La Fiscalía vuelve a pedir cárcel para los cuatro CDR cuyos autos de prisión han sido anulados por la Audiencia Nacional
La Fiscalía ha vuelto a solicitar prisión incondicional para los cuatro miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) cuyos autos de prisión fueron declarados nulos este martes al considerar la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que no se les proporcionó información esencial de las actuaciones en la vistilla tras la cual se acordó su ingreso en la cárcel el pasado septiembre, informan fuentes jurídicas.
El instructor de la causa, Manuel García Castellón, decidirá en las próximas horas si procede su libertad definitiva o, por el contrario, siguiendo el procedimiento legalmente previsto, considera que debe mantener la prisión provisional.
Sus defensas han solicitado la libertad provisional con medidas cautelares y han cuestionado la competencia de la Audiencia Nacional para investigarles porque, en su opinión, los hechos que se les imputan se podrían enmarcar en el delito de desórdenes públicos.
La Fiscalía negó que el secreto de sumario hubiera afectado a su derecho de defensa y se pronunció la semana pasada a favor de que siguieran encarcelados. El Ministerio Público les atribuye los delitos de pertenencia a organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos.
Por otro lado, la Sala de lo Penal ha confirmado este miércoles la situación de prisión provisional de Ferran Jolis y Jordi Ros, los dos que prestaron declaración ante la Guardia Civil, primero, y después ante el instructor García Castellón.
A diferencia de los recursos estimados parcialmente este martes respecto de otros cuatro detenidos por no habérseles facilitado información esencial durante la vistilla de prisión, la Sala explica que en estos dos casos, ni los investigados ni sus letrados en sede policial, ni judicial, efectuaron objeción alguna en cuanto a la privación de información referida a los elementos esenciales de la detención. En los primeros días de detención ambos fueron asistidos por abogados de oficio.
Elaboración de explosivos aunque sin objetivos claros
El juez García Castellón levantó hace casi dos semanas el secreto de la pieza número dos de la causa, la parte de la investigación que afecta a los denominados Equipos de Respuesta Táctica (ERT). Los registros, pinchazos, seguimientos y confesiones de los detenidos que aparecen en esa documentación constatan la elaboración de explosivos, aunque no está claro cuáles iban a ser sus objetivos.
Las alusiones al president de la Generalitat, Quim Torra; a su antecesor, Carles Puigdemont; y a una hermana del expresident también forman parte del sumario del caso. Sin embargo, no hay constancia de que los políticos sepan de ellos o de su actividad. Con quién sí se reunió uno de los de investigados, Ferran Jolis, según él mismo explicó a otro de ellos, es con la hermana de Carles Puigdemont.
Según contó al juez, conoció a Montserrat Puigdemont en verano, en una cena de solidaridad con los presos en Santa Perpètua de Mogoda. Los autos de prisión sitúan ese encuentro en el 15 de septiembre de 2018. El objetivo del encuentro, según Jolis, era “blindar las comunicaciones” entre los hermanos “y también con Gandalf”, que es el nombre clave que los investigados utilizaban para referirse a Torra.
