La emergencia sanitaria medirá el alcance de la primera crisis de Felipe VI

La revelación por parte del periódico británico The Telegraph de que una fundación que guarda presuntas comisiones de Juan Carlos I tiene como segundo beneficiario al jefe del Estado español llegó el sábado, 14 de marzo, en pleno desconcierto para la sociedad española: esa misma noche entraba en vigor el estado de alarma por primera vez en su historia constitucional y el confinamiento al que obliga una crisis sanitaria sin precedentes que ya sobrepasa ampliamente el millar de muertos.

La amenaza de la pandemia parecía el escenario perfecto para que cualquier noticia, incluida una que pone por primera vez el foco de sospecha sobre el actual jefe del Estado, quedara enterrada bajo la preocupación de los ciudadanos por su supervivencia y, en especial, la de sus allegados de más edad. Pero lo que ocurrió cuatro días después, con el ruido de las cacerolas desde los balcones tratando de interrumpir el mensaje del rey sobre la pandemia, abre el interrogante de si no ocurrirá lo contrario y el contexto de una sociedad en shock hará crecer la indignación por el comportamiento de la familia real.

“La actual situación va claramente a agudizar el problema que tiene la monarquía. El nivel de abstracción de la Casa Real respecto a la sociedad española es cada vez más alto. Esa comunicación ‘modelo Disney’, con un vídeo de las infantas comiendo sopa, está desfasado respecto al contexto de crisis general y más ahora con lo que está ocurriendo”, asegura Carmen Lumbierres, politóloga y profesora de la UNED. Lumbierres está convencida de que la cacerolada sumó más manifestantes que cualquier otra protesta anterior contra la monarquía precisamente por que coincide con una pandemia sin precedentes en la historia reciente de España. “Estamos en un momento de contención de las emociones hasta que explotan. Es un momento mucho más emocional que racional. Tenemos la incertidumbre de que no sabemos cómo vamos a salir de ésta”, afirma.

El discurso del rey del miércoles interrumpió los informativos nocturnos, que se apresuraron a confeccionar piezas sobre la marcha para informar de la intervención del monarca a su término. Pero por primera vez las noticias debieron reservar tiempo para la protesta contra Felipe VI. “A las nueve de la noche, coincidiendo con el mensaje a la nación del rey, ha sonado esto en algunos barrios…”, pronunció Carlos Franganillo, presentador de la cadena pública, para introducir un vídeo de ciudadanos que golpeaban sus enseres en los balcones. El mensaje que había circulado por los teléfonos móviles convocaba a exigir que los 100 millones de dólares que Juan Carlos I había cobrado de la dictadura saudí por actuar como comisionista en la construcción del AVE a La Meca fueran destinados a la sanidad pública.

La información del rotativo inglés, y su confirmación 24 horas después por parte de la Casa Real, irrumpieron con el temor extendido de que las personas mayores pudieran empezar a no ser atendidos por falta de medios en la sanidad pública. Una de las certezas de los españoles reflejada en todas las encuestas, que sus impuestos sirven para financiar un sistema de salud sólido que va a hacer todo lo posible por ellos si enferman, se tambalea. Y en medio de la avalancha de noticias sobre la pandemia se colaba que Felipe VI era heredero de una fortuna que su padre habría conseguido de forma irregular aprovechando el cargo que el sistema constitucional le otorgó durante más de tres décadas.

Pese a la imposibilidad de cuantificarla, el timbre de la protesta marcaba un hito en el reinado de Felipe VI, seis años después de una abdicación in extremis programada para que la institución resistiese la decadencia del legado de Juan Carlos I en un momento en que se tambaleaba el bipartidismo y estaba en cuestión el llamado régimen del 78. Figura clave en la transición, la nueva realidad política y mediática lleva años levantando el velo que durante décadas protegió los excesos de la vida privada del monarca emérito, indistinguible en ocasiones del ejercicio del cargo debido a la propia naturaleza de la institución.

El único momento del reinado de Felipe VI en el que la “ejemplaridad” a la que él mismo alude quedó en cuestión había tenido lugar cuando se conocieron los mensajes de apoyo que él y la reina Letizia enviaron al investigado por corrupción Javier López Madrid, amigo de ambos, en octubre de 2014, a los cuatro meses de que el monarca subiera al trono. En aquellos mensajes, desvelados por eldiario.es, el empresario explicaba las acusaciones que pesaban sobre él en el contexto de “un país muy difícil”, a lo que Felipe VI contestaba “¡y tanto!”.

Corría marzo de 2016 y habían pasado cinco días desde que trascendiera el detalle de los gastos que los consejeros de Caja Madrid habían hecho con sus tarjetas black, una de las investigaciones judiciales que más indignación causó entre unos ciudadanos: los consejeros de Caja Madrid, entre ellos el yerno de Villar Mir, habían dilapidado indiscriminadamente dinero ajeno sin declararlo a Hacienda. El rescate de la entidad en la crisis que devoró a los españoles había costado más de 20.000 millones de euros de dinero público. La Casa del Rey se refugió en un solo comentario -“ya no son amigos”- y los grandes medios, incluidos algunos a los que se identifica como progresistas, pusieron sordina o pasaron de puntillas por el tema.

En esta ocasión ha sido distinto. La Casa del Rey reaccionó a la noticia de The Telegraph un día después con un extenso comunicado que obligó a todos los medios a hacerse eco. El acento de la mayoría se ponía en la contundencia de las medidas adoptadas por Felipe VI al enterarse de que era beneficiario de dos, no una, fundaciones opacas: renunciar ante notario a cualquier herencia de su padre y retirarle la asignación de casi 200.000 euros anuales procedente de los Presupuestos Generales del Estado. Pronto llegaron los editoriales de los grandes periódicos, tan influyentes en la sociedad española en otra época, alabando la firmeza del rey y desligando la trayectoria de Felipe VI de la de su padre.

El rey informó a Moncloa tras acudir al notario

Pero una lectura detallada del comunicado hacía aflorar graves novedades. La primera, que la nota oficial servía para confirmar las informaciones periodísticas de que el rey emérito tiene dinero de procedencia oscura en el extranjero, lejos del recaudo de la Hacienda española. La segunda, que Felipe VI lo sabía desde hace un año y que consideró que no tenía por qué hacerlo público a la sociedad, aunque sí lo comunicó a unas “autoridades” que no especificaba la nota de prensa. La tercera, que tan relevante información llegó a la Jefatura del Estado, según ésta, a través de los abogados de Corinna Larsen, examante del rey durante una relación extramatrimonial de cinco años, e investigada en Suiza por los 65 millones de euros que le transfirió Juan Carlos I en 2012.

Fuentes del Ejecutivo han informado a eldiario.es que la Casa Real trasladó hace más de un año al Gobierno Corinna Larsen “estaba presionando mucho” a Juan Carlos I y que supieron de la renuncia a la herencia de Felipe VI solo después de que éste acudiera al notario. La Fiscalía Anticorrupción, que investiga posibles delitos en la construcción del AVE a La Meca, no fue advertida por Zarzuela, confirman fuentes jurídicas.

El pasado miércoles por la noche se emitió el mensaje del rey, que por fin se dirigía a un país sobrecogido desde hacía días por la crisis sanitaria. Felipe VI optaba por no hacer una sola mención a la fortuna de su padre y a su renuncia ante notario a cualquier herencia, un simple gesto éste sin trascendencia jurídica, según los expertos en Derecho Civil. Hasta este día, los tradicionales mensajes del rey en Nochebuena eran recibidos con indiferencia por los ciudadanos contrarios a la monarquía. El miércoles fue diferente, mientras el rey hablaba, una parte de los españoles confinados en sus casas salían a los balcones ya no para agradecer al personal sanitario sus jornadas maratonianas para salvar los pacientes del coronavirus, sino a golpear sus cacerolas contra el jefe del Estado.

Fernando Rayón es periodista y ha publicado varios libros sobre la familia real. Considera que la protesta fue “algo puntual”, convocada “por personas que no quieren que Felipe VI exista políticamente, como Carles Puigdemont o Teresa Rodríguez”. “No es la primera vez que se organizan protestas contra el rey, en Catalunya se han organizado muchas, le han tirado huevos… Ahora han aprovechado el comunicado de Zarzuela y han organizado una cacerolada. Lo que quieren es cargarse al rey”, asegura el periodista.

La Fundación Lucum, que centraba la primera noticia de The Telegraph, está radicada en Panamá y es objeto de investigación por el fiscal especial de Ginebra Yves Bertossa. Una información del periódico Tribuna de Ginebra reveló hace dos semanas que esas pesquisas apuntan a que Arabia Saudí entregó los 100 millones de dólares a la fundación de Juan Carlos I por sus trabajos de comisionista en el AVE a La Meca. La Fiscalía Anticorrupción española, por su parte, investiga un posible delito de corrupción en las transacciones internacionales por el mismo asunto y ha solicitado al fiscal suizo datos sobre sus pesquisas. El tercer frente que amenaza a Juan Carlos I es la contratación por parte de Corinna Larsen de un reputado abogado experto en extradiciones, James Lewis, para denunciar en Londres al monarca emérito y al exdirector del CNI Félix Sanz Roldán por amenazas.

“El último cortafuegos”

El periodista especializado en memoria histórica Carlos Hernández prevé que la institución monárquica “se enfrenta a una época complicada”. “El problema es cuando gastas el último cortafuegos ya no hay más”, dice en referencia al anuncio de ruptura de Felipe VI con su padre. El jefe del Estado, opina, “ha sacrificado a la última persona antes de llegar a él mismo y con el comunicado ha dado veracidad a lo que se enfrentaba el universo de la población que se movía en el negacionismo a la realidad documentada”. “Todo lo que sean las consecuencias de la investigación judicial le van a caer a él. No a alguien que está apartado, depauperado…”, añade.

La politóloga Carmen Lumbierres suma una advertencia: “Más que el miedo que tendría que tener la institución de que se despegue de ella la ciudadanía en su conjunto debería pesar en ella la polarización de la sociedad española y que el voto ultra, que va ganando espacio elección tras elección, se identifique con el apoyo a la monarquía. La utilización que Vox hace de la Corona perjudica muchísimo a ésta”.

Lumbierres introduce otra novedad en la que coinciden distintos analistas, que aprecian en esta ocasión un apoyo más tibio del PSOE a la monarquía. Berta Batet, politóloga, opina: “Es un tema que al PSOE le ha costado gestionar siempre porque está dividido al respecto. Ahí tiene poco que ganar”. Lumbierres cree que en otro momento, sus diputados, por ejemplo, hubiesen salido en tromba a respaldar el mensaje real en las redes sociales, algo que, aprecia, no ha ocurrido.

¿Pervivirá el clima de indignación por la actitud de la familia real? Fernando Rayón cree que no. “Desde que heredó la jefatura del Estado, Felipe VI está viviendo una montaña rusa. Van surgiendo cosas, no solo referente a la propia familia, sino de la actualidad política, como el movimiento independentista en Catalunya. No creo que esto vaya a tener más trascendencia. Podría alcanzarla si llegamos a un juicio, a una sentencia, como ocurrió con Urdangarin. Cabe destacar que en la nota ya se anunciaba que don Juan Carlos ya ha nombrado a un abogado”. Se refiere a Javier Sánchez-Junco, un prestigioso letrado de la capital, exfiscal y que desde hace años defiende a López Madrid en el caso de presunto acoso a la doctora Pinto y en la causa por la financiación irregular del PP madrileño.

De los sobresaltos que puedan causar las investigaciones judiciales dependerá si aumenta el clima de crispación en torno a la familia real, considera Carlos Hernández. “Es verdad que se une a la primera erosión con Botsuana (el viaje del accidente de Juan Carlos I en compañía de Corinna en lo peor de la crisis económica). Llueve sobre mojado y se va erosionando cada vez más la figura del rey emérito y también de la monarquía como institución. Esta protesta ha servido para afianza un sentimiento antimonárquico para quien ya lo tenía o para empujar a quien estaba en un terrerno fronterizo. En el sector monárquico tengo mis dudas porque falta mucho por saber de las causas judiciales”, asegura el periodista.

La politóloga Berta Batet afirma que la cacerolada ha tenido que ver con una característica del comportamiento político, consistente en plantearse “hasta qué punto crees que eres la persona que va a una manifestación o que vota”. “Ahí hay gente que ha podido romper la barrera. La cacerolada era una opción a la que se podía sumar, entre otras cosas por el confinamiento en las cosas”, explica.

Tezanos, en 2019: “No es un problema para los españoles”

El Consejo de Investigaciones Sociológicas (CIS) preguntó a los españoles por su consideración de la monarquía por última vez en abril de 2015, cuando todavía no se había cumplido un año del reinado de Felipe VI. La institución sacó una nota de 4,34, por debajo de la Guardia Civil (6,02), la Policía (5,95) y las Fuerzas Armadas (5,51) pero bastante por encima de los partidos políticos (2,23), los sindicatos (2,61), el Parlamento (2,83) o el Poder Judicial (3,54). En una comparecencia de enero de 2019 en el Congreso, el actual director del CIS, Félix Tezanos, alegó que no se sigue preguntado a los españoles porque éstos “no consideran un problema” a la monarquía.

En el extranjero, la crisis del coronavirus ha dejado en un plano muy alejado la crisis de la monarquía española. Hasta el periódico que desveló la relación de la fortuna de Juan Carlos I con Felipe VI tuvo que relegar la noticia del comunicado de Casa Real. “Nosotros aprovechamos para sacar pecho, pero en el resto de medio tuvo menos impacto porque si tienes una página para informar de Europa se lo dedicas al coronavirus”, afirma James Badcock, el corresponsal de The Telegraph en España. Badcock cree que va a ser labor de los medios de comunicación despertar el interés de los españoles.

“Mi impresión es que se daba por hecho que era un tema de Juan Carlos y punto y a lo mejor no está tan claro. Lo que me ha quedado claro hablando con expertos en Derecho Constitucional es que falta arquitectura constitucional alrededor de la Casa del Rey. No se sabía qué hacer cuando quiso abdicar Juan Carlos. En España, la institución está demasiado personificada en el rey. Es el rey y punto. A Felipe le conviene que no sea solo así y el Congreso tiene la misión de construir una arquitectura más acorde con la democracia actual”, asegura Badcock.

¿Y si las investigaciones judiciales acorralan a Juan Carlos I? “El rey tendrá que tomar decisiones. Siempre hay margen”, afirma el periodista Fernando Rayón. Cuando se le pregunta cuál es ese margen después de que se haya retirado a Juan Carlos I de la agenda oficial y suprimida su asignación con cargo a los presupuestos, Rayón contesta: “Siempre que recibo las notas de Zarzuela pone ”Su Majestad el Rey don Juan Carlos“. Sigue teniendo tratamiento de rey. Quizá podría quitárselo”.