El Gobierno acordó este martes el nombramiento de Juan Carlos Campo, exministro de Justicia, y de Laura Díez, ex directora general en la Moncloa, como los dos magistrados que le corresponde proponer para el Tribunal Constitucional. El anuncio levantó una importante polémica, dentro y fuera del Ejecutivo, por el marcado perfil político de los elegidos.
Campo accedió a la judicatura en 1987, pero desde finales de los noventa ha ocupado diversos puestos políticos, siempre de la mano de los socialistas. También fue vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PSOE. Díez, por su parte, es catedrática de Derecho Constitucional y hasta hace seis meses era directora de Asuntos Constitucionales del Ministerio de la Presidencia.
Tras las críticas, el Gobierno ensalzó sus dilatadas trayectorias jurídicas y dijo que ambos son “perfiles absolutamente idóneos”. “Estamos convencidos de que harán su labor con rigor, vocación de servicio público y cumplimiento de la Constitución y la Ley”, aseguró el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Es habitual que los gobiernos elijan candidatos de su perfil ideológico para acceder al órgano que realiza una esencial función de control sobre las iniciativas legislativas que promueven esos mismos gobiernos. Sin embargo, Campo se convertirá en el primer ministro de la democracia en acceder a este tribunal y tras más de dos décadas en las cercanías de uno de los partidos que sustenta al Gobierno que lo propone.
Tras esta controvertida decisión subyace una estrategia de asegurarse ciertas lealtades después de que otros magistrados elegidos en su día como parte de la cuota teóricamente progresista se hayan situado al lado de los conservadores en asuntos clave. Ocurrió con Manuel Aragón, cuyo voto determinó que en 2010 saliera adelante la sentencia que anuló hasta 14 artículos del Estatut y que abonó la crisis del modelo territorial que acabó por estallar con el procés. Y, de forma más reciente, con Encarnación Roca, que se alineó con la mayoría conservadora para aceptar el recurso de Vox y anular el confinamiento domiciliario de la primera ola de la pandemia.
Todo ello teniendo en cuenta, además, que en los próximos meses, los magistrados del tribunal de garantías deberán pronunciarse sobre cuestiones tan sensibles como la reforma educativa, el aborto, la eutanasia o la norma que impide al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nombrar jueces cuando, como ahora, está en funciones.
Está por ver, en todo caso, en cuántas de estas decisiones podrá participar Campo, pues en el Gobierno admiten que tendrá que abstenerse en las decisiones del tribunal de garantías que tengan que ver con su etapa en el Consejo de Ministros. No obstante, la última doctrina del órgano ha blindado a sus magistrados ante determinadas recusaciones al reconocer que son designados precisamente “por sus ideas y opiniones expresadas a través de los instrumentos habituales de difusión jurídica” y que no pueden ser “descalificados” en razón de estas.
La voluntad del Gobierno es que Campo y Díez sustituyan a dos de los cuatro magistrados del Constitucional que tienen el mandato caducado desde el 12 de junio y cuyo relevo corresponde al Ejecutivo (dos) y al CGPJ (otros dos). Sin embargo, el órgano de gobierno de los jueces lleva más de dos meses dilatando estos nombramientos por la estrategia de bloqueo de ocho vocales del núcleo duro del sector conservador. Hasta ahora, el Ejecutivo había decidido no nombrar a sus dos magistrados hasta que lo hiciera el CGPJ por las dudas jurídicas que ocasiona una posible renovación por fases. Aunque en la Moncloa se muestran ahora confiados en poder renovar por su cuenta a los dos magistrados que les corresponden.
Del Estatut al estado de alarma
Una de las sentencias que más malestar ha generado en el Ejecutivo es la que, el pasado verano, declaró inconstitucional el confinamiento decretado para hacer frente al coronavirus. Un tribunal muy dividido dio la razón a Vox al entender que para acordar un confinamiento como el que se decretó en la primavera de 2020 había que declarar el estado de excepción. Una medida que solo puede adoptar el Parlamento, a propuesta del Gobierno.
En esa decisión fue clave el voto de Encarnación Roca, que decantó la votación. En algunos círculos políticos sorprendió su posicionamiento, dado que Roca llegó al Constitucional después como una magistrada considerada progresista y tras ser propuesta por el PSOE tras un acuerdo con CiU.
Su llegada al Constitucional coincidió con el aumento de protagonismo del tribunal en el proceso soberanista y Roca ha formado parte de la mayoría de magistrados que ha avalado la causa judicial del procés. También se alineó con la mayoría conservadora, en contra de la opinión de sus colegas progresistas, para avalar la condena a unas activistas que irrumpieron en una iglesia para pedir “aborto libre y gratuito” y para dar la razón a la Universidad Católica de Valencia (UCV) en su intención de obtener una equiparación plena a los campus públicos en el acceso a las becas.
En cambio, Roca sí estuvo junto a la minoría progresista en defensa de la libertad de expresión del sindicalista que llamó a quemar una bandera de España o de los jóvenes que quemaron una foto del rey en Girona. También formuló un voto particular contrario a la condena de los jóvenes que rodearon el Parlament de Catalunya en 2011.
Otra sentencia clave de los últimos años fue la que, en 2010, anuló hasta 14 artículos del Estatut a raíz de un recurso interpuesto por el Partido Popular. Entre otras cuestiones, esa resolución estableció que el término “nación” incluido en el preámbulo carecía de “eficacia jurídica”. La interpretación restrictiva del Preámbulo contó con el apoyo de los cinco magistrados del bloque conservador, a los que se sumó Manuel Aragón, que había sido elegido a propuesta del PSOE. Los otros cuatro magistrados progresistas votaron en contra. Esa sentencia provocó una profunda crisis interna en el bloque progresista del Constitucional.
Aragón también fue en 2011 el único magistrado de tendencia progresista que votó en contra de autorizar la concurrencia de Bildu en las elecciones municipales y forales vascas de mayo de ese año. Aragón apoyó las tesis de los jueces conservadores que pretendían avalar la decisión del Supremo, que había anulado 254 listas de la coalición abertzale para esos comicios al identificar a Bildu con la ilegalizada Batasuna. Finalmente, Bildu pudo participar en esas elecciones gracias a los votos de los otros seis magistrados progresistas. La decisión se adoptó por el ajustado margen de seis votos a cinco.