Un mando investigado en el caso Villarejo atribuye al policía asesor de Cospedal la autoría del informe PISA contra Podemos
Más de tres años después de la operación orquestada en el Ministerio del Interior para sabotear cualquier posibilidad de que Podemos llegara al poder, uno de los mandos policiales de confianza de aquel departamento despeja la X de la autoría de PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), el informe sobre la supuesta financiación irregular del partido morado que los tribunales han rechazado investigar. Ante el juez del caso Villarejo, el comisario Enrique García Castaño, imputado en cinco piezas de la causa, ha señalado este martes al entonces inspector jefe Andrés Gómez Gordo, el policía de confianza de María Dolores de Cospedal, como autor del documento, han informado a eldiario.es fuentes jurídicas. El informe PISA fue desmenuzado por varios medios de comunicación y el Gobierno del PP lo utilizó como arma arrojadiza contra la formación morada antes y después de que los tribunales despreciaran el documento.
De forma contundente, García Castaño ha dicho que Gómez Gordo confeccionó el informe PISA durante su trabajo en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía, a la que había llegado procedente de Castilla-La Mancha. La respuesta ha sido a preguntas de la representación letrada de Podemos sobre el origen del informe PISA en el marco de la pieza principal del caso Villarejo.
Gómez Gordo regresó a la Policía después de disfrutar de una excedencia para trabajar al lado de la entonces presidenta de esa comunidad autónoma y secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, como director de Análisis y Documentación de la Junta de Comunidades. A pesar del rimbombante nombre de su cargo en Castilla-La Mancha, Andrés Gómez Gordo se dedicaba a ser la sombra de Cospedal. Era el hombre que, vestido de traje, organizaba la escolta de la presidenta en actos públicos.
Fuentes policiales aseguran que el vínculo de Gómez Gordo con Ignacio López del Hierro, marido de la exnúmero dos del PP, se remonta a años atrás, al igual que ocurre entre el empresario y el comisario Villarejo. La relación del principal investigado en la Operación Tándem con el matrimonio formado por Cospedal y López del Hierro terminó costando la carrera política a la exsecretaria general del PP una vez desvelados unos audios de esos vínculos por moncloa.com.
Gómez Gordo regresó a Madrid para encargarse de captar al chófer de Luis Bárcenas, al que conocía porque ambos habían trabajado antes a las órdenes de Francisco Granados en la Comunidad de Madrid, según han desvelado los imputados en la pieza 7 del caso Villarejo. El comisario había dejado la Policía en otra ocasión con anterioridad para ser director de seguridad del frustrado proyecto de la Ciudad de la Justicia y luego pasó a asesor directo de Granados. En esa época, Sergio Ríos Esgueva era el chófer del entonces consejero de Justicia.
El Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz escondió el verdadero propósito del regreso al Cuerpo de Gómez Gordo destinándolo como jefe de sección en la UDEF. Eugenio Pino pronto reclamó al policía para su brigada política en la Dirección Adjunta Operativa. Fue en el marco de esa actividad en la que se encargó de controlar al chófer-confidente y de redactar el informe PISA, según ha dicho esta mañana García Castaño ante el juez. A los seis meses de reincorporarse, Fernández Díaz condecoró a Gómez Gordo con una medalla pensionada.
El comisario Eugenio Pino, creador y jefe de la policía política, también ha declarado como investigado esta mañana en el marco del caso Kitchen. Es la tercera vez que lo hace y, al término, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que se aumenten las medidas cautelares contra él: de retirada del pasaporte y prohibición de salir del país al pago de una fianza de 50.000 euros para evitar la prisión provisional. El juez García Castellón resolverá la petición previsiblemente mañana miércoles. Gómez Gordo, al igual que Pino, García Castaño, José Manuel Villarejo y el resto de los mandos de la brigada política, está imputado en la pieza que investiga el espionaje a Bárcenas.
Operación contra Podemos
El 12 de enero de 2016, cuando restaban apenas 24 horas para que se constituyeran las Cortes, varios medios de comunicación abrían sus portadas con un informe policial sobre la presunta financiación irregular de Podemos. El juego de las alianzas para formar Gobierno estaba en una fase incipiente y se producían los primeros acercamientos públicos entre el PSOE y el partido de Pablo Iglesias. En los días y semanas siguientes, el supuesto informe de la “inteligencia” policial sería desgranado por varios medios de comunicación. El Gobierno del PP reclamaba a Podemos que colaborara con la justicia cuando no había ninguna causa abierta por el informe.
Tras varios retrasos, el informe policial fue incorporado a una querella contra Pablo Iglesias e Iñigo Errejón en el Tribunal Supremo por el pseudosindicato Manos Limpias, una organización criminal según ha quedado acreditado posteriormente. Interior dijo que la UDEF se iba a encargar de investigar su contenido, pero todo lo que hizo esa unidad fue remitirlo al Tribunal de Cuentas. Y ahí se perdió su pista. Tanto la Audiencia Nacional como el Supremo se negaron a investigar el documento en resoluciones en las que despreciaban su contenido.
