El informe pericial descarta que Podemos pagara un precio inflado a Neurona por los trabajos de la consultora

El informe pericial clave en el caso Neurona ha acreditado que Podemos pagó por los trabajos encargados a la consultora mexicana Neurona un precio “dentro del rango medio, e incluso levemente por debajo, de lo establecido por los precios del mercado del sector”. El magistrado Juan José Escalonilla aguardaba el informe del experto al que encargó la pericial para adoptar una decisión sobre el caso que instruye en su juzgado y que, después de las conclusiones del perito, se ve abocado al archivo.

“Mas allá de los gustos personales o la opinión de cada particular en relación a los trabajos analizados en la presente prueba pericial, tenemos que concluir que los trabajos y servicios analizados cumplen con los cánones y estándares profesionales en el ámbito de la comunicación política internacional y el diseño de campanas”, analiza Aleix Sanmartín, designado por el juzgado para realizar la pericial.

Y añade el experto en comunicación: “En relación al precio de los productos y servicios analizados debemos concluir que se encuentran dentro del rango medio, e incluso levemente por debajo, de lo establecido por los precios del mercado del sector”. 

El juez Juan José Escalonilla investiga desde 2020 una denuncia del exabogado de Podemos José Manuel Calvente en la que apuntaba a media docena de irregularidades contables en el seno del partido político. La mayor parte de esas piezas de investigación, entre ellas la que indagó en si la ministra Irene Monteró usó a trabajadoras del partido como niñeras de forma ilegal, han quedado archivadas y el magistrado solo investiga determinadas facturas pagadas o cursadas en 2019 a la consultora Neurona.

El pasado septiembre, Escalonilla archivó la causa contra Monedero y sacó de la causa a Podemos como persona jurídica, ya que el delito que investiga, concluyó, “no puede ser atribuido a un partido político”.

La causa dirigida durante estos tres años por el juez Escalonilla desde la Plaza de Castilla de Madrid arrancó cuando José Manuel Calvente, abogado expulsado del partido entre acusaciones de acoso sexual posteriormente no probadas, acudió a la Guardia Civil para denunciar un rosario de irregularidades contables dentro del partido que dirigía entonces Pablo Iglesias: desde sobresueldos hasta la existencia de una caja B dentro de la formación, aunque amparándose en “rumorología” y el “miedo” de otros trabajadores para poder ofrecer más datos.

El juzgado fue abriendo piezas separadas que, a fecha de hoy, han quedado archivadas en su mayoría. Por ejemplo la que investigó si en la caja de solidaridad de Podemos existía, en realidad, un sistema de financiación irregular, si hubo ilegalidades en contratos con una consultora portuguesa o, entre otras, si hubo un 'casi niñera' por la presencia de cargos del partido sujetando a la hija de la ministra Irene Montero y Pablo Iglesias en determinados momentos.

Todas esas acusaciones quedaron archivadas y el juzgado solo mantiene abierta la línea de investigación en torno a los trabajos que la consultora mexicana Neurona hizo para la formación en las elecciones de 2019, que según el partido se pagaron a precio de mercado y sin que existiera ningún tipo de sobrecoste o pago irregular. Al juez le costó meses encontrar un perito de prestigio que se prestara a realizar una evaluación poco frecuente y que debía determinar, no ya la elaboración de los informes, si no que estos valían lo que se pagó por ellos. Con el informe pericial que firma Sanmartín el juez deberá decidir si archiva finalmente la investigación.