Un suboficial de la Guardia Civil en la Comandancia de Madrid, encargado de perseguir a organizaciones criminales, está imputado en la Audiencia Nacional tras aparecer en una grabación confesando las ilegalidades que cometería él y la unidad a la que pertenece en el transcurso de sus investigaciones, tales como colocar dispositivos de seguimiento sin autorización judicial o realizar interrogatorios sin la presencia de un abogado. “Soy el más ilegal de los ilegales”, llega a decir el brigada, uno de los mandos que participó en la elaboración de los atestados con los que su unidad intentó atribuir al Gobierno y a la autorización de la marcha feminista del 8 de marzo de 2020 la propagación de la epidemia del Covid.
El juez Santiago Pedraz tomó declaración el pasado julio a la mujer que grabó al mando del instituto armado cuando ambos mantenían una incipiente relación. Aseguró que lo hizo porque en el pasado había tenido problemas con hombres casados, para protegerse. Después, relató al magistrado, se dio cuenta de que uno de los investigados por el guardia civil y sus métodos es amigo suyo, por lo que le entregó las grabaciones para que pudiera defenderse.
Por su parte, el inmediato superior del guardia civil investigado ha remitido un informe al juzgado en el que acusa a la mujer de colaborar con una de las organizaciones de narcotráfico que investiga su unidad. Uno de los presuntos miembros de esa organización ha incorporado las grabaciones a la causa a través de su letrado. Tras escuchar a la mujer, Pedraz decidió tomar declaración al brigada en calidad de investigado el próximo martes.
El jefe de la Guardia Civil al que el brigada menciona en estas grabaciones como máximo responsable de los excesos de su grupo de es el teniente Abel Marín, al frente de Delitos Económicos y Tecnológicos. Marín, con la colaboración del brigada y otros subordinados, confeccionó los atestados sobre el 8M, unos informes plagados de suposiciones, acusaciones infundadas e informes mutilados para concluir que el Gobierno autorizó la manifestación del 8M pese a que conocía desde dos meses antes el alcance que iba a tener la pandemia. “Mi jefe es buen chaval, pero solo quiere que suene”, dice el brigada del teniente Marín y de su presunta obsesión con alcanzar relevancia mediática.
La crisis que provocaron los atestados sobre el 8M
Aquellos informes de la Guardia Civil, en el marco de la Operación Sanitario, provocaron la imputación del entonces delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, si bien apuntaban a uno de los grandes objetivos de la oposición política y mediática durante la pandemia, el epidemiólogo Fernando Simón, portavoz del Ministerio de Sanidad durante la peor época del Covid-19, así como a varios miembros del Ejecutivo, caso de la ministra de Igualdad, Irene Montero.
La jueza de la Operación Sanitario terminó archivando el caso solo después de una gran tormenta política y mediática provocada por el contenido de los citados atestados. El contenido de los informes fue publicado durante el primer estado de alarma y cuando España registraba uno de los mayores niveles de mortalidad de Europa por la epidemia mundial de Covid. El nivel de crispación era enorme.
Cuando elDiario.es accedió al contenido íntegro de los atestados quedó al descubierto que estaban repletos de bulos, tergiversaciones y sesgo ideológico [leer aquí]. Para entonces, el Partido Popular y Vox ya habían hecho auto de fe con las noticias publicadas sobre los atestados con anterioridad y las habían incorporado a la estrategia de desgaste al Gobierno en plena pandemia.
En las grabaciones que revelan los métodos ilegales de la unidad que redactó esos atestados, unos audios cuyo contenido adelantó Economist & Jurist, el brigada aparece hablando con la mujer de forma distendida en varios enclaves, como un restaurante, un coche o el acceso a un hotel. Presume de las operaciones que le son asignadas a él y a su unidad ante el interés de la mujer, quien interviene en la conversación para hacerle preguntas e incidir en cuestiones que le plantea el suboficial, incluidas las actuaciones ilegales.
Guardia Civil: “El otro día tienen que montar una historia de estafas de alquileres vacacionales, que sale mi jefe [en los medios], ahora te lo enseño ahí… Lo que ha hecho es una auténtica vergüenza (…) Es una puta mierda. Yo detuve a gente que… Me dijo: detiene a estos tres”.
Testigo: “¿Lo que me contaste de la negrita?”
Guardia Civil: “Pobre negra, la muchacha no ha hecho nada, pero es que el otro día en estos, igual. Había gente que decía, pero es que, si a mí me han robado el DNI, es que yo no sé ni de lo que me hablas. Llega el punto en que los crees y dices: hostias es que es verdad, pues a mi jefe [teniente Abel Marín] le da igual, mi jefe es buen chaval, muy buen chaval, pero solo quiere que suene”.
El brigada imputado ahora era sargento primero cuando su unidad desarrolló la Operación Sanitario sobre la autorización del Gobierno a la marcha del 8M de 2020. La testigo de sus presuntas corruptelas aseguró al juez Pedraz en su declaración de julio pasado que, entre los asuntos de los que le hablaba el sargento en las tres citas que mantuvieron –después de estar en contacto por teléfono durante un año– estaba lo que ella llama “8 de mayo”, en lo que parece un error al querer referirse al 8 de marzo.
El juez Pedraz le pregunta por qué el guardia le contaba cosas de su trabajo y ella contesta: “Desde el primer momento me habla muchísimo de su trabajo, por whatsapp, en la primera quedada, en la segunda, muchísimos más… cosas de Piqué, del 8 de mayo, muchísimas cosas”.
Piqué, Rubiales y el rastro del brigada
En la causa por el 8M, el ahora brigada y entonces sargento tomó declaración a seis testigos, tres sindicalistas y tres funcionarios de la Delegación del Gobierno, y firmó esos testimonios con el número de su Tarjeta de Identificación Profesional (G72913A), en calidad de instructor de esas diligencias. Las sindicalistas le explicaron que no habían sido advertidas por la Delegación del Gobierno de riesgo alguno y los funcionarios explicaron que no tuvieron conocimiento real del mismo hasta el 11 de marzo, tres días después de que se celebrara la marcha multitudinaria.
Fuentes de la propia Guardia Civil aseguran que, más allá de ese rastro tangible de su participación, el brigada y otros mandos participaron activamente en la confección de los voluminosos atestados repletos de manipulaciones, aunque fuera otro compañero y su jefe del Grupo de Delitos Económicos, el entonces teniente Abel Marín, quienes rubricaran los dos informes más polémicos, tendentes a intentar demostrar que el Gobierno conocía el alcance del Covid-19 desde el mes de enero de 2020 y que aún así autorizó la manifestación feminista.
La alusión de la testigo a Piqué responde a que la Unidad del brigada también está asignada como policía judicial en la causa que se sigue en un juzgado de Majadahonda por las irregularidades en el contrato para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí entre la Real Federación Española de Fútbol y la empresa del exfutbolista del FC Barcelona Gerard Piqué, abierto tras los ‘Supercopa Files’ publicados por El Confidencial.
“Pero a mí –continuó declarando la testigo ante Pedraz en su declaración del pasado julio–, sinceramente, me importaba que le fuera bien a él porque me estaba enamorando, pero no sé si era una especie de desahogo porque nada más estar con él me empezó hablar del malo, de este… sobre todo del grupo este, con una obsesión, cuando va a por ellos, lo que están haciendo, me contaba muchísimo. No sé, porque yo en ningún momento le preguntaba nada”.
En las conversaciones grabadas, sin embargo, hay pasajes en los que la testigo le pregunta por su trabajo, mientras él es profuso en detalles. El brigada explica a la mujer cómo funciona una baliza, un dispositivo de seguimiento que se coloca en los vehículos de los investigados, y el sistema por el que los agentes reciben la alerta de que se está moviendo.
Testigo: “¿Y luego, por ejemplo, si ves dónde va, ¿tienes que decir por qué lo has encontrado, con la baliza y todo?”
Guardia Civil: “No, porque es falso todo. Esa baliza es ilegal. Yo soy el más ilegal de los ilegales. De hecho, a este que vamos a detener ya le detuvimos. Nos había quitado dos balizas. Y con lo que es, en el coche, les digo: montadle en el coche y le lleváis al juzgado vosotros, encapuchados o como queráis. Y rascadle un poquito a ver por qué (…) Vamos a jugarle un poquito psicológicamente a ver qué nos cuenta”.
El brigada confiesa a su interlocutora que graban ilegalmente esa declaración en un coche y sin un abogado presente. “Se le oye bajito, pero se le oye. Y va el tío diciendo que, bueno, que mi jefe va a por ellos, que no sabe por qué. A por su hermana, que tiene algo, que nosotros somos súper ilegales, que le metemos balizas ilegales, que nos inventamos seguimientos… Cosas que son verdad, que se la hemos liado. ¡Vamos que si se la hemos liado! ¡Les hemos hecho de todo! Pero es que si no, a esta gente no la pillas. Yo no puedo ir detrás”, cuenta el guardia civil.
Operación Águila-Frozen
Estas últimas prácticas ilegales se habrían producido en el marco de la causa en la que ahora está imputado el guardia civil y de la que antes era investigador. Se trata de la Operación Aguila-Frozen de narcotráfico y blanqueo de capitales en la que la testigo asegura que tiene un amigo imputado al que le ha facilitado las grabaciones cuando se ha enterado de que era afectado por las presuntas ilegalidades del investigador.
La Operación Águila-Frozen se abrió a partir de una información facilitada por la DEA estadounidense a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que trabaja conjuntamente con la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Madrid, a la que pertenece el brigada. El grueso de la misma se desarrolló entre junio de 2019 y mayo de 2021 aunque continúa abierta. Se detuvo entonces a 33 personas y se incautaron 239 kilos de cocaína y varias armas de fuego. También se bloquearon un total de 39 inmuebles y 73 coches de alta gama dedicados presuntamente al blanqueo de los beneficios de la droga.
Según han informado a este periódico fuentes de la Guardia Civil, el brigada fue apartado de la Unidad Orgánica de Policía Judicial tras la publicación de las primeras informaciones con los audios el pasado julio y se le abrió una información reservada, instrumento disciplinario que determina si hay o no indicios para abrir un expediente. Ahora está destinado en la Plana Mayor de la Comandancia, una suerte de secretaría sin funciones operativas. El agente llevaba destinado en la UOPJ desde julio de 2013, hace diez años.
Su jefe en la Unidad: “Fingía porque actuaba de agente doble”
Se da la circunstancia de que la información reservada, el inicio de la investigación interna para esclarecer el contenido de las grabaciones, se ha encargado al teniente Abel Marín, el mismo que es señalado por el brigada en los audios como máximo responsable de las ilegalidades de su unidad y cerebro policial de los atestados contra el Gobierno del 8M. Ese mismo teniente remitió el 26 de julio un informe a Pedraz en el que ya exculpa a su subordinado.
El teniente Marín traslada la versión de su subordinado en el informe sobre el contenido de las grabaciones: el brigada sabía que la mujer era una colaboradora de la organización de narcotraficantes investigada y actuó como “un agente doble”, es decir, que es “completamente falso todo lo aludido por el mismo y como parte de una estrategia policial”. No alude el teniente a que esa actuación de supuesto “agente doble” incluyó concluir la cita en un hotel. La grabación muestra cómo ambos piden una habitación para pagar con tarjeta sin que se les incluya el desayuno.
Respecto a la presunta utilización de balizas ilegales, el teniente reconoce que uno de los investigados en la Operación Águila-Frozen denunció el hallazgo de dos dispositivos en su coche en abril de 2021, pero alega que la querella resultó archivada “por falta de autor conocido”. Una segunda querella por el hallazgo de un nuevo dispositivo de seguimiento ha sido presentada por la defensa sin que aún haya decisión judicial.
El argumento exculpatorio del teniente Marín es que las colocación de balizas sin autorización judicial está prohibida y que, por tanto, su unidad no lo hace. Es la misma tesis que viene a utilizar sobre el supuesto el interrogatorio por encapuchados al detenido en un coche: “No obran informaciones de los detenidos obtenidas fuera de esas manifestaciones”. Añade que él estaba de vacaciones pero que ha hablado con sus subordinados y que le han confirmado que no procedieron como denuncian las defensas y confirma el brigada en la grabación.
El teniente añade que ha comprobado que el dispositivo de vigilancia no fue facilitado por el departamento que provee a su unidad de ese tipo de baliza, como él ha podido certificar, y que su uso, siempre que fuera un dispositivo oficial de la Guardia Civil, está auditado por una unidad independiente. Para rematar, alude a una fotografía que publicó Economist & Jurist y concluye que esas no son balizas utilizadas por su unidad y que una, además, está mal colocada. El teniente Marín destaca que la baliza fue encontrada en abril, después de la explotación de la operación, y lo expone pese a que la investigación seguía su curso entonces.
La testigo dijo al juez que empezó a tener relación por teléfono con el entonces sargento porque una persona de su entorno le había dado su teléfono. El brigada asegura que le llamó un día a su teléfono corporativo y se excusó en que se había confundido de número, pero que desde entonces ella “no cesó en su empeño” de verse con el brigada en persona.
El pasado del teniente Marín
El teniente Marín concluye su informe al juez que se trata de una “línea de defensa adoptada desde el principio por los investigados, consistente en desacreditar la investigación [sobre narcotráfico y blanqueo] y a las personas que la han llevado a cabo”. Las defensas han solicitado al juez que, una vez conocido el contenido de la grabación, aparte a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la investigación.
El pasado del teniente Marín, el jefe directo del brigada objeto de las grabaciones, es conocido de puertas adentro en la Guardia Civil, pero no trascendió ni siquiera con la polémica por los atestados del 8M. Se trata de un oficial que ingresó al instituto armado a través de la “pasarela” procedente de las Fuerzas Armadas, que se reservan un número de plazas por promoción para quienes deseen convertirse en miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Ampliamente condecorado por los éxitos de sus operaciones, Marín estuvo implicado en la primera mitad de los 2000 en un turbio asunto junto a uno de sus hermanos y varios narcotraficantes, entre ellos Álvaro López Tardón, cabecilla de ‘Los Miami’. El dueño de un local de Móstoles denunció al guardia civil y a su hermano por intentar extorsionarle clavándole unas tijeras en el omoplato, robarle y destrozar parte de su local con el objetivo de que les entregara 6.000 euros. Los hermanos, a su vez, denunciaron a los 'narcos' por dispararles cuando, según esta versión, volvieron para cobrar la cantidad requerida, lo que desmentían los Marín.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid archivó los hechos el 5 de julio de 2010 porque los supuestos delitos contra Abel Marín y su hermano habían prescrito y porque la denuncia que habían presentado ambos contra los 'narcos' por el tiroteo no fue refrendada dentro del plazo. Sobre el tiroteo, la Fiscalía había concluido que “las declaraciones de Abel y Francisco Javier Marín Seoane no reúnen los requisitos exigidos por la Jurisprudencia del Tribunal Supremo para otorgarles credibilidad (…) Están llenas de contradicciones, no se ven corroboradas por datos periféricos que pudieran haber llevado a la declaración incriminatoria”. En el lugar solo apareció una vaina coincidente con la munición del arma reglamentaria de Abel Marín.
El Gobierno se centró en Pérez de los Cobos
La actuación de la Unidad de Marín en el peor escenario de la pandemia fue el origen de una polémica que acabó en un terremoto en la Guardia Civil, con el coronel jefe de la Comandancia, Diego Pérez de los Cobos, cesado, y el director operativo de todo el Cuerpo, general Laurentino Ceña, presentando su dimisión en protesta por el cese.
El Ministerio del Interior acusó al coronel Pérez de los Cobos el alcance de una investigación que conllevó la imputación del delegado del Gobierno en Madrid. Pérez de los Cobos alegó que la jueza Carmen Rodríguez-Medel había prohibido expresamente a Marín y sus subordinados participar de sus avances a nadie que no fuera ella. Pérez de los Cobos recurrió su cese, revertido finalmente por el Tribunal Supremo. El coronel se reincorporó a su puesto después de que se apartara de su Unidad de Policía Judicial al brigada de las grabaciones y se abriera la información reservada.
La única investigación abierta por los atestados repletos de bulos y tergiversaciones estuvo dirigida a conocer quién había filtrado a Okdiario el contenido de los mismos según llegaban a la mesa del juzgado. El único sancionado fue el comandante al que se encargó la investigación de la filtración por haber saboteado sus propias pesquisas. Un juzgado de lo Contencioso-Administrativo aceptó el recurso del mando contra la sanción y la Dirección General del instituto armado decidió no recurrir.