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La Fiscalía pedirá que Urdangarin y Torres entren ya en la cárcel

elDiario.es

Agencias —

El fiscal anticorrupción Pedro Horrach pedirá el ingreso en prisión de manera inmediata para Diego Torres e Iñaki Urdangarin, en la vista de medidas cautelares que ha solicitado este viernes tras conocer la sentencia del caso Nóos, informaron a Europa Press en fuentes fiscales.

Horrach ya ha pedido que se celebre una vista para que el tribunal decida sobre su petición. Urdangarin y Torres son dos de los tres acusados condenados a pena de cárcel, junto con el expresidente balear Jaume Matas. El resto de los condenados pueden conmutar sus penas por multas.

El marido de la infanta ha sido condenado a seis años y tres meses de cárcel, mientras que su exsocio en el Instituto Nóos ha sido condenado a ocho años y seis meses. Tienen cinco días para recurrir al Tribunal Supremo, pero le Fiscalía y las acusaciones pueden pedir medidas para evitar su fuga, como así han hecho.

El abogado de Urdangarin ya había mostrado su rechazo a que la Fiscalía pidiese su ingreso inmediato en prisión. “No habría por qué pedir prisión preventiva, los delitos tienen penas menores a 3 años”, ha afirmado.

La sentencia del caso Nóos, conocida este viernes, considera probado que la administración balear contrató con la organización de Urdangarin y Torres “prescindiendo de la tramitación legal que era aplicable y por decisión ”unilateral“ de Matas, y en base a ”la influencia ejercida“ por Urdangarin.

La sentencia insiste en varios puntos en el uso que hizo Urdangarin de su posición como miembro de la Familia Real. El marido de la infanta desplegó “la influencia que su posición institucional le procuraba, para mover la voluntad de las Autoridades y funcionaros públicos de la Comunidad Autónoma Balear con el fin de que se plegaran a su contratación”.

Es más, algunos delitos no se hubiesen cometido sin su papel central en este caso. Su influencia era tal que “que permite afirmar que sin ella el hecho ilícito no se hubiera producido”, afirma la sentencia sobre el delito de prevaricación en los contratos con la administración balear.