Los honorarios del preparador, que cobra unos 250 euros mensuales, los manuales y temarios y los gastos ordinarios de una persona que se dedica únicamente a estudiar durante alrededor de cinco años, que es el tiempo medio que tarda un opositor en acceder a la carrera. Este es el coste de ser juez o fiscal en España, un precio que no todos pueden pagar. Con el objetivo de que todos los estudiantes con vocación puedan preparar estas oposiciones sin que la renta familiar condicione su decisión, el Gobierno puso en marcha en 2022 un programa de becas que se impulsa ahora con unas cifras récord: ocho millones de euros de presupuesto y un millar de potenciales beneficiarios.
El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha sido el encargado de presentar este miércoles el nuevo programa, que aumenta un 50% el presupuesto respecto al ejercicio anterior: de 5,2 millones de euros a los citados ocho millones. La primera convocatoria, de 2022, tuvo una dotación de 1,6 millones. Además, también se aumenta la cuantía de las becas, que crece un 21% hasta los 8.000 euros anuales.
El nuevo programa se ha denominado ‘Becas Seré’, en alusión al objetivo de que permitan a los jóvenes juristas “ser” jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia o abogados del Estado al margen de su capacidad económica o la de sus familias. Y, según fuentes de Justicia, nace con la vocación de que se institucionalice como “una política pública permanente”.
“¿Cuánto talento se ha quedado por el camino porque su familia no tenía recursos y no le podían ayudar? ¿Cuánta gente ha mirado al futuro y ha pensado que no podía estar cinco años preparando una oposición? A esas personas nos dirigimos, para que pongan su esfuerzo y talento porque de la capacidad económica nos encargamos nosotros”, ha sostenido el titular de Justicia, que también estudió gracias a las becas públicas.
Previamente había tomando la palabra el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, que fue vocal de tribunal de oposiciones durante seis años y recordó que a veces se encontraban con personas que, tras suspender, les decían que se podían permitir otro año más de estudio. “Es gente que sabía que con un poco más de esfuerzo podrían llegar y nosotros no podíamos hacer nada. Eso son estas becas. Yo les diría que, si quieren, gracias a este Gobierno, pueden, que le vamos a ayudar”, ha sostenido Olmedo, que ha insistido en que el derecho de acceder a estos puestos públicos es “de todos, no sólo de una parte de la sociedad”.
“Sin beca no estaría aquí”
En el acto, celebrado en en un espacio de Fundación ONCE en Madrid, también ha intervenido la fiscal Yurena Rodríguez Torres, que es una de los 40 beneficiarios de estas becas que han logrado superar la oposición en estos dos años. “Soy el vivo ejemplo de que sin la beca no estaría aquí”, ha afirmado Rodríguez Torres. Esta fiscal ha explicado estuvo preparando la oposición durante seis años con el respaldo de su familia y su pareja pero sin ninguna ayuda externa y que, cuando ya se disponía a abandonar, accedió a una de estas becas, lo que le proporcionó algo de “tranquilidad” económica y emocional y le permitió seguir estudiando un año más y sacar la oposición.
“Las becas son muy necesarias y permiten democratizar el acceso a la judicatura. Hay que empezar a romper ese mito de que no solo la gente de familia bien o familia de ricos puede acceder. Tanto yo como muchos compañeros somos el ejemplo de que no es así. Pero sí que hay que tener presente que necesitas unas ayudas que te permitan poder estudiar la oposición y las becas dan esa tranquilidad”, ha aseverado esta fiscal.
Estas becas tienen una duración de 12 meses y se abonan íntegramente al inicio del periodo, con el objetivo de facilitar superar las barreras socioeconómicas que puedan dificultar iniciar un proceso de estas características, sostienen fuentes de Justicia. Además, existe la posibilidad de renovar la beca hasta en tres ocasiones, por lo que se puede disfrutar de ella hasta un máximo de cuatro años. En cuanto a los criterios de adjudicación de las becas, se aplica con carácter prioritario el de menor renta familiar y la superación de ejercicios de oposición en la convocatoria anterior.
Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el 93,97% de los jueces de la promoción 74 —la última en acceder a la carrera— necesitó ayuda económica familiar para poder preparar la oposición. Y sólo el 7,76% disfrutó de una beca. Según este mismo informe, el 60% de los nuevos jueces tienen progenitores —el padre, la madre o ambos— que tienen estudios superiores.