El Gobierno cierra el año con la mitad de las leyes previstas y agiliza las medidas de recuperación

El 31 de agosto de 2021 el Gobierno volvía de las vacaciones de verano con ganas. Un Ejecutivo renovado en julio se ponía unos deberes muy ambiciosos: aprobar antes de que acabar el año 144 normas. Así lo explicó entonces el ministro Félix Bolaños, que es al que corresponde la elaboración del Plan Anual Normativo (PAN) como titular de la cartera de Presidencia. De esos compromisos normativos, a pesar de haber duplicado sus reuniones en el mes de diciembre, el Consejo de Ministros ha aprobado menos de la mitad, de acuerdo al análisis realizado por elDiario.es. No obstante, el Ejecutivo ha aprobado un buen número de iniciativas que no estaban previstas en ese calendario normativo.

En total, y a falta de la celebración de la reunión del gabinete de este martes 28 de diciembre -en la que se aprobará, entre otras cuestiones, la reforma laboral-, han visto la luz 46 de esas 144 iniciativas inicialmente previstas. Bolaños explicó que 50 de ellas eran reformas que se habían comprometido con Bruselas en el marco del Plan de Recuperación y Resiliencia que supondrá una inyección de hasta 140.000 millones de euros entre transferencias y créditos de la UE. Y son esas medidas las que ha priorizado el Ejecutivo, especialmente en las últimas semanas: se han aprobado 37 compromisos del proyecto remitido a Bruselas, de los que 20 no estaban incluidos en el PAN.

Fuentes gubernamentales explican que “el PAN 21 era un plan muy ambicioso que, si bien fue aprobado en agosto de 2021, se configuró y dotó de contenido como si se tratase de un plan con un período de ejecución anual, siendo conscientes de que probablemente muchas normas tenían que desplazarse hasta 2022”, que es lo que aseguran que están haciendo con el documento que se presentará “en su debido momento”. No obstante, en la rueda de prensa en la que Bolaños lo explicó, aseguró que “el Plan Anual Normativo del año 2021 es muy ambicioso y es muy ambicioso en los cuatro meses que quedan de ejercicio”. “Nuestra idea es de aquí a fin de año, aprobar 144 normas, de todos los rangos diferentes, hay leyes orgánicas, leyes ordinarias y reales decretos”, afirmó.

El porcentaje de cumplimiento es mayor en el caso de las de leyes que de los reales decretos, que son figuras normativas que no tienen que ser ratificadas por las Cortes. En total, Moncloa ha remitido al Congreso una quincena de las 34 leyes que había previsto entre septiembre y el 31 de diciembre. Entre esos proyectos están los Presupuestos Generales del Estado, que serán aprobados definitivamente este martes después de que PP y ERC apoyaran una enmienda de Compromís para promocionar las lenguas cooficiales. Esa treta de los conservadores impidió que las cuentas públicas quedaran aprobadas definitivamente en el Senado el pasado martes, como esperaba el Gobierno.

Además de los Presupuestos, uno de los principales compromisos con Bruselas era el cambio en la legislación laboral española. La negociación de la reforma laboral fue uno de los principales conflictos que ha atravesado la coalición en sus casi dos años de vida después de que la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, comunicara a la responsable de Trabajo, Yolanda Díaz, que tomaba las riendas en unas conversaciones con patronal y sindicatos que hasta entonces había pilotado ese Ministerio. Tras una importante pugna, el bipartito estableció un sistema de coordinación que ha operado en los dos últimos meses y que ha terminado con un acuerdo que ha sumado a patronal y sindicatos. El Gobierno da por hecho que tendrá el aval del Congreso, aunque algunos de sus aliados parlamentarios, como EH Bildu, ya han dicho que les parece insuficiente. A pesar de contar con el 'sí' de los empresarios, el PP, que impulsó la reforma laboral de 2012 sin contar con los trabajadores, ha anunciado su rechazo.

Otra de las normas que se le atragantó temporalmente al Gobierno fue la Ley Audiovisual. Teniéndola preparada para ser aprobada en el Consejo de Ministros, tuvo que paralizarla por las advertencias de ERC en contra del texto. Tras una negociación que se trufó con la presupuestaria, alcanzaron un acuerdo. Sin embargo, el Ejecutivo reconoció que no se podía cumplir con el compromiso de que plataformas como Netflix o HBO produjeran el 6% de su catálogo en catalán, euskera y gallego al tener sus sedes fuera de España, lo que obligó a una nueva negociación para reinterpretar la norma: el resultado es que esas compañías tendrán que destinar una parte de sus beneficios a producir en lenguas cooficiales.

Además de la Audiovisual, en las últimas semanas el Gobierno pisó el acelerador para enviar al Congreso otras leyes comprometidas como la Ley Concursal, la del Deporte, la de Telecomunicaciones, la de Convivencia Universitaria, la de servicios de Atención al Cliente, la del Fomento del ecosistema de las empresas emergentes, de Creación y Crecimiento de Empresas... De los compromisos legislativos uno de los que no llega a tiempo es la Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera, que está pendiente del informe del Consejo de Estado que el Consejo de Ministros solicitó de urgencia el 7 de diciembre.

También falta por aprobar la Ley de Vivienda, que pasó en primera vuelta por el Consejo de Ministros tras meses de retraso por el desacuerdo en el seno de la coalición. El proyecto que está ahora a la espera de los preceptivos informes contempla la bajada de los precios del alquiler para los grandes tenedores, es decir, los que sean propietarios de más de diez viviendas. La regulación de los precios del alquiler fue el principal escollo de la negociación entre el Ministerio de Transportes, Agenda Urbana y Movilidad y Unidas Podemos.

Lo mismo sucede con la Ley Trans, que tras una ardua batalla entre los socios de la coalición, fue al Consejo de Ministros en junio. A pesar de ser una de las leyes que figura en el Plan Anual Normativo, aún no ha terminado su tramitación antes de ser remitida al Parlamento. Otras normas que tienen que pasar la segunda vuelta del Consejo de Ministros son la Ley General para la Defensa de los Consumidores, la Ley de Ciencia, Innovación y Tecnología, y las leyes de Patrimonio Histórico y Cultural. También están pendientes algunos proyectos de Justicia, como la ley de medidas de eficiencia del servicio público o de eficiencia procesal.

Fuentes gubernamentales también apuntan a la remodelación del Gobierno como una de las razones por las que se han retrasado algunos proyectos: “En algunos casos puntuales, la llegada de los nuevos titulares de los ministerios ha hecho que estos quieran conocer en detalle y tomar la iniciativa de algunas normas de especial trascendencia que ya se habían comenzado a tramitar, antes de llegar a las fases finales del procedimiento”.

Al nuevo titular de Universidades, Joan Subirats, le tocará, por ejemplo, defender la Ley Orgánica del Sistema Universitario, que Manuel Castelles dejó encarrilada. Esa norma también figuraba entre los retos para este año. Lo mismo le ocurrió a Pilar Alegría cuando relevó a Isabel Celaá: el 7 de septiembre compareció tras el Consejo de Ministros que aprobó la ley de Formación Profesional. El Congreso ya ha dado luz verde a esa normativa.

En cuanto a los reales decretos, el porcentaje de cumplimiento es más bajo. Uno de los últimos en aprobarse este año es el que fija el Salario Mínimo Interprofesional de 2022. El SMI subió en el mes de septiembre después de que los socialistas lo pospusieran bajo el pretexto de la superación de la crisis de la pandemia. Tras una negociación fallida con la patronal, Gobierno y sindicatos acordaron un incremento de 15 euros. Pero la subida para el próximo año tendrá que esperar. La prioridad este trimestre ha sido el acuerdo para la reforma laboral.

A pesar de la ralentización en el cumplimiento del Plan Anual Normativo, Pedro Sánchez aseguró en la sesión de control al Gobierno del pasado miércoles que se ha cumplido ya el 50% del acuerdo programático firmado por PSOE y Unidas Podemos “sin haber pasado ni el ecuador de la legislatura”. Fuentes gubernamentales apuntan que “el cumplimiento se mide cuando se hace la evaluación del Plan Anual Normativo y la ley permite hacerla durante el primer trimestre del año siguiente”. El real decreto que regula la planificación normativa del Gobierno establece que el Ministerio de Presidencia tiene que elevar al Consejo de Ministros el Informe Anual de Evaluación Normativa para su aprobación antes del 30 de abril de cada año. No obstante, fue el Gobierno el que se marcó como objetivo la aprobación de esas 144 medidas en el último cuatrimestre de 2021.

A 31 de diciembre de 2020, el Ejecutivo había cumplido el 67% del Plan Anual Normativo que había establecido para ese año. En total, fueron 316 normas, de las que 59 no estaban en el documento “porque tuvieron que ver con la lucha contra la pandemia”, según explicó Bolaños. Ocho meses después, en el momento de aprobar los nuevos compromisos, el porcentaje había crecido hasta el 90%.

Desde el Gobierno recuerdan que también en esta ocasión se han aprobado “normas muy relevantes que no estaban previstas en el PAN y que responden a necesidades urgentes que han surgido en el último trimestre del año”. Así, el Ejecutivo ha tenido que hacer frente a algunos imprevistos como la subida de la luz, que conllevó la aprobación de un decreto ley para, entre otras cosas, reducir los impuestos y que el precio mayorista tuviera un menor impacto en el bolsillo de los ciudadanos; el volcán de La Palma, que se ha supuesto un desembolso en ayudas de unos 300 millones de euros, o la explosión de los contagios en la sexta ola del coronavirus, que obligaron a Sánchez a convocar una Conferencia de Presidentes y a volver a imponer la mascarilla obligatoria en los exteriores así como a habilitar a las comunidades para poder contratar personal sanitario jubilado o con titulación de países de fuera de la UE, como ya ocurrió en los primeros momentos de la pandemia.

Moncloa también destaca el decreto ley para la protección del empleo, la recuperación económica y la mejora del mercado de trabajo o el que tuvieron que aprobar tras la sentencia del Constitucional contra el impuestos de plusvalías municipales. “También habría que tener en cuenta todos los Reales Decretos de concesión directa de subvenciones y distribución de créditos, tanto las que provienen de fondos europeos como las que no, que en ninguno de los dos casos están previstos en el PAN 21”, apostillan esas fuentes.