El Gobierno confía en sortear la suspensión cautelar de la licencia de obra para exhumar a Francisco Franco que decretó el pasado marzo un juez de Madrid y poder sacar “cuanto antes” los restos del dictador del Valle de los Caídos, una vez que cuenta con el aval del Tribunal Supremo.
Fuentes gubernamentales consultadas por eldiario.es no ven un escollo en el procedimiento que se sigue en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid, cuyo titular, José Yusty Bastarreche, paralizó cautelarmente la autorización municipal de las obras que el Ejecutivo había previsto para sacar el cadáver del dictador.
El argumento del Gobierno es que el juez Yusty, al que la Abogacía del Estado intentó sin éxito recusar por atacar la ley de Memoria Histórica, no tiene competencias sobre las decisiones del Ejecutivo. “La exhumación saldrá adelante, el juez no puede hacer nada”, dicen estas mismas fuentes.
Ese magistrado aceptó el pasado marzo la solicitud de Leonardo Falcó, una persona del entorno de la familia Franco, que reclamó que se paralizara de forma cautelar la licencia de obras para exhumar al dictador emitida por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, municipio del noroeste de la Comunidad de Madrid donde está ubicado el Valle de los Caídos. La solicitud de Falcó formaba parte de una avalancha de recursos del entorno de la familia del dictador para paralizar la exhumación.
La causa de Yusty sigue su curso
El juez Yusty paralizó las obras alegando que no eran seguras. Lo hizo a pesar de que, previamente, otros juzgados de lo Contencioso-Administrativo habían estudiado demandas similares y las había rechazado. El caso pasó a la Audiencia Provincial, que decidió que fuese este juez, el primero en decidir, quien se quedase el caso.
La decisión del Supremo de permitir la exhumación de Franco y su traslado al cementerio de Mingorrubio, en el barrio de El Pardo, como propone el Gobierno, no afecta a la decisión del juez de Madrid de dejar en suspenso la licencia para levantar la losa de la tumba y proceder al traslado de los restos. Tampoco acaba con el procedimiento abierto en ese juzgado.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) confirman que esta causa seguirá su curso de forma paralela. El siguiente paso que dará el juez Yusty será convocar una vista de medidas cautelares en la que dará audiencia a las partes personadas y tras la que decidirá si mantiene la suspensión del trámite urbanístico hasta que se decida el fondo del asunto. Esa decisión también puede ser recurrida al TSJM, por lo que el procedimiento se podría demorar durante varios meses.
La sentencia que hará pública en los próximos días el Supremo abordará también cuestiones urbanísticas del asunto, por lo que la resolución podría referirse a la paralización de las obras, informa Europa Press. Los magistrados del Alto Tribunal no pueden dar indicaciones al juez de Madrid, si bien los argumentos contenidos en el fallo sí que podrían incidir en la decisión que este magistrado adopte próximamente sobre el fondo del asunto. Desde el propio tribunal asumen que este fleco jurídico puede retrasar los trabajos sobre los que se han pronunciado este martes.
Lo que es más difícil que dilate la exhumación de Franco es el recurso que la familia del dictador ya ha anunciado que presentará ante el Tribunal Constitucional, que primero deberá decidir si lo admite a trámite y, en su caso, pronunciarse sobre el fondo. Este martes, poco después de conocer el fallo, el abogado de los descendientes del dictador, Luis Felipe Utrera Molina, anunció que sus clientes iban a “dar la batalla hasta el final”.
Fuentes del Tribunal Constitucional expresan sus dudas sobre qué derecho fundamental puede invocar la familia que justifique que la exhumación deba ser paralizada de forma cautelar. Estas mismas fuentes explican que la suspensión cautelar es un supuesto “excepcional” y “limitado” al que solo se recurre cuando se tiene la certeza de que la ejecución del fallo puede producir un “daño irreversible”.