La jueza decide si amplía su investigación a los vínculos comerciales entre Quirón y la pareja de Ayuso

El caso del doble fraude fiscal y la falsificación de documentos cometido por Alberto González Amador puede ampliarse a los vínculos entre el empresario y el Grupo Quirón, principal adjudicatario en materia de sanidad privada por parte de la administración que preside la pareja del imputado, Isabel Díaz Ayuso. Las revelaciones de elDiario.es en cuanto a la confusa relación comercial entre Alberto González Amador y Quirón han sido incorporados por la acusación popular, ejercida por PSOE y Más Madrid, a su petición de ampliación de la investigación que se sigue en el juzgado de Madrid que dirige la jueza Inmaculada Iglesias.

Esa posible nueva vía ha paralizado el acuerdo al que habían llegado González Amador, la Fiscalía y la Abogacía del Estado, y al que ha tenido acceso elDiario.es. En un escrito enviado al juzgado, la pareja de Ayuso aceptaba ocho meses de cárcel, lo que garantiza que no llegue a entrar en prisión, y admitía los delitos de fraude fiscal y falsificación documental.

Entre la petición de diligencias, los partidos reclaman que declare como testigo Fernando Camino, figura clave en el ascenso empresarial de González Amador y presidente de Quirón Prevención. De hecho, PSOE y Más Madrid consideran que uno de los indicios que deberían ser investigados es una extraña operación empresarial que tiene a ambos como protagonistas.

Se trata de la adquisición de una antigua sociedad de la mujer de Camino —Masterman & Whitaker— que realizó González Amador a través de su principal empresa: Maxwell Cremona. Pagó por ella 499.836,92 euros y la compra se llevó a cabo el 4 de diciembre de 2020, apenas unos meses después de que el empresario ganara una comisión de 1,9 millones de euros por venderle mascarillas a una empresa vinculada a Camino.

La clave es que un año después, el 16 de diciembre de 2021, Maxwell le vendió al mismo González Amador sus participaciones en Masterman por 3.300 euros. Esto es, casi medio millón de euros menos, cuando en ese momento ya se había cedido a Masterman los trabajos que se habían acordado con Quirón Prevención. De ahí que las acusaciones consideren que ese casi medio millón de euros es “alguna clase de retribución” a Camino por su “posible intervención” en el pelotazo de las mascarillas.

La “relación esencial” con Quirón

El escrito de las acusaciones que solicita que se amplíe la investigación constata la existencia de una “relación esencial” entre Quirón Prevención y esas dos empresas —Maxwell Cremona y Masterman & Whitaker—, con las que el comisionista facturó cientos de miles de euros al gigante sanitario. Según reveló elDiario.es, desde que comenzó su relación sentimental con la presidenta madrileña, se multiplicó por cuatro la facturación de González Amador a Quirón Prevención.

PSOE y Más Madrid consideran que las dos empresas de González Amador “son prácticamente filiales” de Quirón Prevención, hasta el punto de que en algunas actividades “se presentan como parte la propia Quirón Prevención”. En el documento figura que llegan a “compartir” trabajadores y colaboradores, o que el propio González Amador se presenta en algunos documentos como responsable de proyectos de la filial de Quirón. El escrito alude también al hecho de que “no ha quedado acreditado documentalmente” en qué consistían los servicios que las empresas de González Amador prestaban a Quirón Prevención, ni cómo se fijaban los precios de esos servicios.

Las acusaciones también ponen como ejemplo de la “confusión” entre Quirón Prevención y González Amador el hecho de que este último se presentara con un correo corporativo de la filial del grupo sanitario cuando realizó las gestiones por las que intentó vender vacunas a Costa de Marfil cinco veces más caras de lo que costaban.

Medio millón de euros

Entre las afirmaciones recogidas en el informe de la Agencia Tributaria incorporado a la causa y las revelaciones publicadas aparecen, según las acusaciones populares, indicios de hasta cinco nuevos delitos que el juzgado todavía no investiga. Entre ellos, el tipo agravado del delito contra la Hacienda Pública requiere que se ejecute dentro de un grupo criminal o que se utilice para ello paraísos fiscales. 

Ambas características se dan en el caso de González Amador, razonan PSOE y Más Madrid. La ayuda del testaferro mexicano y la participación de un grupo de vecinos de un pueblo de Sevilla para la falsificación de facturas en varias operaciones apuntarían a la formación de una organización criminal.

Por otra parte, las acusaciones populares se fijan en el posible destino de los 350.951 euros que hurtó González Amador a Hacienda. En este punto hablan de los inmuebles que ha comprado y ocupan Ayuso y su pareja. González Amador escrituró el 21 de julio un piso en una de las zonas más caras de Madrid, “compra en la que pudiera haber invertido las ganancias obtenidas”, de acuerdo al escrito presentado. 

Además, el empresario “disfrutaría de un segundo inmueble situado encima de este, pero este segundo no estaría a nombre de Alberto González Amador, sino a nombre de la empresa Babia Capital, administrada por Javier Luis Gómez Fidalgo, que ha sido representante de Alberto González Amador ante la Agencia Tributaria”, recoge la acusación popular. Se trata del ático situado justo encima del piso en el que vive la pareja y cuya existencia reveló elDiario.es.

En cuanto a la corrupción en los negocios, el informe de la Agencia Tributaria explica que la citada Maxwell Cremona realiza facturas falsas que el propio González Amador reconoció haber contabilizado. Ese delito se produciría “al no poder ser justificada la prestación de servicios, causando con ello un perjuicio a la Hacienda pública para así dar lugar a defraudación de las cantidades que deberían ser objeto de tributación”, añade el escrito. 

En este punto, el documento señala a Quirón, empresa que abonaba servicios a González Amador que no respondían “a trabajos concretos y determinados” y que lo hacía utilizando “fórmulas genéricas e indeterminadas, habiendo un desfase total entre lo que facturan los profesionales, suponiendo que sean servicios reales, y lo que Quirón Prevención paga por ellos”.

Tras la exposición de estos supuestos indicios las acusaciones piden una batería de diligencias, incluidos los correos electrónicos entre González Amador y Quirón Prevención, así como la declaración de Fernando Camino. Las acusaciones quieren conocer igualmente si hay comunicaciones en el seno de Quirón que permitan conocer si se abordó un “posible conflicto de interés” en contratar a González Amador y sus empresas, así como la política que tiene la empresa para prevenir riesgos en la contratación de familiares y amigos. 

La agencia Efe publicó este lunes una valoración del “entorno de González Amador” en la que se afirmaba lo siguiente sobre la presentación del escrito por PSOE y Más Madrid: “Es una jugarreta zafia que deja bien a las claras que estamos ante un asunto político contra Díaz Ayuso, no un problema con la Agencia Tributaria”.

Acuerdo frustrado

Por el momento, la petición presentada una hora antes de la citación a González Amador por PSOE y Más Madrid, que ejercen la acusación popular, ha alejado que se sellara un acuerdo en el que la pareja de Ayuso tenía ya cerrado con la Fiscalía y la Abogacía del Estado, y al que ha tenido acceso elDiario.es. En el documento, de seis páginas y que la Fiscalía ha enviado al Juzgado, se informa a la jueza de que todas las partes han alcanzado un acuerdo por el que la pareja de Ayuso y dos de sus socios se declaran culpable de haber elaborado un entramado de facturas falsas que ayudaron a Alberto González Amador a pagar menos impuestos.

El preacuerdo incluye un primer punto con la descripción del engaño al erario público en los ejercicios 2020 y 2021 –año este en el que González Amador comenzó su relación con Díaz Ayuso– y un segundo que concluye: “Los hechos narrados son constitutivos de dos delitos contra la Hacienda Pública en relación con el Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021 del artículo 305.1 y 6 en concurso medial cada uno de ellos con un respectivo delito de falsedad en documento mercantil”.

El acuerdo también considera culpables a su socio mexicano, Maximiliano Niederer y a administrador de las empresas andaluzas, David Herrera Lobato, de quienes Alberto González Amador había obtenido “facturas que no reflejaban servicios reales para documentar así gastos que fueran deducible para el obligado tributario”. Al primero se le imponen siete meses de cárcel y una multa de 123.000 euros; al segundo, dos meses y la obligación de pagar 29.400 euros.

El principio de acuerdo revela que la Agencia Tributaria liquidó el pasado 13 de mayo la deuda de González Amador, que de forma extemporánea, una vez descubierto por Hacienda, había ingresado 525.778,87 euros para evitar la investigación judicial. Esa cantidad corresponde al dinero defraudado y a la multa por los delitos.

El acuerdo recoge los detalles que reveló elDiario.es cuando la Fiscalía denunció a González Amador por dos delitos fiscales en concurso con ilícitos de falsedad documental. Según el Ministerio Público y la Agencia Tributaria, la pareja de Ayuso ganó varios millones de euros durante la pandemia ejerciendo como comisionista en la compraventa de mascarillas y material sanitario e ideó un sistema para pagar de menos en el Impuesto de Sociedades: un sistema de facturas falsas usado para pagar de menos en el Impuesto de Sociedades entre 2020 y 2021. En esos dos años, según la Fiscalía y según reconoce ahora el propio Alberto González Amador, defraudó 350.951 euros a Hacienda.

González Amador ya hizo en febrero una primera propuesta de acuerdo, que pasaba por reconocer los dos delitos fiscales, ofrecerse a aceptar cuatro meses de cárcel por cada uno de ellos y pagar más de medio millón de euros entre la cuota defraudada, otros 25.000 euros en intereses y finalmente 140.000 euros de multa. El grueso del acuerdo propuesto por la pareja de Ayuso se mantiene, pero ahora se incluye además el delito de falsedad documental que también le atribuye la Fiscalía por las facturas falsas que utilizó. Ahora ese pacto queda en suspenso a la espera de si la jueza decide ampliar la investigación.

-----

En elDiario.es somos conscientes de que publicar investigaciones como la de la pareja de Ayuso no es fácil, que puede haber consecuencias. Al menos ya sabemos a qué nos enfrentamos esta vez. Nos lo han dejado claro y por escrito: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”. Las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez, la mano derecha de la presidenta de Madrid, no son solo un calentón. No es siquiera la primera vez que recurre a presiones así para evitar que se publique una información.

Nos va a hacer falta toda la ayuda posible. La tuya también. Si crees que el periodismo importa, apóyanos. Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es.