Se trata de una reforma pendiente desde hace años que busca equiparar nuestro sistema penal al de los países de nuestro entorno. En 2015 se hizo público un principio de acuerdo entre PP y PSOE para que la instrucción de las causas pasase de los jueces a los fiscales, pero no pasó de ahí. Un año más tarde, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, anunció que iba impulsar esa reforma, pero la pérdida de credibilidad de la Fiscalía tras las injerencias del Gobierno dificultan ese cambio legislativo.
Durante un pleno del Congreso el pasado 5 de diciembre, Catalá proclamó que el Ejecutivo prepara una reforma para dotar a los fiscales de “un nuevo rol” como directores de la investigación. Serían ellos, y nos los jueces, quienes diesen órdenes a la policía para la búsqueda de pruebas, los encargados de reunir las evidencias suficientes para acudir “con convicción” al juicio oral. Su labor la complementaría “un juez de garantías” que aseguraría el respeto de los derechos y libertades de los implicados en el proceso.
El anuncio se produjo un mes después de que el Gobierno hubiese elegido a José Manuel Maza como nuevo fiscal general del Estado. Fue el primer paso para tomar el control de la Fiscalía Anticorrupción con el nombramiento de Manuel Moix, una estrategia que fracasó tras las injerencias de este en casos como Lezo y el 3%. Al final, Moix tuvo que dimitir a los pocos meses tras la publicación de que compartía una sociedad en Panamá con sus hermanos.
Moix solo duró cuatro meses, pero fueron suficientes para generar una crisis de credibilidad en la Fiscalía que ahora se interpone en la reforma anunciada por Catalá. Quienes apuestan por este cambio en la investigación judicial admiten que los últimos sucesos impiden que se aborde a corto plazo. Sus detractores los usan para justificar que sean los jueces quienes continúen dirigiendo la instrucción.
La Fiscalía es “una institución jerarquizada”
“Apostamos por mantener la instrucción de las causas penales en manos del juez. No estamos de acuerdo en que vaya a manos del fiscal, porque no aporta nada, no mejora el resultado de la instrucción”, afirma Celso Rodríguez Padrón, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria en la carrera.
Rodríguez justifica la posición de su asociación en que el juez “es el valor esencial de la independencia”, algo de lo que no goza el fiscal, añade, que es miembro de “una institución jerarquizada”. Sin nombrarlo expresamente, hace referencia al caso Moix como prueba de esa “visión social” de falta de independencia, que aunque “pueda ser injusta”, está ahí.
La organización jerárquica del Ministerio Fiscal, regido por una unidad de acción y con nombramientos a dedo, es el argumento de quienes se oponen a que los jueces dejen de instruir. Uno de los más claros en este aspecto ha sido el juez Eloy Velasco, instructor de casos como Púnica o Lezo, quien se opuso a ese cambio legal argumentando que existía el riesgo de que algunos fiscales recibiesen instrucciones de sus superiores.
“Me siento más independiente que los fiscales, también en esos casos en los que el fiscal general, que es elegido por el Gobierno, puede dar una instrucción”, aseguró en una conferencia. Velasco vivió de primera mano la intervención de Maza para frenar la acusación contra el ya expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez, cuando el fiscal general se opuso al criterio mantenido por las fiscales del caso Púnica.
“No es el mejor momento”
Quienes sí creen que los fiscales deben asumir la investigación lamentan que la imparcialidad de la Fiscalía haga inviable esa reforma. “Los acontecimientos desde finales de 2016 hacen que haya movimientos claramente en contra de esa reforma. Hemos visto cómo el Gobierno trata de interferir, de colocar a ciertas personas en puestos clave, y se ve que logran esos propósitos”, afirma Emilio Fernández, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales.
Fernández lamenta que esos movimientos hayan “tirado por la borda el trabajo de muchos años”. “Si se da la imagen de que se puede gobernar a los fiscales a través del fiscal general y otros nombramientos, los jueces y otros colectivos desconfiarán”, añade. Es optimista y cree que la reforma llegará, pero admite que “ahora mismo nadie piensa que vaya a ocurrir a corto plazo”.
“Con el Ministerio Fiscal totalmente dependiente del Ejecutivo no es el mejor momento”, asegura Ignacio González, portavoz de Jueces para la Democracia. Explica que su asociación es partidaria de que el juez asuma un papel de “garante, de juzgar y hacer juzgar lo juzgado”, y que sea el fiscal quien dirija la investigación.
Sin embargo, como el resto, cree que la actual situación de falta de credibilidad en la Fiscalía hace inviable la reforma. “Habría que modificar el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal para dotarlo de una mayor independencia, pero hasta que no se den esas condiciones objetivas, es obvio que no podemos hablar de un cambio en el procedimiento”, lamenta.