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Opinión - Cada día un Vietnam. Por Esther Palomera

Gobierno y Unidos Podemos sientan las bases de una alianza a seis meses de autonómicas y municipales

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se hicieron este jueves la foto que fue imposible hace dos años y medio: la rúbrica de un acuerdo que, aunque es por ahora exclusivamente presupuestario, sienta las bases de una alianza con contenido para apurar la legislatura, cuyo final está previsto en junio de 2020. La relación entre ambos dirigentes ha mejorado sustancialmente desde que el socialista está en el Palacio de la Moncloa y su pacto les da aire a ambos a ocho meses de la triple cita electoral del 26 de mayo (autonómicas, municipales y europeas).

El presidente y el líder de Unidos Podemos han llegado a un punto de entendimiento y equilibrio que antes no tenían. Iglesias ha logrado arrancar al Gobierno algunas de sus propuestas estrella, especialmente en el marco laboral y con el SMI a la cabeza, y tener una posición de socio preferente y Sánchez llega a la negociación parlamentaria con un apoyo superior a los 84 diputados que le sustentan. Sumados a los 67 del grupo confederal, se constituye un bloque de 151.

La táctica ha sido la misma que en su investidura fallida de 2016. La obsesión del entonces candidato socialista era llegar al debate al menos con el apoyo de otro grupo. Entonces, el acuerdo se cerró con Ciudadanos. Pero la votación impidió a Sánchez llegar a la Presidencia del Gobierno.

Dos años después, Sánchez e Iglesias han tenido que intervenir personalmente para sacar adelante el acuerdo. Primero, se comprometieron a que el plan presupuestario que exige Bruselas antes del lunes se consensuara antes de enviarlo. Sobre la base de ese acuerdo se ha construido el documento de 50 páginas que sellaron ambos el jueves en el Palacio de la Moncloa.

El acuerdo se ha conseguido tras decenas de reuniones y sprint final de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y Pablo Echenique, que pilotaron las negociaciones. El broche lo pusieron, otra vez, Sánchez e Iglesias en un encuentro secreto en Moncloa a última hora del miércoles, después de una severa advertencia lanzada por Podemos el lunes.

Las fuentes consultadas por eldiario.es aseguran que el aviso de que corría peligro el acuerdo surtió efecto. “Los documentos del fin de semana y los que nos mandaron el miércoles eran como la noche y el día”, explican desde el grupo confederal. Unidos Podemos quería ceretezas (calendarios y cantidades). Y creen haberlas obtenido.

Tras la reunión de los líderes, los equipos negociadores siguieron las conversaciones hasta la madrugada para cerrar los flecos de un pacto que no tenía ya marcha atrás.

Un acuerdo que va más allá de 2019

El documento de 50 páginas constituye un acuerdo que va más allá de las Cuentas Públicas para 2019 e incluye medidas a desarrollar en los próximos años –por ejemplo, los permisos de maternidad y paternidad se ampliarán de forma paulatina– y algunas que no tienen nada que ver con los Presupuestos, como el blindaje legal de la sanidad frente a las privatizaciones, la eliminación del artículo 315.3 del Código Penal que limita la actividad sindical, el blindaje del “sí es sí” para evitar agresiones sexuales o la voluntad de modificar los artículos que penalizan las injurias a la Corona.

Tanto Gobierno como Unidos Podemos reconocen que han cedido para lograr el acuerdo: “Cuando uno se sienta en una mesa de diálogo tiene que estar en condiciones de ceder para intentar conseguir el acuerdo”, expresó Montero, que reconoció que “no todo el programa del PSOE está volcado” en el texto. Los socialistas eran contrarios, por ejemplo a tocar el IRPF o a tomar decisiones sobre el salario mínimo interprofesional sin contar con los agentes sociales, pero ha accedido.

El grupo confederal tampoco ha logrado todos sus objetivos. La derogación de la ley mordaza, la prevalencia de los convenios de empresa sobre los sectoriales, el blindaje de la subida de las pensiones según el IPC o el impuesto a la banca se han quedado por el camino.

Desde Unidos Podemos defienden el acuerdo como “satisfactorio” y señalan que es lo que se ha podido conseguir en las circunstancias actuales. “Si gobernáramos, haríamos más”, indican.

Negociaciones a partir del fin de semana

Además, el texto definitivo de ese acuerdo no es el que han presentado el Consejo de Ministras y Unidos Podemos sino que ahora tiene que someterse al escrutinio del resto de fuerzas que necesita el Gobierno para pasar de los 151 apoyos actuales a los 176 que necesita para que los presupuestos salgan adelante. La ministra de Hacienda ha reconocido que tendrán que aceptar modificaciones del acuerdo inicial.

Montero comenzará las conversaciones con el resto de formaciones de forma inmediata y reconoce que Sánchez también tendrá que intervenir. “Te llamaré el fin de semana”, le dijo al portavoz de Compromís, Joan Baldoví. Los socialistas creen que no tendrán problema para amarrarse esos cuatro votos (gobiernan en coalición en la Comunidad Valenciana), pero plantearán sus exigencias.

“Falta la segunda parte de los presupuestos. Tenemos el qué, pero ahora hace falta el cómo”, señala a eldiario.es Ignasi Candela, que pone como ejemplo que muchas de las ayudas que otorgan las comunidades están referenciadas con ese indicador. Si aumenta, “hay que hablar de cuánto dinero es necesario”. “Las comunidades gestionan prácticamente el estado del bienestar, por tanto hay que ver cómo las dotamos”, señala Candela. Compromís, además reclamará terminar con la “discriminación” de la Comunidad Valenciana en materia de financiación.

“Todavía no hemos tenido una derrota en el Congreso”

El PNV ha allanado el camino al mostrarse dispuesto a dialogar y plantear asuntos “factibles y razonables”. Una de las exigencias de los nacionalistas vascos para apoyar la moción de censura que llevó a Sánchez a Moncloa fue que se respetaran los acuerdos que habían alcanzado con Mariano Rajoy a cambio de su voto a las cuentas de este año. Así fue.

PDeCAT y ERC, cuyos votos en el Congreso son imprescindibles, están dispuestos a hablar de los presupuestos, pero amenazan con no apoyarlos si el Gobierno no da una instrucción a la Fiscalía para que retire la acusación de rebelión sobre los presos independentistas. El Ejecutivo no está dispuesto a hacerlo, aunque públicamente se ha mostrado partidario de que estén fuera de prisión, por ejemplo; pero para ambas fuerzas es insuficiente. Montero les ha pedido que las conversaciones sobre los presupuestos se limiten a los presupuestos.

A pesar de las reticencias, la vicepresidenta, Carmen Calvo, que se ha reunido con Pere Aragonès y Elsa Artadi se ha mostrado optimista: “Todavía no hemos tenido una derrota en la Cámara cuando nadie pensaba que iba a ser así”. Un fracaso en los presupuestos avivará de nuevo el debate sobre el adelanto electoral que Moncloa trató de zanjar hace una semana con la advertencia de que llegaría a 2020 con las cuentas aprobadas o sin ellas.