Francisco Granados se ha sentado de nuevo ante el juez del caso Púnica tras apuntar en su primera declaración a la existencia de una contabilidad paralela en el PP de Madrid y señalar a Ignacio González, Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre. En su comparecencia de este martes ha mencionado también a la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, quien, ha insistido, era la consejera de Transportes cuando se adjudicaron las obras de Metro de Madrid investigadas en la causa.
Granados ya había señalado a Cospedal en un escrito enviado a la Audiencia Nacional a principios de febrero. En él, recordaba al juez del caso, Manuel García Castellón, que Cospedal asumió la Consejería de Transportes tras su destitución, a finales de 2004. En ese escrito se preguntaba por qué la actual ministra de Defensa no había sido llamada aún a declarar.
Durante su declaración de este martes ha insistido en esta vía de defensa, aunque fuentes presentes en el interrogatorio aclaran que no ha llegado a formular una acusación formal contra la ministra. Tan solo ha expuesto que es ella quien debería responder por las acusaciones de Marjaliza, al que se ha referido en varias ocasiones como “este señor”, aunque sin llegar a incriminarla.
María Dolores de Cospedal tomó posesión del cargo el 21 de diciembre de 2004 y la adjudicación de las obras de metro aludida es del 3 de enero, trece días después de la llegada de la actual secretaria general a la Consejería de Transportes, en plenas fechas navideñas.
El empresario de Púnica detalló en su última comparecencia en la Audiencia Nacional que Granados amañó las obras de ampliación de Metro Ligero entre 2005 y 2007. Además, aportó documentos sobre el reparto de 3,6 millones de euros entre el exconsejero, el propio Marjaliza y el empresario Javier López Madrid, que ayudó a amañar la licitación.
Granados ha negado que Marjaliza pudiese intervenir en la adjudicación de estos proyectos, porque eran temas “muy complejos” que estaban en manos de los técnicos. También ha rechazado saber nada sobre las obras de inauguración de los tramos de Metro a empresas de Púnica, y tan solo ha dicho que Aguirre , durante un Consejo de Gobierno, expresó su preferencia de que La Pantoja actuase en una de ellas. Él tan solo dio algunas indicaciones para intentar la contratación de la cantante.
Aunque no ha dado tiempo a profundizar en la caja B, a Granados sí le han preguntado por los apuntes de su agenda, que según la Fiscalía reflejan entradas y salidas de dinero en efectivo para el PP de Madrid, asociados a las siglas de los donantes.
Una vez más, Granados ha negado esta conclusión. Insiste en que se trata de asistentes a actos y niega, por ejemplo, que las siglas LD no corresponden a Luis Delso, sino que significan “Lista de Diputados, o que JEC no hace referencia a la empresa Acciona, sino a ”Jornadas de Educación Concertada“.
Niega regalos de empresarios
Buena parte del interrogatorio se ha centrado en los inicios de la trama en Valdemoro, municipio del que Granados fue alcalde, y que se considera el epicentro de Púnica. Según fuentes presentes en la declaración, Granados ha llegado a mostrarse bronco con las fiscales en algunos momentos del interrogatorio, intentando defenderse de las preguntas sobre su implicación en la trama.
Según ha explicado el expolítico, nunca benefició desde el consistorio a empresarios amigos y no utilizó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para especular y favorecer a Marjaliza o al empresario Ramiro Cid. La FIscalía sospecha que este último le iba a regalar una mansión en Valdemoro en agradecimiento por sus servicios, otro extremo que Granados niega.
Según su versión, tenía previsto adquirir ese inmueble hasta que un periódico publicó que iba a hacerlo, momento en el que decidió comentar el asunto con Aguirre. Esta le preguntó si tenía mucha necesidad en comprar esa casa, y cuando Granados contestó que no, le dijo que entonces “mejor que lo dejara”.
Las fiscales Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez le han ido preguntando uno a uno por los presuntos regalos que recibió Granados por parte de los empresarios de Púnica. Este los ha negado todos, como la televisión de 42 pulgadas que le habría regalado Marjaliza. Si se la enviaron a su casa, como sostiene la Fiscalía, este la rechazó, porque ha insistido en que nunca tuvo un televisor de 42.
También ha negado que el empresario José Luis Cabañas le entregase dos escopetas a modo de regalo. Según su relato, Granados le dio a este constructor dos escopetas de caza que habían pertenecido a su padre, y este le entregó dos nuevas a modo de “intercambio”. En cuanto al Mini Cooper que conducía y que se incendió, puesto a nombre de un constructor, asegura que solo se lo habían dejado durante ese fin de semana.
La Fiscalía también se ha interesado, como en otras ocasiones, por los ingresos de Granados. Y como en otras ocasiones, Granados ha achacado su dinero en Suiza a su actividad bancaria previa a su entrada en política. Jamás le entregó dinero en efectivo a Michael Langdon, su gestor, y el dinero del país helvético lo repatrió con ayuda de Marjaliza. Su versión sobre este asunto no ha cambiado desde que declaró por primera vez.
En ningún caso, ha repetido, las entradas de dinero en sus cuentas en Suiza se corresponden con el cobro de comisiones por amaño de contratos en Valdemoro, como sostiene la Fiscalía.
No ha hablado de la caja B
Granados compareció el pasado 12 de febrero en una sesión en la que solo contestó a las preguntas de su abogado. Durante esa declaración señaló a sus rivales en el PP de Madrid, aunque excluyéndose él de cualquier irregularidad. Así, dijo que durante las elecciones de 2011 González manejó fondos en B para pagar una campaña de refuerzo para Aguirre. En esta ocasión no ha dado tiempo a ahondar en esa presunta caja B, que queda pendiente para su próxima comparecencia, el día 15 de marzo.
En esa comparecencia, Granados también aseguró que Cifuentes formaba parte de un núcleo de poder dentro del PP de Madrid gracias a supuesta relación sentimental que mantenía con González. Añadió que la propia Cifuentes se jactaba de que su relación con el vicepresidente de la Comunidad de Madrid le garantizaba una importante cuota de poder.
González también se beneficiaba de esa relación personal que le garantizaba el control territorial y parlamentario del partido. La relación tuvo su punto álgido durante el año 2007, cuando González se ocupó de organizar las elecciones autonómicas investigadas en Púnica, pero luego se rompió, según Granados.