Marzo de 2008. Ignacio González, vicepresidente de Madrid, vuela a Johanesburgo (Suráfrica) junto con su esposa y un contratista del Ejecutivo madrileño. Cuando el viaje trasciende a la opinión pública, una lluvia de sospechas cae a plomo sobre el escudero de Esperanza Aguirre. Los billetes de González y su mujer habían costado algo más de 8.000 euros. Pero el protagonista ni se inmuta: “Mi viaje –asegura entonces– me lo pagué yo en metálico porque me venía bien, y tengo factura de ello”. Cuestión zanjada.
Tanto como, de momento, lo parece el asunto del ático de lujo que González y su familia aseguran tener alquilado en Estepona por 2.000 euros al mes y que oficialmente pertenece a una empresa radicada en Delaware –Estado norteamericano con privilegios similares a los de un paraíso fiscal–, inactiva desde hace dos años y administrada por un abogado que se publicita como testaferro en Internet.
Investigar el ya famoso ático le ha costado el cargo a dos mandos policiales, uno de ellos el comisario general de la Policía Judicial, Enrique Rodríguez Ulla, nombrado por el Gobierno del PP, que emprendió indagaciones tras una denuncia del SUP, el sindicato mayoritario del cuerpo.
Lo expuesto en el párrafo anterior basta para sostener que Ignacio González, licenciado en Derecho de 52 años y protegido de Esperanza Aguirre desde su ya lejana etapa en el Ayuntamiento de Madrid, es un hombre de suerte: ni afectó a su carrera el viaje a Johanesburgo ni el realizado en agosto de ese mismo año a Cartagena de Indias (Colombia) y que fue grabado sin su conocimiento en un vídeo donde se le ve junto a sus acompañantes, que entran en una casa con bolsas de plástico y salen sin ellas. La difusión del vídeo ha costado la imputación a una periodista de la Cadena SER.
Incólume se mantuvo también González después de que el diario Público desvelase que el extesorero del PP Luis Bárcenas avisó en el otoño de 2004 a Rajoy sobre la presunta participación del vicepresidente madrileño en una turbia adjudicación de suelo luego investigada en el caso Gürtel.
González tiene suerte y, sobre todo, tiene poder. Cobijado bajo la sombra de Aguirre, ha barrido a todos aquellos que se han interpuesto en su camino: por ejemplo, a su más firme rival interno, Francisco Granados, descabalgado por la lideresa como secretario general del PP madrileño en noviembre de 2011. Hasta la fecha, solo consta una batalla perdida en el balance de quien hasta ayer manejó la vicepresidencia del Gobierno regional con una mano y con la otra el opaco gigante empresarial del Canal de Isabel II.
Esa batalla se llama Caja Madrid, a cuya presidencia intentó Aguirre aupar a González. Rajoy dijo no y optó por Rodrigo Rato. Saber si el jefe del Ejecutivo aceptará de forma pacífica que González dirija la Comunidad de Madrid hasta las próximas autonómicas es hoy la gran incógnita por resolver.