La pobreza en España aumenta un 8 por ciento y las diferencias regionales se duplican

La pobreza en España ha aumentado un 8 % desde el año 2008, con crecimientos más destacados en Canarias, Comunidad Valenciana, Andalucía y Aragón, y las desigualdades entre comunidades autónomas han crecido hasta casi duplicarse.

Estos datos quedan recogidos en el informe Desarrollo humano y pobreza en España, elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y la Fundación Bancaja y presentado hoy por los catedráticos Carmen Herrero (Universidad de Alicante) y Antonio Villar (Universidad Pablo de Olavide).

Solo tres comunidades mejoran en 2011 respecto a 2008: Navarra, País Vasco y La Rioja, y los autores del estudio, que recoge datos hasta 2011, han señalado que respecto a 2008 hay un incremento sustancial de la pobreza, pero en relación a 2006 el empeoramiento es menor.

La tasa de paro de larga duración (más de un año desempleado), que mide la exclusión social, se ha multiplicado por 7 entre 2006 y 2013, y es más relevante en Canarias y Comunidad Valenciana, y menor en Navarra, País Vasco y Madrid.

La pobreza económica (que mide el efecto renta y el efecto desempleo) ha crecido un 17 % en el conjunto nacional entre 2006 y 2011, y un 60 % desde 2008.

Según los autores, desde 2006 los niveles de pobreza han empeorado, aunque el incremento sustancial se produce desde el año 2008.

Han explicado que las prestaciones sociales están cubriendo una parte del gasto de las familias, y también hay que tener en cuenta que la estructura social española “hace que la crisis se soporte mejor que en otros países” al recibir apoyo por parte de familia y amigos.

La economía sumergida tiene también una parte de responsabilidad en esta cuestión, dado que existe estabilidad social mientras se está registrando una tasa de paro del 27 %, han opinado.

Si se considera hasta el presente año, el índice de pobreza habría aumentado un dos por ciento adicional al 8 %, según la estimación del catedrático Antonio Villar.

El informe también analiza la evolución del desarrollo humano (que incluye salud, educación y bienestar material), que ha descendido un 4,4 % desde el inicio de la crisis, más en Andalucía (6,4 %) y menos en Cataluña (2,7 %).

Este índice ha salido perjudicado en cuanto a bienestar material pero, por el momento, educación y salud no se han visto afectados ya que requieren de una recesión más larga.

En el caso de la salud, se verá afectada si el sistema público sufre un deterioro importante y la pobreza se extiende, mientras que en educación, la mejora de esta es debida al aumento de la tasa de paro (ante la falta de empleo, se continúan los estudios).

En el conjunto de España la desigualdad en desarrollo humano ha aumentado en el periodo de crisis, así como en todas las comunidades, excepto Castilla y León, Galicia, Madrid, Cataluña y País Vasco.

Durante la presentación, preguntados si los fondos de cohesión han servido para atenuar las diferencias regionales, Carmen Herrero ha asegurado que durante años se ha producido un proceso de convergencia que ha variado desde 2006, y sobre todo desde 2008, y las diferencias se han acentuado.

En este aspecto la estructura productiva de las comunidades ha pesado en estas diferencias, como también el nivel educativo, y Herrero ha señalado que la formación profesional “no ha sido lo suficientemente atractiva para rellenar huecos” en el mercado laboral.

Sobre si las diferencias entre comunidades se pueden consolidar, han opinado que dependerá de los cambios que se hagan en las estructuras productivas y de cómo se hagan.

Herrero ha criticado que en casi todos los casos, los recortes que se están llevando a cabo son indiscriminados pero no se afrontan “como un cambio estructural” y esto está retrasando la salida de la crisis.

A juicio de Villar, “no sólo cuánto, sino cómo -se recorta- es lo importante”, y ha agregado que ya no queda mucho espacio para hacer ajustes.

Se ha mostrado partidario de un reequilibrio del sistema de financiación, y de que los ciudadanos tengan una mayor percepción del gasto público, que proviene de todos.