El Gobierno considera que el doble requerimiento que ha trasladado al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, y al Govern como paso previo para poner en marcha el artículo 155 de la Constitución permite encontrar una salida que sea viable para ambas partes. “En el requerimiento hay margen para la rectificación y dar pasos para volver a la legalidad, ya vimos lo que pasó en el Parlament. No todas las posturas son iguales dentro de Junts pel Sí”, apuntan fuentes de Moncloa.
Aunque las mismas fuentes no quieren adelantar cuál va a ser la respuesta de Puigdemont, apuntan a que unas elecciones autonómicas serían la puerta abierta para deshacer el nudo en el que se encuentra la política en Catalunya.
La indefinición del discurso del president de la Generalitat en el Parlament para luego pasar a firmar una declaración de independencia que no entraría en vigor a la espera de una mediación internacional fue el detonante final para que el Gobierno optara por emprender el camino del artículo 155 de la Constitución.
Fuentes de Moncloa aseguraron a eldiario.es que el Gobierno “no podía permitir prorrogar una crisis que está perjudicando gravemente a la economía del país y a la convivencia, principalmente en Catalunya. Ya está bien de juegos”.
El equipo de Rajoy mantiene que el Govern no se esperaba una “respuesta tan contundente y rápida”. Bajo está premisa en Moncloa aseguran que los responsables de la Generalitat “esperaban una pausa, que tras la pantomima del Parlament se dejara tiempo para destensar la situación y encontrar nuevos espacios pero el Gobierno no puede esperar más”.
De hecho, en el Gobierno se asume que la no declaración de Puigdemont solo es una táctica para ganar tiempo en la búsqueda de una intermediación —un personaje de renombre internacional— que conforme un escenario donde la Generalitat y el Gobierno tengan que negociar en el mismo nivel. “Están buscando desesperadamente que nos sentemos en una mesa con un personaje como Kofi Annan o alguno parecido, una posibilidad que es imposible y que se le ha repetido que no hasta la saciedad”, asegura una fuente del Ejecutivo.
Por este motivo, la abogacía del Estado ha trabajado para que no haya lagunas o posibilidades de respuestas retóricas en el doble requerimiento previo para impulsar el artículo 155 que ha puesto en marcha el Gobierno este jueves.
En el primer requerimiento se le exige a Puigdemont que clarifique antes de las 10 de la mañana del 16 de octubre si el martes se proclamó o no la independencia de Catalunya. Es más, la no respuesta, responder como hizo en el Parlament o incluso “cualquier contestación distinta a una respuesta afirmativa o negativa se considerará confirmación”.
En caso de respuesta afirmativa, entra en juego el segundo requerimiento que señala que antes del 19 de octubre el president y el Govern de la Generalitat “deberá revocar u ordenar el revocamiento” de dicha declaración de independencia. Además como principal representante del Estado en Catalunya, se le pide al president que comunique el requerimiento a la presidenta y a la Mesa del Parlament “requiriéndoles igualmente la restauración del orden constitucional”, y que “confirme si alguna autoridad” de la Generalitat ha declarado la independencia. Por último, deberá informar al Gobierno central del cumplimiento íntegro del requerimiento.
El Ejecutivo de Rajoy no ha optado por elevar al Tribunal Constitucional la declaración de Puigdemont en el Parlament porque primero se tiene que clarificar si declaró o no la independencia. Si responde que sí ha proclamado la independencia se estudiaría si también se abre el camino del Alto Tribunal como medida para paralizar la secesión.
En caso de que Puigdemont no responda, el viernes se llevaría a consejo de ministros las medidas que se aplicarían para intervenir la autonomía, que fuentes del Ejecutivo aseguran que serían “quirúrgicas” para evitar males mayores y que, tarde o temprano, desembocarían en unos comicios autonómicos.
Con la fórmula del doble requerimiento, Moncloa entiende que Puigdemont no tiene opciones para evasivas pero sí “margen para rectificar”, lo que con toda probabilidad también conduciría a unas elecciones autonómicas.