La secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella Gómez, ordenó el pasado 23 de agosto paralizar la tramitación del Real Decreto por el que el Ministerio del Interior iba a regular los nombramientos de “policía honorario”, el reconocimiento con un carnet a aquellos ciudadanos que acumularan “merecimientos” en la tarea de apoyar desde fuera al Cuerpo Nacional de Policía. La decisión de detener la iniciativa, adoptada por la número dos de Interior en pleno mes de agosto, se produjo a raíz de que el eldiario.es revelara que el borrador de Real Decreto mantenía la discrecionalidad con la que se han nombrado a una quincena de comisarios honorarios por los distintos gobiernos de la democracia.
De hecho, fue la publicación del reconocimiento al director de La Razón, Francisco Marhuenda, por el Gobierno del PP, lo que desató la polémica en torno a esta figura. Las distinciones se han decidido y otorgado siempre en secreto, de tal forma que el Ministerio del Interior no ofrece a día de hoy datos de cuántos ni quiénes son comisarios honorarios. Cuando eldiario.es publicó que Jorge Fernández Díaz había distinguido a su amigo, el ministro del Interior llevaba cuatro meses en funciones y el periodista acababa de ser condenado por intromisión en el honor de un comisario del Cuerpo.
La polémica suscitada provocó que el sustituto de Fernández Díaz en Interior, su compañero de partido Juan Ignacio Zoido, ordenara reformar el Real Decreto que regía los nombramientos de comisario honorario. En noviembre de 2017 arrancaron los trabajos y el documento original ha ido sufriendo modificaciones, pero hasta ahora no se había paralizado la tramitación. Fuentes del Ministerio del Interior atribuyen la decisión a que el texto mantenía la capacidad discrecional de cualquier Gobierno a nombrar, no comisario, figura que se suprime, sino “policía honorario” a quien considere simplemente acreditados sus “merecimientos”.
La Dirección General de la Policía asegura que continúa con los trámites que derivarán en la presentación del texto ante el Consejo de Estado para su valoración final. El Ministerio del Interior, sin embargo, mantiene paralizado el proyecto, según documentación a la que ha tenido acceso esta redacción.
El borrador de Real Decreto desarrolla un extremo de la Ley Orgánica de Régimen de Personal, aprobada por el Congreso hace ahora cuatro años con los únicos votos a favor del PP. En su artículo 86.2, el texto dice: “La distinción de miembro honorario de la Policía Nacional podrá otorgarse a aquellas personas que, no habiendo pertenecido al citado cuerpo, se hubieran distinguido por los merecimientos contraídos en virtud de la labor realizada a favor del mismo”.
Fernández Díaz reconoció a siete comisarios honorarios en su mandato, casi la mitad de los que han nombrado todos los gobiernos de la democracia. A fecha de hoy Interior sigue ocultando el nombre de tres de esos “comisarios honorarios” nombrados por Fernández Díaz. El entonces ministro del Interior organizó actos privados de entrega del reconocimiento en la sede del Ministerio. Más allá de ostentar el carnet, el reconocimiento de policía honorario que se preparaba no incluía beneficio económico u otras ventajas más que ocupar “un lugar preferente” en los actos y ceremonias oficiales.
La nueva figura del “policía honorario” causa malestar en el seno de la Policía. Los agentes jubilados también podrían acceder al carnet, pero con más exigencias que las que acuerda Interior para las personas ajenas al Cuerpo. Según la Ley actual en la que se basa el proyecto de Real Decreto deben pedirlo en el momento de pasar a su jubilación y se les otorga “siempre que se hubiesen distinguido por una labor meritoria y una trayectoria relevante”. Pero el proyecto paralizado añadía que, para demostrarlo, tenían que haber sido condecorados durante su etapa profesional.
El proyecto incluía la necesidad de haber prestado 35 años de “servicio efectivo” y de carecer en su expediente profesional de “anotaciones desfavorables sin cancelar”. Tan solo 200 jubilados se han interesado por su carnet de policía honorario. El coste de la medida, placa-emblema, carnet y título, sería de 16,49 euros por persona.
El secretismo alrededor de la figura del comisario honorario es tal que el Ministerio del Interior se resistió a responder una petición de la Fundación Hay Derecho a través del Portal de Transparencia realizada en abril de 2017, a los pocos días de la noticia sobre Marhuenda de eldiario.es. Interior terminó por confesar que Fernández Díaz había otorgado la distinción al magistrado homófobo del Tribunal Constitucional Ramón Rodríguez Arribas, tal y como había informado esta redacción; al director del Centro Nacional de Inteligencia, Félix Sanz Roldán; y al director del Departamento de Seguridad Nacional, Alfonso de Senillosa. Seguía ocultando otros tres nombres.
En ese mismo escrito, la Policía admitía que no iba a hablar de “persona número uno”, “persona número dos” y “persona número tres”. De la primera decía que se había negado a que se facilitara su identidad por “motivos de seguridad”. “Persona número dos” no se opuso, pero la Dirección de la Policía salió en defensa del derecho a su intimidad y fue quien decidió no publicar la identidad. A “persona número tres” no se le había comunicado entonces el reconocimiento y, toda vez que estaba en su derecho de rechazarlo, la Policía decidió no informar de la decisión que había adoptado Fernández Díaz.