El debate abierto sobre el sueldo de los políticos va a tener su primera repercusión en las nóminas de nuevos alcaldes como Ada Colau, en Barcelona; Manuela Carmena, en Madrid; o Martiño Noriega, en Santiago de Compostela.
Todos ellos han anunciado su intención de cobrar menos que sus predecesores y esas rebajas son sustanciosas en casos como el de Barcelona, donde Colau pasará a cobrar unos 37.000 euros frente a los 144.000 euros que percibía Xavier Trías. Manuela Carmena ganará unos 40.000 euros, lo que supone una reducción de más de la mitad respecto a Ana Botella, cuyo sueldo es de 100.000 euros.
No obstante, nadie ha fijado un método homologable para esas rebajas. Podemos, la formación que hizo bandera de la reducción de los sueldos de los cargos electos, no tiene previsto aprobar en los plenos municipales esas bajadas de salario y mantendrá su práctica, ensayada ya en el Parlamento Europeo, de destinar parte del sueldo de los cargos electos para financiar el partido.
Ese método ya funciona en otras fuerzas tradicionales, como PSOE e IU, cuyos representantes públicos dan a la organización una cuota fija por el cargo que ocupan. Ciudadanos exige a sus cargos públicos un 10% del salario. El secretario de Acción Política, Antonio Espinosa, ve lógico que se contribuya a la “estructura” de la organización pero critica cómo lo ha vendido Podemos puesto que no supone un ahorro real: “Al final va a parar al partido, no supone ahorrar a los presupuestos públicos”. “Si descuentas las retenciones y lo que le das al partido, no creas que queda más de los 1.800 que son tres veces el salario mínimo interprofesional”, añade el dirigente.
Los concejales rasos de Ahora Madrid percibirán 2.594 euros -salvo los que pertenezcan a Podemos, cuyo sueldo no podrá superar los 1.930 euros- y aquellos que tengan áreas de responsabilidad recibirán sumplementos con un tope de 39.318 euros anuales. El dinero restante, es decir, entre el sueldo real que está fijado y lo que van a percibir irá a parar a las organizaciones que los ediles decidan. Barcelona en Común no ha revelado cuál será su funcionamiento: si modificará las nóminas con el acuerdo de las demás fuerzas en el pleno o si los concejales recibirán toda la cantidad y la derivarán a otros fines.
Otras coaliciones, como Compostela Aberta, sí llevará a cabo una modificación en los sueldos de los representantes públicos. Esa medida, en el caso de los consistorios, debe aprobarse en el pleno municipal mientras que es una función propia de la Mesa de los parlamentos regionales. El futuro alcalde de Santiago, Martiño Noriega, ha anunciado que bajará su sueldo hasta los 36.000 euros. Por la horquilla poblacional de la capital gallega, Noriega podría cobrar hasta 75.000 euros anuales, según establece la ley. Joan Ribó, alcaldable de Compromís en Valencia, también ha mostrado su disposición a bajar los sueldos, pero ha admitido que necesita el acuerdo del resto de grupos.
Mismo sueldo para un concejal o un ministro
En la formación de Pablo Iglesias se insiste en que nadie deberá cobrar más de tres salarios mínimos interprofesionales sin tener en cuenta el grado de responsabilidad del cargo en cuestión. Dicho de otro modo, un concejal de Podemos en una localidad media podría cobrar lo mismo que un ministro, en el caso de que este partido llegue al Gobierno.
Esa paradoja ya se ha producido en el marco de las negociaciones para la formación de los gobiernos regionales. Podemos pidió a Guillermo Fernández Vara que cobre tres veces el salario mínimo interprofesional como presidente de Extremadura. Esa rebaja del 66% respecto al sueldo de José Antonio Monago supondría que el barón socialista cobraría lo mismo que un auxiliar de la Asamblea o que el conductor de su coche oficial. Incluso el chófer del presidente del Parlamento regional tendría una nómina superior: 34.600 euros anuales frente a los 27.000 de Ferández Vara. Durante la primera ronda de contactos para la investidura, el candidato del PSOE se mostró favorable a que los salarios se negociaran en la Mesa de la Asamblea en función de la responsabilidad que asuman los cargos públicos.
Otro episodio que afecta a los sueldos públicos es el de los cargos de confianza y asesores. La línea general que han defendido todas las formaciones tras los comicios es la necesidad de reducir el número, pero tampoco hay un critierio fijado respecto a las cifras y los salarios. Podemos aún no ha diseñado un “protocolo” que establezca las normas, aunque fuentes del partido aseguran que en ningún caso cobrarán más de los 1.930 euros de los tres salarios mínimos.
En Barcelona en Comú los cargos públicos deben aceptar un código ético que establece el máximo salarial en 2.200 euros netos al mes, que es lo que ganará la alcaldesa Ada Colau. La líder de la coalición advirtió de que todos los cargos de confianza deberían asumir las condiciones del código ético. La formación ha fechado al exdirigente del PSC Jordi Martí como gerente del consistorio, pero desde Barcelona en Comú no dicen si se ha sometido a las reglas del tope salarial.