El Gobierno cierra el curso político con la mayoría de la investidura amarrada pese a las tensiones con los socios

Entre acusaciones de gobernar “como si tuviera mayoría absoluta” y exigencias de una mayor interlocución por parte de sus habituales socios parlamentarios, el Ejecutivo de coalición de PSOE y Unidas Podemos logró este miércoles cerrar el curso político en el Congreso de los Diputados manteniendo las alianzas con partidos de izquierdas, nacionalistas e independentistas que permitieron la investidura de Pedro Sánchez de enero de 2020 o la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

No sin dificultades por apurar las negociaciones hasta el último minuto, el Gobierno logró la convalidación en el Pleno de los cuatro decretos leyes que figuraban en el orden del día de la última sesión antes de las vacaciones de verano, incluido el que más reticencias había generado entre los socios: el texto que intenta poner fin al abuso de la temporalidad de los interinos en la Administración Pública, que se aprobó por el Consejo de Ministros sin que PSOE y Unidas Podemos hablaran con otros partidos, tras lograr un acuerdo con los sindicatos.

Este último consiguió la luz verde de la Cámara Baja por solo un voto –170 síes, frente a 169 noes y 8 abstenciones–, gracias a una negociación in extremis entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública, Unidas Podemos, ERC y el PNV que se prolongó hasta apenas unas horas antes del inicio del Pleno, y después de que se tuviera que repetir la votación por un empate provocado porque la diputada de Unidas Podemos Rosa Medel votó la primera vez en contra al rechazar en conciencia la propuesta, rompiendo la disciplina de grupo, aunque posteriormente ha rectificado por petición de sus compañeros y ha decidido no participar en la votación. Todo ello evidenció las dificultades que sigue teniendo el Ejecutivo para conformar mayorías, así como su debilidad parlamentaria.

Con distintas sumas, también salieron adelante el decreto que reduce temporalmente el IVA de la electricidad con el objetivo de frenar el disparado precio de la luz, el que permitió el fin de la obligatoriedad del uso de las mascarillas en espacios exteriores y un último texto que reconoce a la colección de arte Carmen Thyssen-Bornemisza la misma consideración que los museos públicos.

La gestión de la negociación del decreto sobre los interinos había tensionado especialmente en los últimos días la relación entre el Ejecutivo y sus aliados parlamentarios, y su convalidación estuvo en cuestión prácticamente hasta unos minutos antes de la votación, que tuvo lugar a las 16.00 horas, tras siete horas de Pleno. Ni siquiera Unidas Podemos, uno de los socios del Gobierno, había garantizado su apoyo si no se aceptaban ciertas modificaciones a un texto que había sido elaborado por el socialista Miquel Iceta en calidad de ministro de Función Pública, antes de que la remodelación del Gobierno de Sánchez de hace dos semanas le llevara a ser sustituido en sus funciones por la titular de Hacienda, María Jesús Montero, y pasara a ocupar la cartera de Cultura y Deporte.

ERC cambia el voto “en cinco horas”

Según fuentes parlamentarias, finalmente sí hubo un acuerdo entre Hacienda y el grupo confederal a primera hora del miércoles, que después facilitó un pacto con ERC que, “en cinco horas”, según señalaron los republicanos, les hizo cambiar su sentido del voto del 'no' al 'sí', facilitando por la mínima la convalidación del decreto. En busca de esa aprobación, durante el Pleno la ministra Montero realizó varios anuncios para intentar contentar a los grupos parlamentarios socios del Gobierno.

Lo primero fue aceptar que el real decreto se tramitara como proposición de ley precisamente para poder hacer las modificaciones exigidas por sus aliados. Entre ellas destacaron algunas que habían reclamado en los últimos días ERC, PNV e incluso Unidas Podemos. Montero planteó que los interinos de las administraciones públicas que lleven más de diez años ocupando una plaza estructural que nunca haya sido convocada podrán adjudicarse dicha plaza sin necesidad de pasar una oposición –que era una exigencia del decreto–, sino únicamente por una valoración de méritos.

Además, las comunidades autónomas podrán decidir que la oposición no sea eliminatoria en los procesos de estabilización de las plazas estructurales ocupadas desde hace más de tres años por personal interino, algo que habían reclamado insistentemente desde asociaciones que representan a los interinos. Este último aspecto, apuntan fuentes parlamentarias, facilitó también la abstención del PNV, que había anunciado inicialmente su rechazo a la convalidación.

Las críticas al Gobierno por la negociación de dicho decreto se verbalizaron este miércoles desde el atril del Congreso. El diputado del PNV Mikel Legarda planteó que no habían sido “atendidas las opiniones y sugerencias de las comunidades autónomas”, a la vez que alertaba de que en el texto inicial no se corregían las situaciones que han llevado a la alta temporalidad en los interinos, especialmente en servicios públicos como Sanidad, Educación, Justicia y Servicios Sociales. Y la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, resumió en su intervención las dudas que habían planteado mayoritariamente los grupos, también los aliados del Ejecutivo, sobre la interlocución de Moncloa: “Son ustedes los que deben ganarse el apoyo de los grupos, compartir agenda legislativa, ser permeables a las fuerzas de izquierdas y a los colectivos. No esperar a que les apoyemos porque sí. Así, ni se gobierna, ni se avanza ni se afianza la mayoría progresista que existe en esta cámara”.

La parlamentaria de ERC que anunció el sorprendente viraje de su formación política del 'no' al 'sí', lanzó advertencias similares a los grupos del Gobierno: “Tenemos un acuerdo, vamos a ver la sinceridad y la lealtad del Grupo socialista. Tienen la última oportunidad para cumplir con sus acuerdos. Por favor estén a la altura”. PDeCAT y Junts sumaron sus votos al 'no' que también defendieron PP, Vox, Ciudadanos, Navarra Suma, CUP, BNG, Foro y Coalición Canaria, aunque anunciaron aportaciones en el trámite parlamentario.

Las críticas al Ejecutivo también por las mascarillas

Varios grupos habían denunciado desde principios de semana la ausencia de negociación por parte de Hacienda, que ya vio como el Congreso rechazaba en 2020 un real decreto para permitir a los ayuntamientos utilizar sus remanentes de tesorería. Entonces tuvo que rehacer la norma, una opción que el Gobierno llegó a contemplar hasta este miércoles por la dureza de las críticas de sus socios. El martes, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, había acusado al Ejecutivo de seguir “pensando que tiene mayoría absoluta”. “Es una miopía absoluta”, dijo Rufián. La falta de interlocución previa con los aliados parlamentarios es una crítica constante que le hacen al Gobierno de Sánchez.

El otro decreto que había sido puesto en cuestión por los socios del Gobierno fue el del fin de la obligatoriedad de las mascarillas en el exterior, aunque finalmente PSOE y Unidas Podemos lograron sumar los votos a favor de EH Bildu, Ciudadanos, PDeCAT, Más País y Compromís, mientras Junts y ERC se abstuvieron, y PNV y BNG votaron en contra junto a PP y Vox.

En los últimos días se había intensificado el debate sobre el uso de las máscaras en los exteriores por el repunte de la pandemia. El lehendakari, Íñigo Urkullu, llegó a enviar el martes una carta a Sánchez en la que le sugería no solo recuperar ese sistema de protección, sino el estado de alarma en sí para dotar a las comunidades autónomas de un mecanismo legal que les permitiera regular las restricciones –como el toque de queda– en ausencia de una doctrina unificada, lo que en principio correspondía al Tribunal Supremo. En el Ejecutivo sostienen que las comunidades tienen “margen” para implementar medidas que contengan la expansión del coronavirus.

Las negociaciones para este real decreto se prolongaron también hasta la mañana del miércoles, justo antes del inicio del Pleno, cuando se confirmaron las votaciones tanto presenciales como telemáticas. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, defendió en la tribuna que no se trata de “discutir si mascarilla sí o no” porque “sigue siendo obligatoria, salvo en supuestos muy concretos”. Y señaló que la de acabar con su obligatoriedad en los exteriores es “una decisión prudente, limitada y progresiva” y que “cuenta con el apoyo de la evidencia científica”, un aspecto que ha sido cuestionado especialmente por Vox, que atribuye la iniciativa a los “intereses políticos” del Gobierno.

Una vez finalizado el Pleno tuvo lugar la Diputación Permanente del Congreso, el órgano de decisión de la cámara fuera del periodo ordinario de sesiones, que tumbó las 25 peticiones de comparecencias urgentes, registradas todas ellas por el PP, para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, 13 de sus ministros actuales, exministros y otros altos cargos del Ejecutivo declarararan ante la Cámara Baja el próximo mes de agosto.

'Matria', Cuba, los indultos y la eutanasia

En la última sesión antes de las vacaciones se colaron varias de las polémicas con las que la oposición de derechas trata de desgastar al Ejecutivo progresista. Durante el debate sobre el decreto que regula la bajada del IVA en la factura de la luz la diputada de Ciudadanos Carmen Martínez Granados aseguraba que el hecho de que en España se haya batido el récord del precio de la electricidad esta semana “no lo puede tapar los cambios de cartera del Gobierno, ni si España es patria o matria”, en alusión a la propuesta realizada por la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, para el uso de ese término. Durante ese mismo debate, la diputada de Vox Macarena Olona afirmaba que la “salida” del Gobierno para los enfermos que necesitan “estar conectados a un aparato eléctrico” es la “eutanasia” por el aumento del precio de la luz.

Aprovechando su intervención cuando se abordaba la convalidación de varias resoluciones internacionales, el diputado del PP Eloy Suárez hablaba del “bochorno sufrido” por la política del Gobierno respecto a Marruecos, y aseguraba que España “ha sido uno de los países que peor ha gestionado la crisis del coronavirus”, según él “escondiendo el número de muertos”, uno de los habituales mantras de Pablo Casado contra el Ejecutivo desde el inicio de la emergencia sanitaria.

También se habló de los indultos a los presos independentistas. Durante el debate sobre la retirada de las mascarillas en los exteriores la diputada del PP Elvira Velasco relacionaba el fin de la obligatoriedad con la pretensión del Gobierno de lanzar una “noticia optimista” que solo buscaba desviar “la atención” de la concesión de los indultos. En la misma línea se expresaba el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, que aseguraba que “en medio de una pandemia letal, Sánchez ha sido capaz de poner un aspecto como el uso de la mascarilla al servicio de su interés: eso es sectarismo”. “Y no lo digo yo, se lo ha dicho el Tribunal Constitucional”, continuó el dirigente de la extrema derecha haciendo alusión a la decisión de ese tribunal de considerar inconstitucional el primer decreto del estado de alarma.

El revisionismo del PP

Joan Baldoví, de Compromís, introdujo por su parte los recientes debates que han marcado la agenda política española sobre si Cuba es una dictadura y acerca del revisionismo histórico del PP sobre el franquismo y la Guerra Civil. “Hoy [por este miércoles] en Gredos se reúne el PP”, recordaba, en alusión a la Junta Directiva Nacional convocada por Pablo Casado con motivo del tercer aniversario de su triunfo en las primarias, durante la cual el líder del PP evitó corregir su incipiente revisionismo. “Espero que el frío le refresque las ideas al señor Casado”, proseguía. “La semana pasada el PP y toda la derecha nos estaba diciendo 'Cuba es una dictadura'”, alertaba el diputado de Compromís, a lo que la bancada popular respondía con un sonoro “sí”.

A renglón seguido, Baldoví preguntaba al PP: “¿La España franquista es una dictadura? ¿Hubo un golpe de Estado el 18 de julio de 1936, sí o no?”. Algunos diputados populares asintieron con la cabeza mientras otros murmuraban solo dos días después de las polémicas palabras del exministro de la UCD Ignacio Camuñas que, el lunes, en una mesa redonda organizada por el PP y que estaba presidida por el propio Casado aseguró que la sublevación de los militares franquistas contra la democracia de la II República “no fue un golpe de Estado” y que la Guerra Civil fue responsabilidad del Gobierno republicano.

Cuando finalizó el Pleno, la mayoría de los diputados recogieron sus maletas y volvieron a sus circunscripciones para probablemente no volver al hemiciclo hasta septiembre. Solo se quedaron en Madrid los integrantes de la Diputación Permanente, que terminó su sesión de este miércoles ya entrada la noche.