El Gobierno advierte al PP sobre los recursos contra el ahorro energético: “Va a ser muy difícil que prosperen”

El Gobierno, en boca de la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha asegurado este miércoles que “va a ser muy difícil” que el plan de ahorro energético sea declarado inconstitucional y ha dicho que, aunque la Comunidad de Madrid tiene las herramientas para recurrirlo, va a tener que hacer “contorsiones jurídicas” para echarlo por tierra. Mientras tanto el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha asegurado esta misma mañana que, por el momento, se ha dado tres meses para redactar y presentar el recurso ante el Tribunal Constitucional con el fin de tumbar el texto del Ejecutivo central contra el que se ha planteado una nueva batalla para tratar de desgastar al equipo de Pedro Sánchez.

En medio de una tormenta política entre el Ejecutivo central y el PP, las iniciativas de ahorro energético aprobadas por el Gobierno han entrado en vigor a las 00.00 horas de este miércoles, entre ellas el apagado de escaparates y el ajuste de termostatos en espacios públicos —con excepciones como en centros sanitarios y de formación, así como con flexibilidad dependiendo del tipo de negocio—, mientras que otras medidas, como el cierre de las puertas para evitar que se gaste energía de forma ineficiente, se desplegarán en septiembre.

Durante una entrevista en Telecinco, Llop ha apelado al “sentido común” en un contexto de “guerra energética” y “emergencia climática”, y ha vuelto a pedir al líder del PP, Alberto Núñez-Feijóo, que “ponga orden” en el partido, después de verse arrastrado por Ayuso a rechazar las medidas de ahorro y a pedir la retirada del decreto. “Estoy echando de menos a Casado, que sí se enfrentó a Ayuso”, ha señalado la ministra en alusión a las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en contra del plan de eficiencia energética. “Parece que Feijóo tiene miedo a Ayuso, ha añadido.

El PP de la Comunidad de Madrid ya ha anunciado su intención de recurrir el real decreto ley de ahorro energético al Tribunal Constitucional y ha difundido una suerte de decálogo de inconstitucionalidad, con diez puntos en los que el Ejecutivo madrileño considera que el texto invade competencias. Entre esos puntos que considera “inconstitucionales” está el apagado de edificios públicos, que “chocaría con la competencia de cuidado y utilización” de la Comunidad; el adelanto de la próxima inspección de eficiencia energética; o la “defectuosa configuración del régimen sancionador”. Además, Ayuso considera que el apagado de escaparates a las 22 horas “colisiona directamente con la ley de libertad de horarios comerciales”. “¿Se puede cumplir esa norma con los escaparates apagados?”, se preguntan. El real decreto no establece el cierre de comercios a las 22.00, sino de los escaparates cuando no haya nadie trabajando.

La necesidad de ser “solidarios” con la UE

El Gobierno de Ayuso se ha opuesto desde el primer momento al plan de ahorro energético. La presidenta afirmó nada más conocerse las medidas que Madrid no las aplicaría. Sus consejeros han tenido que corregirla, asegurando que las leyes se cumples les gusten o no, pero por el camino ha arrastrado a Feijóo ha tenido que oponerse a un paquete de medidas que él mismo había reclamado hacía apenas dos semanas.

En palabras del 'número dos' de Ayuso en el Gobierno regional, Enrique Ossorio, el servicio jurídico de la comunidad ha elaborado un informe de 35 folios “que hay que convertir ahora en un recurso de inconstitucionalidad”. El plazo de tres meses que se han dado desde Sol, ha explicado, “tiene la ventaja de que si no fuera convalidado en el Congreso, moriría”. Si se tramita como ley, ha continuado el vicepresidente, “puede haber modificaciones”. La Junta de Andalucía también ha explicado que apurará el plazo de tres meses para recurrir.

Llop, por su parte, también ha defendido la necesidad de adoptar iniciativas de ahorro energético en un momento en que Vladimir Putin utiliza la energía “como arma de guerra”, y ha lanzado una advertencia: “Si no estamos con esas medidas estamos haciéndole el juego a Putin”. La ministra ha recordado que las sanciones por no cumplir la norma ya estaban vigentes desde 2009 y que en cualquier caso habrá un margen de adaptación al reglamento, que es un “primer paso” dentro del “plan de contingencia” en el que trabaja el Gobierno y que “exige la Unión Europea”.

El escenario que se abre es “incierto”, ha dicho la ministra, y ha pedido ser “previsores” y “solidarios” con los países de la Unión Europea.