El Gobierno incluye en los Presupuestos del próximo año 2022 más de un millón de euros destinado a becas para opositores a juez y fiscal. El documento recoge una partida de 1.143.880 euros para los que se presenten a esta oposición además de ayudas para opositores a la Abogacía del Estado y a letrados de la Administración de Justicia que suman, entre todas, casi 1,6 millones de euros. Son ayudas superiores a las últimas becas estatales similares, convocadas en 2008 con 120 ayudas con una dotación anual de 3.000 euros.
Según el detalle de los Presupuestos la mayor parte de esta partida irá a parar a los que preparan oposiciones a juez y fiscal con más de un millón de euros, junto con más de 350.000 euros para los que aspiran a ser letrados de la Administración de Justicia y finalmente casi 80.000 euros para los que intentar formar parte de la Abogacía del Estado. Los datos de las últimas convocatorias reflejan que casi 4.300 personas se presentaron a juez y fiscal y que 245 lo hicieron a la Abogacía.
Asegura el documento de presentación que estas becas se ponen en marcha “para que todo el mundo pueda acceder a los cuerpos judiciales en igualdad de oportunidades. Este sistema de becas democratiza la igualdad de acceso, que de otro modo no podrían tener muchos aspirantes”. El anuncio de las becas también va unido a una nueva oferta de empleo con 200 nuevas plazas para ingresar en las carreras judicial y fiscal: cien menos que las planteadas en 2019.
María Jesús Montero, ministra de Hacienda, se ha referido a esta partida en la rueda de prensa de presentación de los Presupuestos. Se trata de “un programa nuevo para aspirantes” a todos estos cargos. Son unas oposiciones, ha dicho, “que requieren muchos años de estudio y son puestos de difícil acceso para buena parte de los estudiantes que no se pueden costear esa preparación”.
La ministra de Justicia, Pilar Llop, ya se refirió al sistema de becas en el Congreso el pasado 9 de septiembre. Dijo entonces que el sistema de ayudas facilitaría un acceso a la Administración de Justicia “en igualdad de oportunidades” no sólo para jueces y fiscales sino también para el cuerpo de letrados de la Administración y para la Abogacía del Estado con “una reserva para personas con discapacidad”.
El documento también recoge que el presupuesto destinado a Justicia aumenta un 11,5% hasta los 2.284 millones de euros. Crece también dentro de esta partida el dinero destinado a la participación del Consejo General del Poder Judicial, con 76 millones de euros que suponen un aumento del 4,2 por ciento con respecto a los anteriores presupuestos. De este dinero un total de 210 millones están presupuestados en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de canalización de fondos europeos para paliar los efectos de la pandemia.
Estos fondos ligados a las ayudas europeas tienen por objetivo, dice la presentación de los Presupuestos, “mejorar la capacidad que tiene la Justicia española para contribuir a la cohesión social, el dinamismo económico y empresarial, así como a la propia reducción de sus costes generales de funcionamiento mediante su transformación digital”.
Pagos en negro
Tal y como reveló elDiario.es en este reportaje, jueces y fiscales españoles cobran hasta 4.000 euros al mes por preparar a opositores a estos procesos sin responder ante Hacienda por estas ganancias. Allí donde algunos preparadores declaran estas ganancias, otros profesionales de la Justicia cobran entre 100 y 200 euros mensuales a cada alumno sin que haya dado lugar a inspecciones por posible fraude fiscal. “Lo normal es en metálico, yo cobro en metálico, piensa que por trasferencia tendrías que pagar mucho más. Las ayudas son nulas y los impuestos altísimos. Si fuera por transferencia, subirían los precios en general de todos los preparadores, y eso lo va a pagar el opositor”, dijo uno de estos preparadores.