Maldicen la hora en que se fiaron del “encro”. Reniegan del día en que rompieron la norma de no acercarse a un teléfono y compraron uno de aquellos móviles encriptados: algo más de 1.000 euros la unidad y tarifa propia de datos –1.200 euros los tres meses, oferta de medio año por 1.500–. Como uno de los cientos, miles, de presuntos narcos afectados por la infiltración que sufrió el servidor de la empresa Encrochat, Joakim Peter Broberg, el hijastro de la alcaldesa de Marbella, ya no se siente tan “especial”, tan a salvo de un pinchazo policial, como dijo a su padre al saber que eran investigados.
El 12 de junio de 2020 se pararon los pulsos del narco de media Europa. “Hemos sufrido una incautación ilegal. Apague y deseche físicamente su dispositivo de inmediato”. Este fue el mensaje que los usuarios Encrochat recibieron en su teléfono móvil entre ese día y el siguiente.
Con los pronunciamientos que se han dado de la justicia francesa y de los tribunales de otros países afectados, el término “ilegal” flota en estos momentos como una apreciación interesada de los responsables de Encrochat. La Gendarmería francesa, con autorización de un juez de Lille, habían penetrado en el servidor de la empresa y obtenido todos los mensajes intercambiados entre sus clientes.
Acuerdos de venta de droga, geolocalizaciones con entregas, fotos de muestras de los fardos… El servidor de Encrochat era la caja de Pandora del crimen organizado de los últimos años. “Se sentían muy seguros. La propia compañía les garantizaba una seguridad en las comunicaciones del 100%”, relata a elDiario.es un inspector jefe de la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado de la Policía (Udyco). La bolsa de clientes de la empresa era principalmente Europa, sobre todo los países del norte. España ya ha entregado a Francia a dos presuntos narcotraficantes de acuerdo a los descubrimientos realizados a través de Encrochat.
El principio del fin de Encrochat se sitúa en 2017. En las investigaciones por narcotráfico en Francia aparecían de modo recurrente alusiones a una forma segura de comunicarse entre los filiados. Las autoridades del país vecino descubrieron que la empresa tenía los servidores en Francia y que más del 90% de los usuarios en su país participaban en actividades delictivas. “Crearon un malware e infectaron el servidor de la empresa, fabricando otro a modo de espejo donde eran derivados todos sus datos”, explica el mando policial.
A través de Eurojust, las autoridades francesas pusieron en conocimiento de otros países, principalmente del norte de Europa, los datos que pudieran afectar a delincuentes asentados en sus países. La Fiscalía Antidroga española reclamó formalmente la información y estos se fueron incorporando a investigaciones en curso de Policía y Guardia Civil o permitieron abrir otras nuevas.
Joakim Broberg, como el mafioso de los Simpson
Los usuarios de Encrochat tenían que adjudicarse obligatoriamente un alias para comenzar a chatear. Y allí, entre la nube de mensajes estaban los de un tal “fattony”, como Tony el Gordo, el personaje mafioso de la serie Los Simpson. Detrás se escondía Joakim Peter Broberg, con pasaporte sueco, estonio y de Guinea Bissau, pero con residencia en Benahavís, provincia de Málaga, en una impresionante casa a tiro de piedra de la que han intentado vender su padre y su madrastra, la alcaldesa de Marbella, por 12 millones de euros.
Junto a “fattony”, España había pedido acceder a los mensajes de “runrage”, Mark Mikael Holmen, el “socio” de Broberg al que el hijastro de Ángeles Muñoz le dice en mayo de 2019 por un teléfono intervenido que Marbella les pertenece. Y también “la jodida Andalucía”. Ambos celebraban el triunfo del PP en la Junta meses antes y el que se había producido hacía tres días en la mayoría de los municipios de la Costa del Sol.
A través de Encrochat, Broberg le cuenta el 7 de mayo de 2020 a otro usuario del chat, ‘greencollecter’, que está en Holanda como consecuencia de “una larga historia”. A Broberg le habían detenido en Portugal cuando se disponía a viajar a Brasil poco antes del confinamiento, en virtud de una orden europea de detención. Fue extraditado a Bélgica porque tenía pendiente una condena de 30 meses por blanqueo de capitales con la compra-venta de oro. Pero como le dice a su amigo, las autoridades belgas le han puesto en arresto domiciliario y no tienen geolocalizador, así que por eso ha podido viajar a Holanda. Al mes siguiente debe e regresar a Bélgica para comparecer en el juzgado.
A través de las conversaciones en el Encrochat, los policías van descubriendo más identidades. El socio de Broberg, Holmen, se dedicaría a “financiar” las operaciones de compra-venta de hachís y marihuana a la Mocro Mafia sueca. Un destacado miembro de este entramado criminal le cuenta a Holmen el 15 de junio de 2020 que le tendieron “una trampa” en una localidad llamada Sodertalje.
La conversación del socio de Broberg con ‘globalgold’ da cuenta de la peligrosidad del grupo que ha investigado la Policía en la Costa del Sol. “Me vaciaron dos cargadores. Por suerte yo llevaba chaleco y solo me atravesaron una bala en la rótula. Le di a los dos y ahora están heridos y detenidos”, dice ‘globalgod’, en realidad Nikola Djokic, uno de los presuntos narcos con los que hacen negocios.
Estas conversaciones aparecen en un atestado de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía dedicado a Encrochat, dentro de la causa de la Audiencia Nacional contra la organización de Broberg. Uno de sus apartados versa sobre el hijastro de la alcaldesa de Marbella. “Todas sus conversaciones versan sobre asuntos relacionados con el tráfico de drogas, de tal manera que Broberg, que en el momento en que se producen las se encuentra en Los Países Bajos y Bélgica, continúa gestionando operaciones de compraventa de droga, tanto con clientes como con sus proveedores”.
Hachís, cocaína y corrupción
En abril de 2020, por ejemplo, Joakim Broberg pregunta a un tal ‘canaryegg’ sin disimulo: “¿Hay algo de chocolate ya?”. A lo que su interlocutor le contesta: “No hay nada ahora mismo. Si llega algo te aviso”. Días más tarde, Broberg insiste, pero su contacto dice que hay que seguir esperando. Por si acaso, ‘fattony’ le adelanta que “hay dinero para 7 paquetes”. La Policía concluye que Broberg aspira a hacerse con 7 fardos de hachís, a 30 kilos de droga, resulta un total de 210 kilos.
Broberg no se limita al hachís y la marihuana. Su proveedor le envía muestras de cocaína en fotos y el 13 de mayo Broberg pregunta también a su proveedor si “hay cosas blanca en Barcelona”. También hablan de incautaciones, como una de 3,8 toneladas que se produjo en junio de ese año y que Joakim achaca a que los narcos no han sobornado convenientemente a las autoridades marroquíes: “Esos seguro que no pagan sus impuestos”. Joakim Broberg dejó en Encrochat pruebas de compra-venta de drogas con otros presuntos narcos suecos.
Sin embargo, es su socio Holmen el que delata las posibles conexiones de Broberg con el ámbito político y la utilización de éstas en sus negocios. En mayo de 2020, Holmen (‘runrage’) habla con ‘expectnomercy’, “el cual es conocedor de la cercana relación que Holmen mantiene con Joakim Broberg”, escribe la policía. El narco sueco pregunta a Holmen si pueden recabar la ayuda del “alcalde o alcaldesa” de Marbella. También “le solicita que pregunte [a Broberg] si tiene algún contacto policial de mucha confianza para que colabore con él, expectnomercy, en el traslado de un colaborador suyo que se encontraría escondido y armado”. “No será difícil. Puedo preguntarle al hijo”. “Dijo [Joakim] que tiene varios [policías] diferentes pero ninguno en el que confíe al 100% si es muy delicado. Así que creo que ese camino será difícil”.
Decenas de bufetes de abogados de toda Europa pleitean en estos momentos por tumbar todas las pruebas obtenidas a través de la infiltración de Encrochat. Cuando la Fiscalía Antidroga preguntó al Juzgado de Lille, éste respondió que autorizaba a la justicia española a “la utilización de los datos transmitidos” y a que éstos puedan “implementarse en toda investigación en virtud de cualquier procedimiento judicial”.
El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional rechazó la solicitud de una de las defensas de los suecos implicados para que declarara la nulidad de las actuaciones por la utilización de información procedente de Encrochat. Argumentaba el abogado de la defensa que se trataba de un “acceso indiscriminado, prospectivo y completo”. El juez Alejandro Abascal resolvió que los datos obtenidos no lo fueron en el marco de una operación únicamente policial sino a través de unas diligencias ordenadas por el Juzgado de Lille, contando por tanto con “cobertura jurisdiccional”.
Además, el magistrado citaba legislación francesa para concluir que la actuación de Encrochat era susceptible de ser perseguida penalmente en el país vecino de acuerdo a sus leyes. En una resolución respaldada después por la Sala de lo penal, Abascal recordaba que la investigación también iba dirigida contra Encrochat, no solo contra los narcos que utilizaban sus servicios. A la compañía, y a sus responsables, se les imputa en Francia tres delitos del Código Penal referentes al “suministro, transferencia e importación de un medio de criptología que no garantiza exclusivamente funciones de verificación, de autenticación o integridad sin declaración previa”.
Recientemente, el Tribunal de Casación de la República Francesa anuló parcialmente una resolución del Tribunal de Apelación de Nancy, lo que dio alas a las defensas para confiar en que la causa de Encrochat acabaría tumbada. Sin embargo, la resolución del Tribunal de Casación, de fecha 11 de octubre, descarta el principio de inconstitucionalidad alegado y se limita a ordenar que se reforme un aspecto formal de la resolución recurrida. Una voz autorizada de la lucha española contra el narcotráfico a gran escala asegura que, de tumbarse la causa contra Encrochat, “España puede convertirse en Jalisco”.