El pasado 12 de febrero, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó al Estado español a indemnizar con 30.000 y 20.000 euros a los dos responsables del atentado de la T4 por torturas y malos tratos policiales. Al igual que en el resto de las sentencias dirigidas contra España por la presunta negligencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el fallo apuntaba a una “ausencia de investigación efectiva”, por parte de las autoridades españolas.
Como consecuencia, el senador de EH Bildu Jon Iñarritu presentó una pregunta parlamentaria inquiriendo sobre las conclusiones que había sacado el Gabinete de Mariano Rajoy de la última llamada de atención de Estrasburgo. Diez días más tarde, el Ejecutivo popular le respondió que, aunque había “aceptado la jurisdicción”, del tribunal europeo, “tan sólo” se habían registrado 9 casos de este tipo, en los que “no se ha probado ningún indicio de tortura o malos tratos”. También señalaba que las autoridades españolas adjuntaron en todo momento “extensos informes de los médicos forenses” para facilitar las investigaciones por parte del TEDH.
Iñarritu ha compartido la contestación del Gobierno español hoy en su cuenta personal de Twitter, donde ha destacado que las autoridades “consideran como una recomendación” las condenas del tribunal de Estrasburgo. En efecto, en el documento el Gobierno afirma que “habría habría sido recomendable que la investigación judicial fuera más extensa”.
Sin embargo, antes de reconocer la falta de atención por parte de las autoridades a las denuncias de torturas de presos etarras, la respuesta escrita señala que “la banda terrorista ETA ha asesinado a cerca de 900 personas” .
Finalmente, el Ejecutivo concluye su respuesta alegando que, en lo que respecta a la sentencia del 12 de marzo, el TEDH no ha podido determinar las causas de unas “lesiones que se curaron en breve período de tiempo sin dejar ninguna secuela” por lo que no consta que tuvieran “la gravedad (...) que habría dado lugar a que se calificaran de tortura”.
Como bien explicó el Gobierno en la nota dirigida a Iñarritu, no es la primera condena que el TEDH ha dirigido contra España por este asunto. En todas ellas Estrasburgo ha resuelto que el Estado español no ha dedicado los recursos suficientes a llevar a cabo una investigación detallada sobre lo sucedido, lo que deja al tribunal europeo sin pruebas para establecer una sentencia clara al respecto.
“Ni las autoridades ni el Gobierno han aportado ningún argumento creíble o convincente que pueda servir para explicar o justificar las lesiones que alegan los demandantes. Y el tribunal entiende que las lesiones tienen que ser atribuidas al Estado”, argumentaba la última sentencia de Estrasburgo. Una conclusión que difiere de la que mantiene a día de hoy el Estado español.