Sin experiencia ni datos de solvencia: las dudas del Tribunal de Cuentas sobre la empresa del escándalo de las mascarillas

El Tribunal de Cuentas cuestionó a finales de 2022 la nula experiencia y la inexistencia de datos sobre la solvencia de la empresa de las presuntas mordidas de la trama liderada por Koldo García, el ex asesor de José Luis Ábalos, cuando fue contratada por Puertos del Estado y Adif.

En octubre de 2022, el órgano fiscalizador aprobó un informe sobre contrataciones de emergencia de empresas públicas durante 2020 que analizó, entre otras, las dos adjudicaciones a esa firma, Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa SL, de esas dos entidades adscritas al Ministerio de Transportes para la compra de millones de mascarillas en lo peor de la pandemia.

El tribunal no encontró irregularidades merecedoras de denuncia alguna. Las adjudicaciones se ejecutaron con “conformidad” y las mascarillas se compraron a precios, incluso, inferiores a los de otras licitaciones de aquellas fechas: de 2,37 euros por unidad en el caso de Adif y de 2,5 euros en Puertos del Estado, frente a los 3,66 euros por mascarilla que entonces se pagaban en Correos y los 3,78 euros de Tragsa.

Pero la entidad sí llamó la atención en su informe sobre la total falta de experiencia de la empresa de la trama, que fue elegida “sin comprobación alguna” por parte de Puertos del Estado, la primera entidad pública en contratarla.

Este ente adscrito a Transportes, en cuyo consejo rector estaba Koldo García por decisión de Ábalos, adjudicó el primero de esos contratos y el de mayor importe: 20 millones de euros. Ese encargo abrió la puerta a Soluciones de Gestión para llevarse en total contratos por importe de 53 millones de euros tras no haber facturado ni un solo euro en 2019. 

Tras esta empresa, según Anticorrupción, se escondía el grupo Comercial Cueto, un viejo conocido de los juzgados desde hace una década, ya que es una empresa clave en el escándalo Defex de comisiones millonarias en ventas de armamento de esa sociedad semipública.

El informe del Tribunal de Cuentas subrayó que no hay constancia de que en ese contrato de Puertos del Estado “se solicitaran ofertas [algo que, recuerda, permite la tramitación de emergencia] ni de los motivos que llevaron a seleccionar al contratista adjudicatario”; que esa empresa no había firmado hasta entonces “contrato alguno con el sector público”; y que no existía “antecedente alguno” de su “capacidad y solvencia”.

Puertos del Estado, dice el informe, “debería haber justificado en el expediente las circunstancias que determinaron la imposibilidad de realizar comprobación alguna al respecto”.

El Tribunal de Cuentas subrayó que el objeto social de la empresa “no amparaba tales suministros”: “Contemplaba la prestación de servicios generales de constitución, financiación, mantenimiento y funcionamiento de empresas e instituciones, así como la investigación, desarrollo, aplicación comercial e industrial, venta y distribución de sistemas”.

Los contratos de Puertos del Estado y de Adif, señala el informe, se adjudicaron al amparo de sendas órdenes ministeriales emitidas la víspera de esas contrataciones por el propio José Luis Ábalos. El ministro y todavía diputado del PSOE había colocado a su asesor como miembro del consejo rector de Puertos del Estado en 2019. Según el ente público, Koldo García no aprobaba adjudicaciones. 

El entonces presidente de Puertos, Francisco Toledo (histórico del PSPV, como Ábalos), que fue la persona que aceptó la factura con la oferta del adjudicatario, ha asegurado que jamás habló con García y que el asesor del ministro “apareció sólo un rato” por la entidad pública. 

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que Koldo García agilizó trámites con el Ministerio de Transportes en estas contrataciones facilitando los procesos de adjudicación de material sanitario a la empresa para embolsarse comisiones millonarias.

Los investigadores creen que el ex portero de discoteca y mano derecha de Ábalos “tendría capacidad de influencia sobre personal vinculado al MITMA”, el ministerio que encabezó el ex secretario de Organización del PSOE, “y, en particular, sobre los entes que adjudicaron los contratos investigados”.

El informe del Tribunal de Cuentas fue aprobado por el Pleno de este organismo el 27 de octubre de 2022, cuando el PP ya había denunciado estos contratos en la Fiscalía. El órgano incluyó estas dos adjudicaciones entre las analizadas en un informe de fiscalización de los contratos de emergencia realizados en 2020 por el sector público empresarial estatal para hacer frente a la crisis sanitaria del COVID. 

En el caso de Adif, el contrato se adjudicó seis días después que el de Puertos del Estado. Consistió en el suministro de 5 millones de mascarillas FFP2 sin válvula “en cumplimiento de una Orden del 26 de marzo de 2020 del Ministerio de Transportes”.

“Se justificó la elección del proveedor por ser el mismo al que se encargó la adquisición de mascarillas en Puertos del Estado, en ejecución de una Orden de 20 de marzo de 2020 del mismo Ministerio”, dice el informe, que recoge que la empresa adjudicataria exigió cobrar por adelantado la mitad del dinero del contrato, más de 6 millones. 

La mitad por adelantado

De los once contratos de Adif que analizó el Tribunal de Cuentas en ese informe, el adjudicado a la trama del entonces asesor del ministro fue el único en el que “existió un abono a cuenta de las actuaciones preparatorias”. “Se exigió el pago anticipado del 50% del valor de la oferta contra la emisión de un aval bancario por el adjudicatario, sin que tal garantía figure en el expediente”.

Adif explicó en las alegaciones que transfirió ese dinero a una cuenta de la empresa, pero “el aval se sustituyó por una instrucción irrevocable” al banco del adjudicatario “para proceder al bloqueo del importe transferido” hasta comprobar que se había cumplido el contrato. Con ello, afirmó Adif, se “evitó el riesgo para el erario público”. 

Para justificar la contratación de esta empresa, Adif expuso ante el Tribunal de Cuentas que ya existía un encargo previo con Puertos del Estado y que los productos “fueron entregados de conformidad”. 

“La adjudicación de este nuevo encargo, por parte de Adif, a la misma empresa que realizó el suministro a Puertos de Estado, denota que se adoptaron por parte de esta Entidad las cautelas necesarias para realizar la adjudicación en favor de quien, y es de insistir, había acreditado por la vía de los hechos que en ese contexto tenía capacidad y solvencia para su realización”, expuso el gestor de la red ferroviaria.

Puertos del Estado expuso por su parte ante el Tribunal de Cuentas que en esos momentos, con el material sanitario escaseando en todo el mundo, “no existía mercado y los canales habituales de suministro no estaban disponibles”, y había “una enorme dificultad en la operación logística internacional a realizar, los canales habituales de proveedores, para toda la Administración, estaban colapsados y tampoco se puso a disposición de Puertos del Estado ninguna base de proveedores disponibles con la inmediatez que requería la situación”.

Argumentos similares a los de Adif, que explicó que en el momento de esta adquisición el mercado nacional estaba saturado, ya que toda producción y distribución estaba ya comprometida con el sector sanitario y hubo que acudir al mercado de importación fuera de la UE. Encargar las mascarillas “a un agente encargado de su adquisición en origen, transporte y entrega en España” era la única opción que permitía conseguirlas “en el menor tiempo posible”. 

Adif remitió sus alegaciones al Tribunal de Cuentas en septiembre de 2022, cuando esta empresa pública todavía estaba presidida por Isabel Pardo de Vera. El responsable del anteproyecto del informe del órgano fiscalizador fue José Manuel Otero Lastres, vocal del Departamento del sector público fundacional y empresarial y de otros Entes Estatales del Tribunal de Cuentas, catedrático e histórico miembro de la Junta Directiva del Real Madrid.