Los nuevos grupos parlamentarios del Congreso se repartirán en esta legislatura anualmente más de 9 millones de euros (9.135.499,8) para sus gastos. Esta cantidad corre a cargo de los presupuestos generales de la Cámara y responde a dos tipos de subvenciones: Una fija e igual para todos de 28.597,08 euros mensuales, más una variable de 1.645,49 euros, también mensuales, por cada diputado que hayan obtenido en las elecciones generales. El artículo 28.2 del reglamento del Congreso advierte de que los grupos “deberán llevar una contabilidad específica” de estas ayudas económicas “que pondrán a disposición de la Mesa del Congreso siempre que ésta lo pida”. Pero la realidad es que nunca se les ha exigido rendir cuentas.
Estas ayudas económicas, cuyas cuantías siguen congeladas desde 2010, están destinadas a sufragar los gastos de intendencia de los grupos. Según especifican fuentes de la Cámara Baja, sirven para contratar asesores o personal para los gabinetes de prensa; para encargar informes, preparar iniciativas o preguntas; para alquiler de coches si lo consideran necesario; para la compra de “detalles protocolarios”; o para adquirir material extra de oficina que no les haya aportado el Congreso, como ordenadores portátiles, por ejemplo. Todos estos datos sobre los ingresos de los grupos (así como los sueldos y otros derechos de los diputados) se pueden consultar en la página web del Congreso, en el apartado de “régimen económico”.
Lógicamente, los grupos que más dinero reciben son los mayoritarios al tener un número mayor de diputados. El PP con sus 119 escaños, recibirá entre la subvención fija y la variable, 224.410,39 al mes, es decir, 2.692.924,68 al año. Los socialistas, que tienen ahora 89 escaños, tendrán 175.045,69 euros al mes -2.100.548,28 al año-. Estos dos grupos han visto mermados sustancialmente sus ingresos en relación con la anterior legislatura al haber bajado considerablemente en número de escaños.
Podemos y sus confluencias (65 diputados) recibirán 135.553,93 euros al mes -1.626.647,16 al año-, y Ciudadanos (40 diputados) ingresará 94.416,68 al mes, lo que supone 1.133.000,16 al año. El resto de los grupos, al ser más pequeños, reciben menos dinero. Así, los 8 diputados catalanes de Democracia y Libertad dispondrán de 41.761 euros al mes -501.132 al año- y el PNV, con 6 diputados, recibirá 38.470,02 euros al mes -461.640,24 al año-.
El Grupo Mixto también contará con estas partidas de la Cámara y percibirá 51.633,94 euros al mes, lo que al año significa unos ingresos para gastos de 619.607,28 euros. Este grupo, no obstante, al ser tan heterogéneo, debe repartir la subvención variable proporcionalmente al número de diputados que tenga cada partido que lo conforma. De modo que, por ejemplo, Compromís tendrá derecho a reclamar de esa cifra global 1.645,49 euros al mes por cada uno de sus cuatro diputados.
Sumando las cantidades que recibirá cada uno de ellos, en total se repartirán anualmente 9.135.499,8 euros.
Por otro lado, el Congreso, además, paga y pone a disposición de cada grupo un cupo de asistentes proporcional al número de diputados. Como aún se puede comprobar en la citada página web de la Cámara, el PP contó en la legislatura pasada con 91 asistentes; el PSOE con 73; CiU con 11 y la Izquierda Plural, con 9, mientras UPyD y el PNV tuvieron derecho a 4 y el Grupo Mixto a 13.
¿Quién fiscaliza o controla estas importantes partidas económicas en subvenciones?. Según reconocen los propios diputados que han formado parte de las direcciones de los grupos parlamentarios, que son las que administran ese dinero, la Mesa del Congreso jamás les ha pedido facturas que justifiquen los gastos. Pero lo podría hacer, según el reglamento de la Cámara. No obstante, parte de estas partidas son fiscalizadas como ingresos a los partidos políticos por el Tribunal de Cuentas -que lleva con enorme retraso su trabajo-, aunque tampoco este organismo les ha puesto nunca en un brete.
En la legislatura anterior, cuando eldiario.es se interesó por el control de estas subvenciones, dos antiguos miembros de la Mesa del Congreso pertenecientes a los dos grupos mayoritarios, replicaron, molestos y casi al unísono: “¿Vamos a tener que presentar las facturas hasta de los bolígrafos que usamos?”.
Esta opacidad con la que los grupos han trabajado hasta ahora podría llegar a su fin si se cumplen las buenas intenciones con las que han llegado al Congreso los grupos emergentes. Tanto Podemos como Ciudadanos -que han renunciado a algunos de los privilegios que estaban institucionalizados-, quieren que se abra con urgencia una ponencia para la reforma del Reglamento para que, entre otras cosas, los grupos y los diputados rindan cuentas pormenorizadas de sus viajes y se sepa el destino de todo el dinero que reciben de la institución parlamentaria.
El PP y el PSOE, que ofrecieron en la legislatura pasada algunas muestras de transparencia, sin embargo, fueron incapaces de acometer estos cambios. Ahora aseguran que están dispuestos a que las normas cambien.