El Gobierno argentino evitó hoy defender a Amado Boudou, el primer vicepresidente en activo de la historia del país en ser procesado por presunta corrupción, mientras la oposición exige la renuncia del funcionario que se encuentra de viaje oficial en Panamá para la investidura de Juan Carlos Varela.
Las expectativas estaban puestas en la reaparición hoy de la presidenta, Cristina Fernández, en un acto oficial en Buenos Aires, tras haber pasado el fin de semana en la localidad patagónica de El Calafate donde el viernes fue informada de la situación judicial del número dos de su Ejecutivo.
Sin embargo, Fernández se ciñó al programa establecido, la inauguración de un nuevo carril en la Avenida General Paz en el límite entre la ciudad y el conurbano bonaerense, y no hizo alusión alguna a Boudou, a quien se le imputan los presuntos delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con su función.
Horas antes, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, negó que se hubieran llevado a cabo reuniones en el seno del Ejecutivo para estudiar la situación del vicepresidente, que se enfrenta a cargos penados con hasta seis años de prisión.
“Primero, en mi carácter de jefe de Gabinete, no soy abogado penalista para opinar sobre la situación procesal o la decisión de un juez. Segundo, todo lo que había que decir, ya se ha dicho”, sentenció Capitanich en su rueda de prensa diaria.
El vicepresidente inició la pasada semana una gira oficial que le llevó a Cuba y hoy se encuentra en Panamá, donde asistirá, como representante de Argentina, a la investidura del presidente Juan Carlos Varela.
En La Habana, Boudou recibió la noticia de su procesamiento en la causa que investiga la presunta compra irregular de la imprenta de papel moneda Ciccone Calcográfica.
El magistrado federal Ariel Lijo sostiene en la resolución judicial que, valiéndose de testaferros, el vicepresidente utilizó su cargo como ministro de Economía (2009-2011) para hacerse con parte de la empresa y beneficiarse de contratos con el Estado.
Desde distintos sectores de la oposición se reclama a Cristina Fernández que aparte a Boudou del cargo y se le inicie un juicio político.
“Aspiro a una reacción del conjunto de la representación política tanto de la presidenta como del bloque oficialista en el Congreso”, afirmó hoy la diputada Margarita Stolbizer, de la coalición de centro-izquierda Frente Amplio Unen, en declaraciones a los medios.
Stolbizer subrayó especialmente el hecho de que el vicepresidente esté representando a Argentina en el exterior en su actual situación.
“Me preocupa que un funcionario de ese nivel, que está procesado por corrupción, nos esté representado en el extranjero, es muy malo para Argentina. Estas son las cuestiones que después se terminan pagando”, dijo.
En la misma línea se manifestó el radical Ernesto Sanz para quien “Boudou no puede presidir el Senado por la violencia moral que representa para la institución y los demás senadores”.
“Además, tampoco puede ser vicepresidente y representar a los argentinos en el exterior. Es un problema de Argentina y de la imagen de Argentina, salvo que a la presidenta no le importe esto sino protegerlo”, sostuvo.
El vicepresidente está acusado de presuntamente haber aceptado el 70 % de las acciones de la imprenta de dinero Ciccone en 2010, cuando era ministro de Economía, a cambio de ayudar a la firma a levantar una petición de quiebra solicitada por el Fisco por deudas impositivas.
Según el juez Lijo, Boudou habría actuado junto a José María Núñez Carmona, empresario y amigo del alto funcionario, y a Alejandro Vandenbroele, de la firma The Old Fund, empresa que se quedó con la imprenta.
Lijo también procesó a los dueños de Ciccone por supuestamente ofrecer la cesión de acciones a cambio de ser salvados de la quiebra y de pactar contratos con el Estado para imprimir billetes y documentos.
Además procesó a un exjefe de asesores del Fisco que presuntamente facilitó un plan de pagos para levantar la quiebra.