El Gobierno afronta la primera decisión sobre la desescalada por zonas tras semanas de tensión con comunidades de todos los colores

No ha habido prácticamente ni un día de paz durante la emergencia sanitaria que ha vivido España por la COVID-19. Muy lejos queda el cierre de filas que protagonizaron las comunidades autónomas en torno al Gobierno un día después de que asumiera el mando único a través del decreto de estado de alarma cuando la sanidad española estaba al borde del colapso. A partir de ahí, la crítica a Pedro Sánchez ha sido prácticamente generalizada desde los gobiernos regionales, incluidos los que están en manos del PSOE. La próxima patata caliente la tienen el ministerio y las consejerías de Sanidad a propósito del proceso de desescalada en el que las comunidades hacen sus propuestas, pero el Gobierno se reserva la última palabra.

Los gobiernos regionales han hecho llegar al departamento que dirige Salvador Illa los proyectos para que determinadas provincias -o en algunos casos determinadas zonas- pasen a la fase 1, que supone un mayor desconfinamiento y sobre todo la reactivación de la hostelería. El Ministerio de Sanidad, con un comité de expertos cuya identidad no ha querido revelar, analiza esas propuestas procurando que la decisión final “sea consensuada” con los gobiernos autonómicos. La previsión con la que trabaja el Ejecutivo es que la resolución se produzca este viernes y las órdenes ministeriales se publiquen en el BOE el sábado. Fuentes gubernamentales explican que “en la mayor parte de los casos tendrá que ver con la propuesta” -el líder del PNV, Andoni Ortuzar, ha dicho, por ejemplo, que existe un “acuerdo bastante amplio” entre los dos ejecutivos para la desescalada en Euskadi-, pero advierten de que “en algunos que pueda haber discrepancias” será Sanidad quien tome una decisión. Alberto Núñez Feijóo, por ejemplo, se ha quejado de que sea tan tarde (la entrada en vigor de la siguiente fase sería a partir del lunes 11 de mayo).

Illa ya se ha anticipado a la posible confrontación. “La valoración es muy cualitativa. Es un mecanismo de corresponsabilidad. El que propone debe ser responsable de lo que propone”, expresó en su comparecencia el jueves en el Congreso en un mensaje velado a la Comunidad de Madrid, que pidió pasar a la fase 1 pocas horas después de que la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, mostrara serias dudas de cumplir los requisitos para hacerlo. En el Gobierno no daban crédito a esa posición del Gobierno regional, que ha supuesto incluso una crisis interna con la dimisión de la responsable de Salud Pública por su negativa a respaldar esa decisión. La propia presidenta ha admitido que la decisión de la responsable de Salud Pública, Yolanda Fuentes, se debe al riesgo de “colapsar” las UCIs.

Madrid, foco de la polémica en la desescalada

Con ese panorama, el Ejecutivo se inclina por no aceptar la propuesta y mantener a la región, la más azotada por la COVID-19, en fase 0. El temor de los socialistas es que Ayuso, que ha sido una de las más beligerantes contra la gestión de Sánchez, use esa negativa como arma arrojadiza. “Pues parece que el gobierno denegará a Madrid pasar a fase 1. Lo que sea con tal de empobrecernos”, ha llegado a decir en Twitter la diputada conservadora Almudena Negro.

La falta de unos umbrales claros a partir de los que se podrá ir pasando de una fase a otra ha sido hasta el último momento una de las críticas que han hecho los gobiernos regionales. “Desgraciadamente, a día de hoy esas tasas no son públicas y nos parece una irresponsabilidad dejar que esa toma de decisiones no esté marcada por criterios objetivos sobre tasas de infección, de contagios sin contacto epidemiológico conocido o cualquier otro criterio objetivo”, reprochó el vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, dirigente de Ciudadanos.

La falta de información ha sido una constante en las críticas al Gobierno. A los presidentes autonómicos, incluidos los socialistas, les sentó muy mal conocer el plan de desescalada a través de la rueda de prensa de Sánchez -aunque en paralelo Illa y la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, convocaron a los responsables autonómicos de Sanidad para explicárselo y hacérselo llegar. En Moncloa sostienen que en las reuniones técnicas -que cuentan por decenas teniendo en cuenta a los distintos departamentos ministeriales- el tono mejora respecto a las críticas en público. “Es muy complicado, pero no están liderando nada”, lamentaba un alto cargo de una administración socialista que se queja de falta de previsión.

Otra acusación generalizada desde los ejecutivos regionales es la improvisación que ven en algunas decisiones, como la de hacer obligatorio el uso de mascarillas en el transporte público tras haber reiterado que no era necesario. El anuncio se produjo tres semanas después de que Alberto Núñez Feijoó y otros de sus homólogos pidieran al Gobierno “protocolos” al respecto. Más elevado había sido el tono al principio de la crisis por la falta de material sanitario. La Comunidad de Madrid y Catalunya llegaron a acusar al Gobierno de retener partidas. Habían pasado apenas cinco días desde que Sánchez había asumido el mando único, por lo que el desabastecimiento era responsabilidad de las comunidades, que tienen las competencias sanitarias transferidas. Poco después la reclamación de más medios era una constante desde instituciones de todo color político.

También dejó estupefactos a gobiernos autonómicos y aliados parlamentarios que Sánchez decidiera prácticamente de un día para otro paralizar toda la actividad económica no esencial. Tres días antes se lo habían reclamado varios grupos en el Congreso. La decisión la comunicó a los españoles en una comparecencia ante los medios el día antes de trasladársela a los presidentes autonómicos. El caos se apoderó de Moncloa ese domingo: el cierre de todas las empresas no se publicó en el BOE hasta casi las once de la noche del día anterior. Esa medida -especialmente por las formas- fue la primera gran brecha con las autonomías, a la que siguió la de retomar esas actividades una vez pasaron los festivos de Semana Santa.

Un común denominador en las recriminaciones es que Sánchez haga los anuncios en sus comparecencias los sábados, la víspera de reunir por videoconferencia a los jefes de los ejecutivos regionales. Iñigo Urkullu reprendió al presidente el pasado domingo por haber anunciado un fondo no reembolsable de 16.000 millones para las comunidades sin que “previamente las autonomías tuvieran el más mínimo conocimiento”. “Sabes, sabéis todos, lo que pienso de esta forma de actuar”, dijo el lehendakari, que mostró a continuación su “plena disposición a colaborar”. Ni siquiera una decisión que buscaba aplacar los ánimos de los presidentes autonómicos logró el efecto perseguido.

“Sánchez ha conseguido cabrear a todo el mundo”, admite un dirigente del PSOE, que cree, no obstante, que los presidentes han aprovechado la adopción del mando único para ponerse de perfil en la asunción de responsabilidades. “Las competencias en Sanidad o de las residencias de mayores son de las comunidades desde hace décadas”, reprocha este dirigente, que considera que los gobiernos autonómicos reclaman ahora gestionar la desescalada porque es en lo único en lo que pueden ir dando buenas noticias a los ciudadanos al ir acabando el desconfinamiento.

Euskadi y Catalunya son las que con más ahínco han pedido gestionar el proceso hasta el punto de que el PNV puso en duda su apoyo al estado de alarma -que finalmente secundó tras lograr vía libre para las elecciones vascas en julio y mayor protagonismo en la desescalada- y de que ERC votó 'no' -aparte de por sus reproches por la falta de diálogo por parte del Gobierno-. Ese ha sido el momento más delicado para el Gobierno, que tuvo que activar la negociación con Ciudadanos ante la amenaza de que el estado de alarma naufragara si Pablo Casado decidía votar en contra.

Pero la fórmula de llevar a cabo la desescalada también fue una fuente de conflicto en los contactos de Sánchez con los líderes regionales. La mayoría de comunidades se rebelaron contra la decisión del Ejecutivo de que la unidad de medida para ir pasando de una fase a otra fuera la provincia. Reclamaron que fueran las áreas sanitarias (así lo hicieron Galicia, Castilla-La Mancha, Catalunya, Comunidad Valenciana o Extremadura, entre otras) o que los municipios de menos de 5.000 habitantes fueran la avanzadilla, como planteó el aragonés, Javier Lambán. El Gobierno sostiene que es la mejor forma de controlar a la población -“si yo le preguntara a cada uno de los españoles si saben cuál es la frontera del área sanitaria, ¿podrían decir, no puedo pasar de esta calle porque superaría el área sanitaria?”, se preguntó Sánchez en una rueda de prensa-. No obstante, Sanidad sostiene que analizará cada una de las propuestas y se ha mostrado dispuesto a aceptar la desescalada por zonas distintas a la provincia.