Por qué la reforma electoral del PP ni es más democrática, ni blinda a la lista más votada, ni impide pactos entre perdedores

Ni es más democrática, ni garantiza que gobierne la lista más votada, ni impide los pactos postelectorales entre las fuerzas políticas que queden en segundo o tercer lugar para desbancar al partido ganador de las elecciones. La reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) que ha registrado el PP en el Congreso de los Diputados, la primera iniciativa de la presidencia de Pablo Casado, no asegura que se vayan a cumplir esas tres promesas que han motivado la presentación de la iniciativa que los populares quieren aprobar antes de las elecciones municipales de 2019, aunque por el momento no cuentan con el respaldo del resto de los partidos con representación parlamentaria. 

El texto presentado este martes y que se circunscribe al ámbito municipal introduce como novedad que “cuando una candidatura obtenga la mayoría simple y haya superado el 35% de los votos válidos emitidos en la circunscripción y distancia, al menos, en cinco puntos porcentuales a la siguiente candidatura, obtendrá automáticamente la mitad más uno de los puestos de concejal en el ayuntamiento. Esa misma asignación de concejales –añade la propuesta– se producirá cuando una candidatura haya obtenido la mayoría simple, haya superado el 30% de los votos válidos emitidos en la circunscripción y distancie, al menos, en diez puntos porcentuales a la siguiente candidatura”. 

Además, cuando no se den esos dos supuestos “se celebrará un proceso electoral entre las candidaturas que hubieran obtenido, al menos, el 15% de los votos válidos emitidos en la circunscripción”. En esa segunda vuelta, “a la candidatura mayoritaria, si hubiera obtenido más del 40% de los votos válidos emitidos, o distanciase en al menos siete puntos porcentuales a la segunda candidatura” se le adjudicaría la mayoría absoluta. Y cuando ninguna alcanzase ese porcentaje la atribución de los puestos de concejales en cada ayuntamiento se realizaría siguiendo el sistema actual de la Ley D'hondt y en función de los resultados de la primera vuelta. 

La sobrerrepresentación del ganador

La propuesta del PP no es más democrática que la normativa actual que contempla mayorías absolutas y simples, en contra de lo que vienen defendiendo desde el partido conservador en los últimos años. Que con solo el 30% de los votos un partido político pueda lograr la mayoría absoluta de concejales y, por tanto, pueda tener el control total de un consistorio podría ir de hecho contra la proporcionalidad del sistema electoral que requieren la Constitución y la propia LOREG. De aprobarse, implicaría que ese 30% de ciudadanos estaría sobrerrepresentado en un 51% de ediles, frente al 70% que estaría infrarrepresentado por el 49% de concejales.

Tampoco garantizaría siempre que pudiera gobernar la lista más votada, en contra de lo que insistentemente recalca el PP. Para hacerlo, el partido más apoyado debería cumplir con el requisito de lograr al menos el 35% de los apoyos y situarse cinco puntos porcentuales por encima del siguiente o el 30% de los votos y 10 puntos de diferencia en la primera vuelta, o bien lograr el 40% de los sufragios y estar 7 puntos por encima de su rival más inmediato en la segunda. En el caso de que no se produjeran esas condiciones, un acuerdo entre el resto de fuerzas políticas podría arrebatar el poder a la ganadora. 

En la presentación de la iniciativa, la portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, aseguraba que la propuesta responde a una demanda de los ciudadanos, que reclaman que “gobiernen los alcaldes que ellos deciden” y que no haya “acuerdos oscuros en los despachos en contra de la voluntad de los ciudadanos”. “Así sólo hay gobiernos débiles que pagan hipotecas ocultas como pasa con el Gobierno de Sánchez”, apostillaba. Sin embargo, el texto planteado por los populares no impide en ningún caso esos “acuerdos oscuros” o “pactos de perdedores”, como suelen llamarlos desde el PP.

“Deformar” la voluntad de las urnas

En su exposición de motivos, la propia proposición reconoce que “es evidente que los pactos y coaliciones electorales son algo lícito en España y en general están admitidos en la mayoría de los sistemas electorales vigentes en los países de nuestro entorno”, si bien denuncia que “estas alianzas, en la mayoría de los casos post-electorales, en numerosas ocasiones están exclusivamente motivadas por el único interés y singular propósito de desplazar al partido político que esté gobernando en ese ayuntamiento”, lo que a juicio de los populares provoca “una interpretación forzada de la voluntad popular expresada en las urnas, deformándola y privando de manera efectiva al electorado de su capacidad de poder decidir sobre un programa político y un candidato o candidatos concretos”. 

No obstante, la reforma que plantea el partido de Pablo Casado no hubiera garantizado, por ejemplo, que tras las últimas elecciones municipales hubiera gobernado la lista más votada en las dos principales ciudades españolas, ni habría impedido acuerdos entre el resto de fuerzas políticas.

En Madrid, la formación más respaldada fue el PP con el 34,55% de los votos, seguida de Ahora Madrid (31,85%), el PSOE (15,28%) y Ciudadanos (11,41%). Si se hubiera aplicado la propuesta de los populares no se habrían cumplido los requisitos para que a la ganadora se le asignara una mayoría absoluta de concejales, por lo que se tendría que haber celebrado una segunda vuelta a la que únicamente podrían haber concurrido PP, Ahora Madrid y PSOE, al haber obtenido todos ellos más del 15% del voto. Nada hubiera garantizado que en esa segunda votación el PP seguiría siendo el más votado ni impediría que Ahora Madrid y PSOE concurrieran juntos. 

Sin apoyos en el Congreso

En Barcelona, los comicios los ganó Barcelona En Comú, con el 25,22% de los votos, seguido de CiU (22,72%), Ciudadanos (11,05%), ERC (11,01%), PSC (9,63%), PP (8,7%) y la CUP (7,42%). En este caso, de aplicarse la reforma electoral que plantean los populares también hubiera sido necesaria una segunda vuelta a la que únicamente habrían podido concurrir Barcelona En Comú y CiU, sin que se asegurara el triunfo de la primera como más votada ni se impidiera un acuerdo entre el resto de fuerzas políticas para que ganara la segunda. 

Para aprobar su iniciativa, el PP busca ahora el respaldo del resto de fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados. Por el momento ninguna se ha mostrado a favor de la propuesta, por lo que previsiblemente ni siquiera se pueda iniciar su tramitación parlamentaria.