Galicia y Euskadi, sistemas electorales antagónicos que favorecen a tres provincias
Euskadi y Galicia deciden este 25 de septiembre sus gobiernos con sistemas electorales muy diferentes que determinan el reparto de escaños en las distintas circunscripciones. La consecuencia, no obstante, es que las provincias de Álava, Ourense y Lugo, las menos pobladas, están sobrerrepresentadas desde hace décadas en los dos parlamentos autonómicos.
La legislación vasca, aprobada en 1980 y reformada en 1990, establece un reparto lineal de diputados entre las tres provincias –cada una elige 25 representantes– que no tiene en cuenta la población. El censo de Bizkaia (con 947.360 votantes potenciales en estos comicios) casi cuadriplica al de Álava (que registra 254.761). En medio, Gipuzkoa donde están llamados a votar 581.020 personas. En la práctica supone que el voto de un alavés vale prácticamente como el de cuatro ciudadanos de Bizkaia.
En el sistema electoral vasco la barrera de entrada al Parlamento autonómico se sitúa en el 3% de los votos (en cada circunscripción) gracias a una reforma de la ley del año 2000. Cualquier partido que no alcance ese porcentaje no tiene derecho a escaño.
En Galicia, ese listón subió al 5% en 1992, después de una reforma impulsada en 1992 por el entonces presidente de la Xunta, Manuel Fraga, quien en su vuelta a casa tras su fracaso en la política estatal, se empeñó en acabar con lo que el definía como “atomización ideológica”. Era su manera de llamar a la existencia de pequeños partidos.
Las diferencias con el sistema electoral de Euskadi vienen de antes, de 1985 cuando se aprobó la legislación gallega. El reparto de escaños (75, igual que en Euskadi) prima a Lugo y sobre todo Ourense, las provincias más rurales y menos pobladas. El sistema electoral adjudica 10 diputados fijos a cada circunscripción independientemente de su censo. Los otros 35 sí se reparten atendiendo al número de habitantes.
En los comicios del 25 de septiembre, A Coruña elige 25 diputados, Pontevedra, 22, y Ourense y Lugo, 14 cada una. Las provincias de la costa atlántica, A Coruña y Pontevedra, eligen esta vez el 63% de los diputados –A Coruña gana uno que pierde Ourense–, aunque su peso demográfico es mucho mayor. Lograr un escaño en las provincias de A Coruña y Pontevedra cuesta casi el doble de los votos que en Ourense y Lugo, las circunscripciones menos pobladas y con una renta más baja.
El presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, ideó al inicio de la legislatura un plan para reformar el Parlamento y rebajar su composición de 75 a 61 diputados. El Partido Popular hizo bandera de esa propuesta que sus dirigentes vendieron en aras de la austeridad y el ahorro. La oposición denunció que esa estrategia escondía la intención de reforzar todavía más el peso electoral de las provincias de Ourense y Lugo, principales graneros del Partido Popular.
Pablo Simón, experto en sistemas electorales de Politikon, asegura que el de la población es uno de los dos sesgos que introducen las diferentes legislaciones, junto al que prima a los grandes partidos. “Desde el punto de vista de la justicia, se puede cuestionar esa violación del principio de igualdad de los votantes. Pero si no existiese esa sobrerrepresentación, se correría el riesgo de que los gobiernos solo atendiesen a aquellos territorios más poblados que concentren un mayor número de electores”, argumenta Simón.
