Diez meses y una semana después de su encarcelamiento por presuntos abusos sexuales a menores extranjeros no acompañados, el exconsejero de Sanidad del Gobierno de Ceuta Javier Guerrero (del PP) ha salido esta semana de la cárcel y ha vuelto a la ciudad autónoma tras poner 100.000 euros en metálico de fianza y con la prohibición de acercarse a menos de 200 metros de cualquier niño migrante solo o a algún Centro de Protección en toda España.
Quienes le han visto dicen que está “más delgado” que el 13 de enero, cuando el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Ceuta ordenó su ingreso en prisión tras casi nueve meses de investigación de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil después de que el Ministerio Público denunciase bajo secreto de sumario a instancias del Servicio de Protección a la Infancia de la Ciudad por comportamientos impropios con los menores a los que atendía desde la crisis migratoria de mayo de 2021.
La carrera política de Guerrero parecía haberse truncado cinco meses antes, cuando dimitió tras conocerse que se había saltado los protocolos de inmunización contra la Covid-19 para colarse. En su despedida llegó a decir que a él, en realidad, no le gustaban las vacunas, aunque después matizó que lo que le espantaban eran los pinchazos.
Resentido con el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, dejó el PP y montó un partido personalista, Ceuta Avanza, con el que se postuló como mínimo a condicionar la estabilidad de la institución en la siguiente legislatura tras los comicios de mayo. Las encuestas llegaron a darle capacidad para ello, pero la Justicia se cruzó en su camino tras ofrecerse a sus excompañeros y al PSOE como potencial aliado.
En eso estaba cuando el 4 de septiembre de 2022 elDiario.es publicó que la primavera anterior se le había prohibido seguir accediendo a los Centros de Menores de Ceuta. Entonces amenazó con todo tipo de querellas que nunca se materializaron en nada. A las tres semanas citó a algunos medios afines ante la sede de la Jefatura Superior de la Policía Nacional para anunciar que se estaban presentando denuncias (por tres personas directamente relacionadas con él) contra los responsables de las instalaciones de acogida de los niños migrantes solos por “coaccionarlos” para que le acusaran de “lo que no se puede decir”.
Todas las imputaciones
La jueza instructora de aquella causa ha archivado ya dos veces las diligencias que iban a demostrar un complot en su contra, pero Guerrero, que entró en prisión por un supuesto delito, ha quedado en libertad investigado en cuatro causas: la principal por supuestos abusos sexuales de menores, dos más por injurias y calumnias impulsadas por el funcionario y el responsable de la Fundación SAMU a los que imputó extorsionar a menores y otra más por coacciones (y quizá conspiración de lesiones, a ojos de la Benemérita) tras ser escuchado elucubrar con un colega sobre cómo dar una lección física a quienes le estaban incomodando.
Guerrero, que pidió la jubilación nada más entrar entre rejas, tiene un extraordinario tirón popular más allá de las siglas. Toda la Asamblea aprobó cuando era consejero de Sanidad, para estupefacción de compañeros, que compaginase su cargo con el ejercicio de la medicina privada. Tras ser encarcelado, un grupo de apoyo en Facebook reunió a cientos de afines que predicaban que era víctima de una conspiración judicial, policial y política para evitar que concurriese a los comicios municipales de mayo.
Encerrado en el Centro Penitenciario Puerto II de Cádiz, donde trabajó en la Enfermería, impartió cursos de primeros auxilios y leyó “mucho”, hace seis meses cambió de defensa y recurrió a una letrada malagueña experta en conformidades tras cuya elección se rebajó el tono de su perfil público. Si en marzo le rechazaron su puesta en libertad por riesgo de fuga, reiteración delictiva y destrucción de pruebas, ahora el mismo magistrado ha apreciado que, manteniendo su situación procesal de prisión provisional, podía quedar libre sin pasaporte y obligado a firmar cada quince días en un Juzgado.
A petición de la Fiscalía le ha impuesto, además, una orden de alejamiento de las personas que tenga conocimiento que son menores extranjeros no acompañados que estén acogidos en Centros de Protección, así como en la calle o en desamparo bajo la tutela de la Ciudad y hayan alcanzado la mayoría de edad.
Pruebas irrefutables, según la Guardia Civil
No podrá intentar comunicarse “por cualquier medio” ni aproximarse a menos de 200 metros de ellos, de su domicilio, de su lugar de trabajo y de cualquier otro donde se encuentren. Igualmente se le ha vetado acercarse a la misma distancia de cualquier Centro de Protección del territorio nacional como muy pronto hasta que la causa en la que figura como investigado tenga sentencia firme.
La instrucción del caso se da, a expensas del análisis de su teléfono móvil, por terminada prácticamente desde su detención, el 11 de enero a primera hora de la mañana en su domicilio. Según las fuentes consultadas, aunque ningún menor le haya inculpado en sus declaraciones las pruebas de supuestos abusos sexuales recabadas durante meses por la Guardia Civil son simplemente irrefutables.
Tanto la Fiscalía como la Ciudad Autónoma, personada como acusación particular, han recurrido su puesta en libertad al entender que las decenas de años de cárcel de pena a las que se enfrenta podrían animarle a eludir la acción de la Justicia, así como por riesgo de reiteración delictiva con otros niños y por el temor de que intente influir en víctimas para condicionar sus testificales.