El Gobierno ha pasado de resignarse a que Francisco Franco acabara en la cripta de la Almudena a dar la batalla para evitarlo y ahora contempla introducir cambios a su propio decreto ley de exhumación para dejar claro que sus restos no se pueden trasladar a un lugar en el que pueden ser “exaltados o enaltecidos”. El Ejecutivo confía en cambiar la ley de memoria histórica a través de enmiendas en el Congreso.
Así lo ha explicado la vicepresidenta, Carmen Calvo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministras: “La Ley de memoria histórica albergará las modificaciones necesarias para que el objetivo se cumpla”. ¿Cuál es ese fin último? Antes al Gobierno le bastaba con sacar el cadáver del Valle de los Caídos, un lugar público que pertenece a Patrimonio del Estado, pero ahora quiere impedir que acabe en el centro de Madrid, en la parroquia anexa a la catedral de la Almudena, que es lo que quiere la familia.
“El Gobierno dispondrá de todo el instrumental de competencias, modificaciones de ley de memoria histórica para alcanzar el objetivo de que el dictador esté en un lugar privado, decoroso, sin enaltecimiento, ni posibilidad de hacerlo”, ha afirmado Calvo.
La fórmula por la que opta ahora el Gobierno, a través del Grupo Socialista, es introducir enmiendas al decreto ley de exhumación de Franco que se está tramitando como un proyecto de ley. El plazo para presentar enmiendas al articulado concluye el próximo martes y en el Ejecutivo confían en que ese periodo no se alargue más, a pesar de que PP y Ciudadanos llevan toda la legislatura bloqueando la tramitación de iniciativas ampliando continuamente los plazos.
Calvo ha asumido que la familia le ha complicado el proceso de exhumación al “obstruir” primero la exhumación y ahora la inhumación del golpista. “Le pido a quien es responsable de un templo la colaboración correspondiente”, ha dicho en referencia a la Iglesia, que asegura que no va a tomar ninguna medida excepcional para evitar la sepultura de un bautizado en su terreno, aunque reconoce que le incomoda la presencia del dictador.
Para Calvo, el Gobierno tiene que garantizar el “orden público” frente a cualquier manifestación que pretenda enaltecer a Franco. Lo que pretende el Gobierno es que la legislación deje claro que el dictador tiene que acabar en un “lugar privado, decoroso, sin enaltecimiento, ni posibilidad de hacerlo”.