Una ley de su Gobierno deja a Santamaría sin la pensión de exministra tras abandonar el escaño por discrepancias con Casado
A Soraya Sáenz de Santamaría la derrota en las primarias del PP y sus posteriores desavenencias con su rival, Pablo Casado, no solo la han supuesto el fin de su carrera política con la renuncia, el pasado 10 de septiembre, al escaño en el Congreso de los Diputados que mantenía desde 2008. También le han ocasionado una importante pérdida de dinero. La exvicepresidenta se quedará sin la pensión a la que tenía derecho como exministra del Gobierno y que en su caso ascendía a un máximo de 121.740 euros a repartir durante dos años, en 24 mensualidades de 5.072 euros.
Como todos los exaltos cargos, tras dejar el Ejecutivo Sáenz de Santamaría –que además de vicepresidenta fue portavoz, ministra de la Presidencia, de Administraciones Territoriales, de Sanidad y de Justicia durante los sucesivos gobiernos de Mariano Rajoy– podía haber percibido esa ayuda que, según la legislación vigente, supone el 80% del salario que cobraba en su puesto, durante tanto tiempo como hubiera estado en el mismo y con un máximo de dos años. Es una fórmula para compensar el período de dos años en el que los exmiembros de un Gobierno no pueden incorporarse a ninguna actividad privada que tenga relación con su cargo.
El sueldo de la exvicepresidenta aprobado en los últimos Prespuestos Generales del Estado era de 76.088,04 euros anuales, por lo que la ayuda hubiera ascendido a 60.870 euros al año –el 80% del total–.
Sin embargo, una ley aprobada por su Gobierno cuando era vicepresidenta, en 2012, estableció la incompatibilidad de percibir esa indemnización con otro salario. Como Sáenz de Santamaría continuó como diputada tras ser expulsada del Ejecutivo por la moción de censura presentada por Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy, ella optó por seguir cobrando su sueldo de parlamentaria.
Hasta que dejó su escaño el pasado 10 de septiembre por sus discrepancias con el líder del PP, Pablo Casado. La exvicepresidenta no se sentía cómoda con los puestos que el máximo dirigente de su partido les había ofrecido a ella y a su equipo, al considerar que Casado no respetó las cuotas de representación de forma proporcional al resultado de las primarias, en las que resultó ganadora en primera vuelta y obtuvo el 40% de los votos de los compromisarios en la segunda.
Un plazo de “15 días hábiles”
El día de su renuncia, el plazo para poder solicitar la pensión de exministra ya había expirado hacía casi dos meses. La normativa establece que “quienes cesen en los puestos que tengan previstas las pensiones indemnizatorias” tendrán un plazo de 15 días hábiles, a contar desde que concurra la incompatibilidad para comunicar ante la Oficina de Conflictos de Intereses del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (...) su opción entre la percepción de las mismas o la retribución de la actividad pública o privada que estén desempeñando“. La ley deja claro que ”la opción por la retribución pública o privada“ implica ”la renuncia a la pensiones indemnizatorias“.
El BOE publicó el cese del anterior Ejecutivo el 2 de junio, por lo que Sáenz de Santamaría tuvo hasta el 22 de ese mes para solicitar esa indemnización. Al no hacerlo y optar por seguir cobrando el salario como diputada hasta el pasado 10 de septiembre, la exvicepresidenta ha perdido, por tanto, ese derecho.
Lo que sí podrá solicitar la ex número dos del Gobierno es la ayuda de 2.813,87 euros brutos mensuales por cada año de mandato parlamentario a la que tienen derecho todos los exdiputados y que otorga el Congreso en concepto de “indemnización por cese” si carecen de ingresos particulares. Como Sáenz de Santamaría ha mantenido escaño entre 2008 y 2018, la cuantía total de la ayuda correspondiente a esos diez años asciende a 28.138 euros.
Este diario se ha puesto en contacto con el entorno de la exvicepresidenta para conocer si tiene pensado solicitar esa ayuda y preguntarle por las razones por las que optó por no pedir la pensión de exministra en junio, al dejar la Moncloa. Una de las integrantes de su equipo durante las primarias se ha limitado a señalar que “la exvicepresidenta no va a hacer ningún comentario”. Tampoco despeja cuál será su futuro profesional más inmediato.
Soria recibió 41.000 euros
El Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado recoge la relación de nombres de los exaltos cargos del Gobierno de Rajoy que han solicitado las indemnizaciones tras cese. En el listado figuran cuatro exministros: el extitular de Cultura José Ignacio Wert, el de Economía Luis de Guindos, el de Defensa Pedro Morenés, el de Agricultura José Manuel Soria y el de Fomento Íñigo de la Serna –que fue uno de los principales apoyos de Santamaría en las primarias–.
Este último solicitó esta indemnización que supone cerca de 56.000 euros brutos al año, el 80% de su salario como ministro, a la que tendrá derecho hasta enero de 2020 siempre que no inicie una nueva relación laboral pública o privada en ese periodo. Cobra 4.773,51 euros al mes.
De Guindos recibió un total de 9.382,46 euros (dos mensualidades) durante los dos meses que transcurrieron desde que dejó el ministerio y llegó al Banco Central Europeo. Wert percibió una mensualidad de 4.598,79 por el mes que pasó desde que dejó el Ministerio de Cultura y fue nombrado Embajador Jefe de la Delegación Permanente de España ante la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Y Soria fue el que más se benefició de esta ayuda. Recibió 41.803,02 euros en total entre mayo de 2016 –había dimitido en abril por su vinculación con los conocidos como Papeles de Panamá– y febrero de 2017.
Sáenz de Santamaría no ingresará ni un euro por ese concepto tras haber visto truncados sus planes políticos y pasar, en solo dos meses, de querer liderar el partido más votado del país a estar fuera de la vida pública.
