Madrid, 18 jun (EFE).- La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha denunciado los obstáculos para encontrar refugio durante la pandemia en 2020, año en el que España concedió una de cada 20 solicitudes de asilo y siguió acumulando peticiones pendientes de resolver con más de 100.000 personas esperando una respuesta.
Coincidiendo con la celebración el próximo domingo del Día Mundial del Refugiado, CEAR ha presentado este viernes su informe anual “Las personas refugiadas en España y en Europa”, que, según su directora, Estrella Galán, evidencia que la covid-19 ha sido otro lastre para empeorar la situación ya precaria de estas personas.
El número de personas solicitantes de protección internacional en 2020 se redujo un 25 %, al pasar de 118.264 a 88.762, aunque se produjo una “notable” agilización de los expedientes y España fue el tercer país europeo que más peticiones resolvió: 116.614, el doble que en 2019 y casi diez veces más que en 2018.
En 2020 ha sido “alarmante” el incremento de solicitudes de protección internacional de menores, que han supuesto el 4 % de las peticiones.
Pese a la agilización de expedientes, España se sitúa a la cola de Europa en cuanto a la concesión de asilo, ya que solo el 5 % de las solicitudes fueron favorables frente al 33 % de media comunitaria. Madrid, con 33.871, Cataluña (9.614), Andalucía (9.254), Valencia (9.060) y Canarias (3.983) fueron las comunidades con más solicitantes.
“Sería interesante saber por qué estamos muy por debajo de la media europea. No tiene sentido que haya tantas denegaciones”, ha cuestionado el presidente de CEAR, Carlos Berzosa, al tiempo que Galán ha afirmado que “existe margen de mejora”.
Lo que sí aumentaron fueron los permisos de residencia por razones humanitarias, que se autorizaron a cerca de 41.000 personas, en su práctica totalidad procedentes de Venezuela, una medida que permite residir y trabajar temporalmente en España, pero que no implica ningún tipo de ayudas.
Para Galán, la falta de otras alternativas para poder migrar ha provocado que el sistema de asilo “haya sido una vía para entrar de manera más legal a España”.
Pese a la pandemia y el cierre de fronteras, el año pasado arribaron a las costas españolas de manera irregular más de 40.000 inmigrantes -23.000 a través de la Ruta Canaria-, aunque de nuevo la principal vía de entrada de solicitantes de asilo fue la aérea: Venezuela (28.365), Colombia (27.576) y Honduras (5.536) fueron los principales países de origen.
La directora de políticas y campañas de CEAR, Paloma Favieres, ha reprochado el “escaso” reconocimiento a las víctimas de persecución por parte de agentes no estatales (pandillas, bandas criminales o familiares) cuando las personas carecen de protección efectiva por parte de las autoridades de su país de origen.
“Es preciso que España elimine trabas, como la exigencia del visado de tránsito, para que puedan venir de forma segura personas procedentes de países en conflicto como Siria, Yemen o Palestina”, ha reclamado Galán.
Las restricciones de movilidad por la pandemia agudizaron las dificultades de acceso al procedimiento de protección internacional: apenas el 3 % de las solicitudes se formalizaron en un puesto fronterizo (1.704 solicitantes), en los centros de internamiento de extranjeros (776) y a través de extensiones familiares en embajadas (128).
“Es más urgente que nunca que España active vías legales y seguras como el reasentamiento, los visados humanitarios, las peticiones de asilo en embajadas y representaciones consulares y que facilite la reagrupación familiar”, ha exigido Galán.
Desde CEAR también han denunciado que pese al descenso en las llegadas a través de Ceuta y Melilla en 2020, hubo “al menos 212 devoluciones en caliente”, y han incidido en que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo y el Constitucional español han fijado las garantías legales que deben exigirse, que, a su juicio, no se han respetado en Ceuta con la entrada masiva de inmigrantes.
“Lo que hemos visto en Ceuta es la máxima muestra del fracaso” del nuevo pacto europeo migratorio con el que la Unión Europea “ha dado una vuelta de tuerca al endurecimiento de las fronteras”, ha empujado a los países del Mediterráneo a ser “los guardianes de las migraciones en Europa” y ha convertido a los territorios insulares y periféricos “en grandes espacios de retención”, ha reprochado Galán.
Al no definir un mecanismo de reparto obligatorio, el supuesto sistema de solidaridad entre países se convierte “en un menú a la carta”, ha censurado la directora de CEAR, que ha instado a España a “no hacerles el juego” y ejecutar “decisiones valientes”.
CEAR ha abogado por políticas migratorias planificadas, coordinadas, con una estructura estable, un sistema de traslados “ágil, transparente y sistematizado”, además de modificar los protocolos de atención a menores. EFE
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(infografía)