En España hay siete personas que no son policías a las que Jorge Fernández Díaz nombró comisarios honorarios del Cuerpo. Una de ellas es el director de La Razón Francisco Marhuenda, según reveló en abril eldiario.es. La Fundación Hay Derecho ha conseguido, no sin trabas, conocer el nombre de otras tres. Pero aún restan otras tantas de las que el Ministerio del Interior se niega a publicar su identidad bajo argumentos como la seguridad, la intimidad e incluso la “ansiedad” que le podría causar a alguien el hecho de que se haga público tal reconocimiento.
Hay Derecho se dirigió al Ministerio del Interior unos días después de la información sobre el reconocimiento a Marhuenda. Uno de sus miembros solicitó, a través del Portal de Transparencia, las identidades de las personas que había hecho comisarios honorarios Fernández Díaz durante su mandato, en la X legislatura. La respuesta llegó el 4 de mayo: 148 personas del Cuerpo Nacional de Policía y siete de fuera de la institución. La fundación pedía nombres y el Ministerio respondía con números. El escrito de Interior lleva la firma del todavía director general de la Policía, Ignacio Cosidó.
La fundación reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y el Ministerio del Interior se vio obligado a rectificar. Permitió a los seis desconocidos comisarios honorarios que presentaran alegaciones a la solicitud de información. En septiembre, la Dirección General de la Policía contestó: “Una vez ponderado individualmente el interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados, ha resuelto conceder el acceso parcial a la información solicitada, facilitándose la filiación de cuatro de las siete personas nombradas Comisarios Honorarios de la Policía Nacional”.
Gracias a la iniciativa de Hay Derecho se ha podido conocer que Fernández Díaz nombró comisario honorario de la Policía, además de a su amigo Marhuenda, al magistrado del Tribunal Constitucional Ramón Rodríguez Arribas; al director del Centro Nacional de Inteligencia, Félix Sanz Roldán; y al director del Departamento de Seguridad Nacional, Alfonso de Senillosa. En realidad, el nombre de Rodríguez Arribas también había sido publicado por eldiario.es en la información sobre el acto reservado de reconocimiento a ambos en el Ministerio del Interior. Ramón Rodríguez Arribas es el magistrado que afirmó que la Ley de Matrimonio Homosexual permite la unión “entre un tío y un sobrino”.
Por tanto, la novedad son los nombres de Sanz Roldán y de Senillosa, responsables de la seguridad del Estado, directores de organismos que colaboran estrechamente con el Cuerpo Nacional de la Policía y, en consecuencia, personas que parecen atesorar los méritos que establece la Ley para ser nombrado comisario honorario. En cualquier caso, el de ambos es un perfil muy alejado del de Francisco Marhuenda, director de periódico, amigo personal del ministro del Interior y del presidente del Gobierno y firme defensor de las políticas del Ejecutivo desde las propias páginas de su periódico y en sus frecuentes intervenciones televisivas.
Persona 1, Persona 2 y Persona 3
¿Son los tres comisarios honorarios cuya identidad oculta el Gobierno más cercanos a la figura de Marhuenda que a la de Sanz Roldán o Senillosa? La cerrazón de Interior impide conocerlo, pero su excusas para negar la información arrojan algunos indicios. En lo que respecta a “Persona número uno” -como la identifica el Ministerio del Interior en el mismo escrito- ésta no autorizó a que se divulgara el reconocimiento como comisario honorario “por razón de seguridad”. Es la propia Dirección de la Policía la que reconoce que se puede tratar de una valoración “subjetiva”, pero añade que aun así, “si se facilitaran sus datos se podría poner a esta persona en un estado constante de inseguridad y ansiedad, que podría derivar en numerosos conflictos”.
En lo que respecta a “Persona número dos”, Interior reconoce que no se ha opuesto a que se conozca su identidad y añade que es la Dirección de la Policía quien toma la decisión de que prime “el derecho fundamental a la intimidad consagrado en el artículo 18 de nuestra Constitución, frente al derecho de acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos reseñado en el artículo 105 de la Constitución”.
Por último, Interior niega revelar quién es “Persona número tres” porque no se le ha comunicado el reconocimiento como comisario honorario y siempre puede negarse a recibirlo. El escrito en el que se hace tal afirmación es de 21 de octubre de 2016, cuatro meses después de que acabara la legislatura en la que tuvo que realizarse tal reconocimiento de forma oficial. Según esto, Fernández Díaz nombró a una persona comisario honorario del Cuerpo y, como poco, cuatro meses después aún no se lo habían comunicado.
La Ley Orgánica 9/2015, de Régimen de Personal de la Policía Nacional, establece en su artículo 86.2 que “la distinción de miembro honorario de la Policía Nacional podrá otorgarse a aquellas personas que, no habiendo pertenecido al citado Cuerpo, se hubieran distinguido por los merecimientos contraídos en virtud de la labor realizada a favor del mismo”. Fuentes policiales cifran en una veintena el número de personas ajenas a la Policía que han sido nombrados comisarios honorarios en democracia. Aproximadamente la tercera parte por decisión de Fernández Díaz, que solo ha estado cuatro años en el cargo.
La vía judicial
La Fundación Hay Derecho tiene previsto recurrir a los tribunales si Interior no rectifica su postura. Según explica su responsable de Formación, Carlota Tarín, no le queda otra opción, ya que la Ley no habilita al Consejo de Transparencia para obligar al Ministerio del Interior o cualquier otro a facilitar la información, ni tampoco tiene capacidad sancionadora. “Nos parece muy llamativo que un reconocimiento público como éste, que además no conlleva dotación alguna, se oculte y que se alegue que puede causar molestias a quien lo ha recibido”, asegura Tarín.
La Fundación Hay Derecho identifica al Ministerio del Interior como una de las instituciones más obstruccionistas a la labor de transparencia debido a otras respuestas que han recibido a sus solicitudes. “La negativa a decir quién son los comisarios honoríficos nombrados puede parecer un hecho poco relevante, pero denota un mal funcionamiento de las instituciones y nos hace sospechar que el Ministerio del Interior haya reconocido a personas que no reúnen los méritos”, añade su responsable de formación. “Nos preguntamos en base a qué criterios una institución que actúa en nombre de los ciudadanos se niega a facilitar la información”, concluye Tarín.