La Fiscalía tiene como “hipótesis de trabajo” que la Audiencia Nacional investigue la violencia del 22M
La Fiscalía tiene como “hipótesis de trabajo” que la Audiencia Nacional se haga cargo de una investigación de los altercados producidos el 22M tras la masiva manifestación de las 'Marchas de la Dignidad'. Aunque no ha querido “avanzar nada” hasta que la Policía transmita la información, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha expresado que “cualquier manifestación de violencia que coarta el derecho de manifestación debe ser investigada por el Ministerio Fiscal”.
Torres-Dulce ha explicado que ha solicitado a la Policía la información relativa a los hechos que acabaron con al menos 100 personas heridas, de las cuales 67 eran antidisturbios, y ha precisado que aún no la ha recibido por lo que se ha mostrado “respetuoso con la presunción de inocencia” hasta que tenga “constatación suficiente” de lo sucedido.
En cuanto a la presencia de observadores internacionales de la OSCE para evaluar las prácticas policiales, como parte de un informe en el que estudiarán el respeto al derecho de manifestación en varios países, Torres-Dulce ha expresado su “respeto” a la actuación de los organismos internacionales y ha defendido que puedan “establecer los criterios que consideren”.
En un desayuno informativo organizado por Europa Press, el fiscal general del Estado se ha mostrado favorable a que el Tribunal Constitucional estudie si la modificación de la ley del Poder Judicial que ha limitado la aplicación de la justicia universal se ajusta al marco de la Carta Magna. En este sentido, ha expresado que el Ministerio Público se mostrará “sensible” si los jueces deciden plantear la inconstitucionalidad del cambio legislativo, que el PP aprobó en solitario y por la vía de urgencia.
Además, ha señalado que se analizarán caso por caso las doce causas abiertas en la Audiencia Nacional: “Nos movemos en cada caso con un examen ponderado”, ha afirmado. El juez Santiago Pedraz, que ha asistido al acto aunque se ha marchado antes de que comenzara el turno de preguntas en el que Torres-Dulce se ha pronunciado sobre la justicia universal, se ha opuesto a archivar la investigación del asesinato de José Couso, el cámara de Telecinco que murió en Bagdad a causa de los disparos de militares estadounidenses. El juez Velasco tampoco archivará la investigación del genocidio de varios jesuitas en El Salvador.
“A nosotros nos habría agradado que el Gobierno nos hubiera consultado” sobre la modificación de la norma, ha expresado Torres-Dulce, que ha recordado el escrito firmado por varios fiscales en contra de la limitación y obligación al archivo de las causas.
No investiga la Asamblea Nacional catalana
El fiscal general del estado ha negado que el Ministerio Público este investigando “en este momento” a la Asamblea Nacional Catalana. En este sentido, ha precisado que el pseudosindicato Manos Limpias ha presentado una denuncia en la que solicita la ilegalización del organismo. “Es posible que esté en el registro, pero no nos ha llegado”, ha señalado. “Sería una grave decisión”, ha afirmado el jefe del Ministerio Fiscal tras expresar que defenderá un proceso de ilegalización en el caso de que la Asamblea Nacional Catalana vulnere la Constitución o la Ley de Partidos.
Torres-Dulce se ha mostrado prudente ante la posibilidad de que la Justicia deba intervenir en el caso de seguir adelante el proceso soberanista y celebrarse una consulta popular en Cataluña y ha eludido pronunciarse aduciendo que no puede dar hipótesis sobre cosas que aún no han ocurrido. No obstante, ha sentenciado: “La justicia interviene siempre que se quiebre la legalidad y la Constitución”.
“Parcelar” el caso de los ERE
El fiscal general ha defendido que Anticorrupción haya solicitado que la jueza Mercedes Alaya eleve al Supremo la parte del caso de los ERE de Andalucía que puede afectar a aforados, entre ellos los expresidentes regionales, José Antonio Griñán y Manuel Chaves.
“Ha llegado la hora de que se parcele para mayor eficiencia”, ha asegurado Torres-Dulce, que sostiene que esa decisión sería “positiva para la clarificación y el proceso”.
El fiscal general ha insistido ante el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, en que la Administración de Justicia necesita urgentemente una reforma y, en concreto, ha enfatizado en la necesidad de que la Fiscalía reciba dotación para modernizarse teconlógicamente. Por su parte, Gallardón ha sostenido que el Gobierno mantenido la “autonomía” del Ministerio Público: “Nunca he violentado esa necesaria imparcialidad con la que en el marco del estado de derecho tiene que actuar el fiscal general”, ha expresado durante su discurso de presentación de Torres-Dulce.
