe Andrey Ivanov, jefe de la sección de romaníes e integración de migrantes en la FRA, al constatar que hay ciudadanos europeos que viven en esas condiciones.

Ivanov asegura que, aunque el estudio sólo emplea tres indicadores, la misma conclusión se obtiene al comparar otros parámetros de los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y que los datos reflejan “la magnitud de la desigualdad que existe en la Unión Europea”.

Una desigualdad que, en este caso, tiene directamente que ver con la discriminación de un grupo específico.

“No se trata de exclusión social. Se trata de exclusión social porque son gitanos”, sentencia el experto, quien advierte de que la “discriminación es una barrera para escapar de la pobreza”.

El documento recuerda datos llamativos, como que el 27 % de los gitanos declara que al menos un miembro de su familia ha pasado hambre (un porcentaje que cae al 17 % en España), o que el 44 % de los romaníes búlgaros no dispone de inodoro, ducha o cuarto de baño.

La FRA denuncia que el racismo y la discriminación contra los gitanos contribuyen a las carencias que sufren en aspectos esenciales como la salud, la educación y el empleo.

Privaciones que, debido a la histórica desventaja que sufren, son vistas por el resto de la sociedad como “normales”, contribuyendo a una estigmatización y exclusión social que refuerza los prejuicios contra los gitanos y “convierte su marginalización en socialmente aceptable”, argumenta la FRA.

Ivanov señala que hay gente que odia a los gitanos sin ni siquiera tener un contacto personal, simplemente siguiendo construcciones sociales basadas en estereotipos.

“Eso genera un comportamiento que priva a los gitanos de las oportunidades que debería tener cualquier ciudadano de la Unión Europea. Se trata de un círculo vicioso que tiene que ser roto de alguna manera”, afirma.

Antonio Sánchez Solís