El guardia civil imputado defiende ante Pedraz que finge en la grabación métodos ilegales porque actuaba de agente doble

El brigada de la Guardia Civil S. B, imputado en una causa de narcotráfico y blanqueo por investigar a los sospechosos con presuntos métodos ilegales, ha justificado este martes en la Audiencia Nacional sus afirmaciones en una grabación incorporada al sumario en que fingía dentro de un papel de agente doble. 

Ante el juez Pedraz, el brigada ha acusado a la mujer que le grabó de colaborar con la organización investigada y ha defendido que habló de colocación de balizas sin autorización judicial o interrogatorios a detenidos sin abogado porque estaba fingiendo para infiltrarse en el grupo de presuntos narcotraficantes, han informado a elDiario.es fuentes jurídicas. 

El mando estaba destinado en el Grupo de Delitos Económicos de la Comandancia de Madrid cuando el pasado abril mantuvo una cita con una mujer con la que había quedado dos veces antes. Durante el transcurso de la cita, S. B describe los métodos con los que trabaja su grupo y responsabiliza a su jefe, el teniente Abel Marín, de forzar detenciones sin motivación solo “para que suene”, en referencia a la relevancia mediática que adquieren sus operaciones. 

Marín es el responsable de los atestados con los que la Guardia Civil intentó imputar con bulos y tergiversaciones varios delitos al delegado del Gobierno durante el primer estado de alarma por la epidemia del Covid y responsabilizar al Ejecutivo central de la expansión de la enfermedad por autorizar la marcha feminista del 8M. El brigada imputado también participó en aquella investigación, cuyos resultados fueron archivados por el juzgado con posterioridad. 

La versión del brigada ya había sido trasladada al juez por el teniente Marín en un informe. Este martes, según las fuentes consultadas, el imputado ha mantenido que actuaba como agente doble porque sabía que la mujer era una enviada de la organización que investigaba. La grabación de esa cita acaba con ambos pidiendo una habitación de un hotel en la recepción y pagando con tarjeta. 

La mujer dijo ante el juez que grabó al brigada porque había tenido antes problemas con hombres casados, para defenderse, y que fue después cuando supo que uno de sus amigos era objetivo del grupo del brigada y que le entregó la grabación entonces para que pudiera defenderse de esos métodos. “Soy el más ilegal de los ilegales”, llega a decir el agente en un momento de la conversación. 

El brigada ha contestado las preguntas del juez, del fiscal Antidroga y de su abogado, y se ha negado a responder a las defensas de los imputados en la Operación Águila-Frozen, sobre narcotráfico y blanqueo de capitales. Para intentar apuntalar su versión ha dicho que creyó que unas fotos íntimas que envió a su móvil la mujer eran un virus troyano y que se lo llevó a un informático para cerciorarse, sin detallar de quién es el profesional que lo atendió o dónde podía ser localizado. 

Caso Cuarteles

El guardia civil habló en su cita con la mujer de varias de sus investigaciones y de su pasado en el Cuerpo. Entre otros asuntos aseguró que había estado destinado en Gestión Económica de la Dirección General, que maneja el patrimonio de la Guardia Civil, y que conocía la presunta corrupción en su seno que ha emergido con el caso Cuarteles, connvencia entre generales y un empresario también investigado en el caso Mediador. “Pillábamos pasta. Eso ha sido siempre así”, se le oye decir.  Ni el juez ni el fiscal han preguntado al investigado por este extremo, ajeno al procedimiento en el que se ha producido la declaración.

El juez Pedraz le ha preguntado qué obtuvo de esa supuesta labor de infiltración, a lo que el brigada ha contestado con el hecho de que unos investigados por un delito de estafa comparecieran ante la Guardia Civil, un fleco menor que afecta a algunos investigados en la Audiencia Nacional pero en una que se sigue en un juzgado de Majadahonda. 

El brigada S. B también ha dicho que mantuvo oculta su labor de infiltración a su propio jefe, el teniente Marín y que solo cuando en julio Economist & Jurist publicó la primera información sobre los supuestos métodos ilegales fue cuando se lo trasladó.