Espionaje, sospechas de corrupción y cainismo: la tradición del PP en Madrid infecta el partido

El complicado ejercicio de reivindicar el legado político de sus antecesores y poner al tiempo distancia con los casos de corrupción que les afectan se antoja ahora más estéril que nunca para Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso. La explosión del enfrentamiento entre ambos ha exhibido los elementos propios de la tradición política del PP madrileño: sospechas de corrupción, que en el pasado acabaron en la Audiencia Nacional; espionaje y juego sucio entre las facciones del partido; y un enconamiento propio de aquella máxima según la cual el adversario está fuera pero el verdadero enemigo habita en otra planta de la sede central.

Desde que Alberto Ruiz Gallardón aceptara el sacrificio que le propuso Aznar para cambiar la Comunidad de Madrid por el Ayuntamiento y salvar la capital para la derecha, ningún presidente autonómico ha salido pacíficamente de la Puerta del Sol, dejando al margen los breves periodos de Ángel Garrido y Pedro Rollán, puente entre los mandatos de Cifuentes y Díaz Ayuso. 

El ‘aguirrismo’ incubó dos grandes casos de corrupción, Púnica y Lezo, que reparten aún condiciones jurídicas entre los máximos responsables políticos de su época, empezando por Esperanza Aguirre, que sigue imputada. El también expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González está procesado, muy cerca del banquillo. El que fuera secretario general del PP madrileño y consejero de Justicia e Interior y de Presidencia, Francisco Granados, condenado y, dependiendo de las piezas todavía abiertas, procesado o imputado. Todos ellos dimitieron de sus cargos por la presunta corrupción del PP madrileño.

Los dos grandes protagonistas del actual enfrentamiento en el PP eran jóvenes con proyección en aquel partido. Ninguna acusación se ha dirigido nunca contra ellos, en lugares secundarios cuando se produjeron los hechos, siempre con un puesto de trabajo en el partido o en las instituciones gobernadas por este. Pero la magnitud de esas macrocausas ha hecho emerger en ellas el nombre de Isabel Díaz Ayuso, recordándole para quién trabajaba y a la sombra de qué dirigentes hizo carrera política. 

En el inabarcable sumario de Púnica, Isabel Díaz Ayuso aparece intercambiando mensajes con uno de los principales imputados de la causa, el experto informático y conseguidor Alejandro de Pedro. A él recurrió la actual presidenta madrileña para tapar en Internet noticias negativas de Ignacio González, emblema de la corrupción del PP madrileño, según desveló elDiario.es.

Absuelto en las urnas

Una información más reciente de este medio explica cómo Díaz Ayuso intentó adquirir dominios de Internet de las candidaturas ciudadanas próximas a Podemos para obstaculizar el crecimiento de este partido en la Comunidad de Madrid. La prueba aparece en el teléfono de Beltrán Gutiérrez, el gerente del PP local y gestor de su caja B. Gutiérrez traslada en 2014 y 2015 a Díaz Ayuso las indicaciones de Ignacio González. El mismo Ignacio González acusado de saquear la empresa pública del Canal de Isabel II y que ha sido convenientemente borrado de la memoria del PP. De aquellas prácticas Díaz Ayuso y Casado aprendieron que en Madrid estos asuntos no tienen graves consecuencias electorales: en la Comunidad las urnas siempre absuelven al PP, que se mantiene en el poder desde hace 23 años.

Ignacio González denuncia que su caída en desgracia política y judicial es fruto de la actuación del comisario Villarejo, de quien dice actuó a las órdenes de sus “adversarios políticos”. González fue apartado de su aspiración a ser candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en 2015 después de que dos medios de comunicación publicaran fragmentos sesgados de un encuentro entre González y el comisario a cuenta de su ático en Estepona. El expresidente madrileño considera también que el arranque de la operación Lezo es una maniobra de Villarejo con datos manipulados, por encargo de sus enemigos. 

Hablar de la trayectoria más turbia de Ignacio González es remontarse a un viaje en 2008 a Colombia, que sirvió para dar nombre a la operación Lezo (por el marino español en la batalla de Cartagena de Indias), y a un vídeo de González portando unas sospechosas bolsas que nunca se demostró que contuvieran dinero. Aquel vídeo fue grabado por un detective contratado por Julio Gutiez, dueño del Grupo Mira. Se trata de la misma agencia a la que han recurrido trece años después los enviados de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) que querían conocer todos los extremos del contrato y la comisión del hermano de Díaz Ayuso. 

Espionaje con dinero público

Pero si hay un ejemplo que plasme hasta dónde pueden llegar las familias del PP madrileño en una refriega, ese es el denominado ‘caso espías’. Tras diez años de investigación no hubo condenados, pero quedó demostrado que antiguos policías y guardias que trabajaban para la Comunidad de Madrid, en la consejería de Francisco Granados, hicieron seguimientos y vigilancias al vicealcalde Manuel Cobo, el vicepresidente Alfredo Prada y la diputada regional Carmen Flores. Todos los espiados pertenecían al círculo de Alberto Ruiz Gallardón, con quien Aguirre mantenía un abierto enfrentamiento. Cobo bautizó a aquel grupo de miembros de las Fuerzas de Seguridad y a sus jefes polílicos como “gestapillo”.

Otro de los perseguidos, Alfredo Prada, era el titular de la Consejería de Justicia. Por entonces, Prada contaba con un joven asesor, expresidente de Nuevas Generaciones de Madrid, que aún no había acabado la universidad y ya era también diputado autonómico. Su nombre es Pablo Casado. Pronto, en 2009, Casado dejó la política madrileña para saltar a la nacional y actuar como jefe de gabinete del diputado Manuel Pizarro. Luego repetiría en ese desempeño con José María Aznar. 

La única expresidenta de las mencionadas que a día de hoy no tiene cuentas con la justicia es Cristina Cifuentes, a quien el juez Manuel García Castellón archivó la causa en el caso de la financiación irregular del PP madrileño el pasado mes de abril. Cifuentes se sentó en el banquillo por el caso máster, pero resultó absuelta. En 2018 se vio obligada a dimitir por intentar justificar con un documento falsificado que realizó los citados estudios en la Universidad Rey Juan Carlos.

Los últimos días de su mandato se vieron empañados por un hecho donde vuelve a confluir la cloaca del mundo de la seguridad que gravita en torno al PP. Fue publicado un vídeo en el que la expresidenta aparece robando unas cremas en un supermercado próximo a la Asamblea de Madrid, cuando ejercía como vicepresidenta. Nunca se supo el origen del vídeo ni tampoco por qué una grabación de una cámara de seguridad había estado casi una década en un cajón esperando su momento.