García Castellón ordena el fin de la investigación de la caja B del PP de Madrid y acerca la decisión sobre Aguirre

El juez del caso Púnica, Manuel García-Castellón, ha decretado el fin de la instrucción de la pieza que investiga la presunta financiación irregular del PP de Madrid para el próximo 29 de enero, al denegar las prórrogas que le solicitaban varias partes. “Este instructor considera que las diligencias practicadas son suficientes y que no debe prolongarse, de modo indebido, el ya sobradamente añejo plazo de investigación de esta pieza”, afirma el magistrado en un auto fechado este martes y al que ha tenido acceso elDiario.es.

Entre las peticiones de prórroga se encontraban desde los imputados Juan José Güemes, exconsejero de Sanidad, a acusaciones populares como el Partido Socialista o la Comunidad de Madrid. En esta ocasión, a diferencia de ocasiones anteriores en las que criticó las prisas del juez por cerrar esta pieza, Anticorrupción no solicitó la prórroga.

En esta pieza está imputada la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre. Una vez finalice la instrucción, las distintas partes presentarán sus escritos de acusación o de solicitud de archivo de las actuaciones y el juez decidirá si dicta auto de pase a procedimiento abreviado o archiva la causa. En el caso de que opte por la primera opción en su auto se conocerá si sigue adelante con las actuaciones respecto a todos los investigados o deja fuera a parte de ellos. El fin de la instrucción puede ser ahora recurrido por las partes.

La representación de los socialistas se quejaba de que no se ha dotado al exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega Alonso de un ordenador y una impresora para que pueda colaborar desde la cárcel -donde cumple condena por Gürtel- en el esclarecimiento de los hechos. También alegaba el PSOE que falta un informe de la UCO de la Guardia Civil. García Castellón afirma que Ortega Alonso siempre podrá declarar en el juicio “sin que sea preciso dilatar la investigación a la espera de un hipotético análisis de una documentación que, según se dice en el escrito, no se le habría facilitado en el centro penitenciario”.

“La presente instrucción no puede ser ampliada en base a unas alusiones tan vagas, genéricas e indiscriminadas como las contenidas en dicha petición, en la que, por cierto, se deslizan unas inasumibles manifestaciones en orden a que no se ha facilitado acopio de documentación por parte de este juzgado”, asegura el juez. La citada acusación popular viene denunciando este hecho desde hace tiempo. En cuanto al informe de la UCO, afirma el juez, que no es necesario porque “ya constan los elementos esenciales para formular un juicio indiciario a propósito de los múltiples hechos investigados”.