El último Consejo de Ministros antes de las elecciones de Castilla y León ha estado cargado de asuntos que afectan especialmente a la región. El Gobierno ha dado luz verde al PERTE de agroindustria que presentó el propio Pedro Sánchez este lunes que supondrá una inversión de 1.000 millones de los fondos europeos y también ha presentado el balance de seguimiento de la estrategia de reto demográfico. A pesar de que la despoblación es uno de los principales problemas de la comunidad y de que el sector primario se ha colado en la campaña a raíz de la polémica desatada por las palabras de Alberto Garzón sobre las macrogranjas, desde el Ejecutivo sostienen que no ha tenido nada que ver la coincidencia. “Se ha aprobado en el momento en el que se ha cerrado en la comisión delegada de asuntos económicos”, señalan fuentes gubernamentales sobre el proyecto de agroindustria que reconocen que estaba previsto inicialmente para finales de diciembre o principios de enero.
La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha sido la encargada de presentar las actuaciones que ya se han llevado a cabo de las 130 medidas para combatir el reto demográfico y cuya activación hasta 2023 supondrá una inversión de 10.000 millones de euros. La estrategia se presentó en marzo del pasado año. “Con las anualidades 2021 y 2022 habremos invertido en el medio rural, atendiendo a la estrategia de reto demográfico, 8.000 millones de euros”, ha expresado antes de enumerar los cuatro ejes sobre los que pivota: la conectividad digital y tecnológica, los servicios básicos para toda la población, la diversificación económica y la creación de empleo, y la vivienda y la transformación urbana.
Las comunidades autónomas con un mayor porcentaje de población censada en municipios rurales, de un 30% a un 50%, son Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Aragón, según los datos de Moncloa. “El plan está en marcha y muy avanzado”, ha dicho la portavoz sobre las medidas frente al reto demográfico. Así, ha asegurado que 82% de las medidas ya han comenzado sus trabajos. “Hemos llegado ya a dos de cada tres municipios de menos de 5.000 habitantes”, ha proseguido antes de asegurar que se ha empezado a ejecutar el 84% del presupuesto destinado a esas medidas y que el 74% se hará con las comunidades autónomas.
La otra pata sobre la que se ha cimentado la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros ha sido la presentación del PERTE de agroindustria con el que el Gobierno pretende movilizar, como mínimo, 3.000 millones de euros (1.000 de origen público y 2.000 de carácter privado). “Es un gran día”, ha aseverado el ministro de Agricultura, Luis Planas. “Parte de un proyecto de conjunto para la España rural que pretende no solo hacer más digna la vida de ese 16% de españoles que viven en la España rural sino hacer un espacio rural en el que sea atractivo vivir y en condiciones de la España de 2022”, ha señalado.
Planas ha recordado que a esos millones de los fondos europeos hay que sumar la PAC, que supondrá tenemos PAC 47.724 millones de euros entre 2021 y 2017, los 1.120 fondos comunitarios para el fondo europeo marítimo y de la pesca, los 1.051 millones en el componente 3 del fondo de recuperación, y una dotación pública en el periodo 2022-2026. “Este quinquenio que supone la cifra más alta de inyección de inversion pública que se haya producido”, ha presumido el ministro.
En el Gobierno son conscientes de que las elecciones se juegan en buena medida en el ámbito rural -aunque han evitado comentar las encuestas incluso en los corrillos posteriores con los periodistas- y no son ajenos a la irrupción que va a tener Vox en el campo. También el PP ha centrado buena parte de su campaña en ese sector.
Preguntado por la tensión en el campo tras el intento de irrumpir en el pleno del Ayuntamiento de Lorca que pretendía poner coto a las macrogranjas, Planas ha reconocido que “es muy difícil hacer un diagnóstico global del conjunto de situaciones que se producen”. “Nos encontramos en momento de profunda transformación de la sociedad y del sector primario particularmente”, ha dicho antes de insistir en la importancia de los “elementos de acompañamiento” que en gran medida está impulsando el Gobierno, más allá de la PAC. “El PERTE, la ley de cadena alimentaria, las actuaciones en materia de regadío o los seguros agrarios son un elemento de futuro pero no quiere decir que no existan dificutades que son reales derivadas del alza de los precios (...) o una realidad, para quienes niegan el cambio climático, que es el episodio de sequía”, ha explicado el ministro. “Necesitamos políticas de sostenibilidad que nos adapten a las nuevas maneras de producción. El Gobierno está comprometido y, desde 2018, este es el Gobierno que más ha hecho por el sector primario”, ha sentenciado el responsable de Agricultura.