Justicia acepta reforzar el Supremo ante la acumulación de vacantes por el bloqueo del Poder Judicial

El Ministerio de Justicia ha accedido finalmente a dar curso a la petición de auxilio que lanzó hace dos meses el Tribunal Supremo ante la “insostenible situación” que sufre por el bloqueo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuya renovación está pendiente desde hace más de cuatro años. El departamento que dirige Pilar Llop ha decidido aprobar la creación de 15 plazas de letrado para las dos salas jurisdiccionales que suman un mayor número de vacantes, según confirman a elDiario.es fuentes ministeriales. Ni en el órgano de gobierno de los jueces ni en el Supremo consta, por el momento, la “respuesta formal” del Ministerio, afirman sendos portavoces. 

El Alto Tribunal reclamó el pasado febrero que se reforzara el gabinete técnico con jueces de otros tribunales que pudieran hacer borradores de sentencias de índole repetitiva o con jurisprudencia consolidada para poder paliar así la situación del órgano, que tiene un cuarto de su plantilla sin cubrir. El CGPJ se hizo eco de esta reclamación e hizo una petición formal. La ley del Poder Judicial establece que “excepcionalmente” y “por razones coyunturales y debidamente justificadas” Justicia podrá adscribir temporalmente, con el límite máximo de un año, un número adicional de miembros al servicio del gabinete técnico. Este órgano asiste a los jueces en la admisión de asuntos y colabora con la realización de los estudios e informes que se les soliciten. 

En el conjunto del tribunal, las plazas de jueces sin cubrir ascienden a 20 de 79, lo que supone el 25% de sus jueces. Un porcentaje que superará el 30% a final de año, cuando las vacantes se elevarán a 24 si sigue el bloqueo del órgano. Esos puestos no se pueden cubrir porque, desde marzo de 2021, la ley impide al CGPJ hacer nombramientos en la cúpula judicial cuando, como sucede ahora, está en funciones. Hasta entonces, un órgano caducado y con una correlación de fuerzas que nada tiene que ver con la actual realidad parlamentaria había hecho 74 nombramientos en puestos clave. 

Los socios del Gobierno defendieron que tras esa reforma estaba la necesidad de acabar con un vacío legal, pues hasta entonces la única competencia que no podía ejercer el CGPJ en funciones era nombrar a un nuevo presidente. Pero detrás de su aprobación estaba también el intento de aumentar la presión para que el PP accediera a renovar el órgano tras varios intentos fracasados. El bloqueo se ha mantenido a pesar del cambio legal y las consecuencias de esta parálisis ya se dejan ver en los tribunales tras dos años de imposibilidad legal de que se cubran las vacantes de jueces. 

La estimación del Supremo es que este año se dictarán unas 1.230 sentencias menos en las dos salas más afectadas por las vacantes. Serán 570 menos en la de lo Contencioso, la que dirime, entre otros, los pleitos que afectan al Gobierno; y 660 menos en la de lo Social, que se ocupa principalmente de asuntos de índole laboral. Son las dos salas que el Alto Tribunal pidió reforzar con ocho y siete plazas de letrado “cubiertas preferentemente” por magistrados de esas jurisdicciones en comisión de servicios y con retribución de letrado coordinador.

El Supremo pidió que esos magistrados hicieran labores de apoyo en la fase de decisión, donde se genera el cuello de botella más relevante. La intención es que elaboren bajo la supervisión de los ponentes los borradores de sentencias de índole repetitiva o con jurisprudencia estable y consolidada. En esas dos salas hay 15 plazas sin cubrir. Es una situación “crítica”, según recogió un informe del director del gabinete técnico del Supremo realizado a petición del CGPJ. 

El procedimiento para elegir a estos letrados se iniciará cuando llegue la comunicación “formal” del Ministerio de Justicia, que es quien financia estas plazas. Será entonces cuando la Sala de Gobierno del Supremo pueda hacer la convocatoria de las plazas y elegir a los candidatos de su preferencia, siempre que cumplan sus requisitos. De ahí saldrá una lista de 15 aspirantes que tendrán que tener la aprobación de la comisión permanente del CGPJ, el núcleo duro del órgano formado por cuatro vocales conservadores y tres progresistas. Las fuentes jurídicas consultadas sostienen que se trata de plazas muy codiciadas especialmente entre los jueces, pues les permiten agrandar su currículo y establecer contactos muy relevantes de cara a futuros nombramientos. 

La decisión del Supremo elevará la factura del bloqueo del órgano. Según el departamento que dirige Pilar Llop, desde 2021 ya se han invertido 1,3 millones de euros en reforzar el Supremo. Principalmente, por la incorporación de 17 letrados al gabinete técnico. En el citado informe, el director del gabinete técnico del Alto Tribunal sostenía que la propuesta de dotación de estas 15 nuevas plazas no implica ningún coste económico suplementario por encima de las previsiones presupuestarias ordinarias, pues vendrían a suplir el vacío dejado por unas plazas no cubiertas que no han devengado las retribuciones que les corresponden. También insistía en que la retribución de estos letrados es “claramente inferior” a la de los magistrados del tribunal.

Pleno monográfico sin acuerdo

El mayoritario bloque conservador del CGPJ celebra la decisión de Justicia de atender la reclamación del Supremo. Los vocales elegidos en su día a propuesta del PP han sido especialmente beligerantes con la norma que les impide hacer nombramientos en funciones y que el PP y Vox impugnaron ante el Tribunal Constitucional. El tribunal de garantías todavía no ha deliberado sobre este recurso.

La respuesta a los problemas que la parálisis del órgano está provocando en la cúpula judicial ha centrado en los últimos meses parte del debate entre los miembros del órgano. Incluso se llegó a aprobar un pleno monográfico sobre este asunto que acabó sin acuerdo alguno por el choque entre los vocales. 14 de los 18 consejeros mostraron su disposición a llevar a cabo alguna iniciativa que evidenciara los efectos de la parálisis pero no hubo acuerdo ni en el qué ni en el cómo. 

La comisión permanente propuso instar al Congreso y al Senado a renovar la institución y, en caso de no producirse, reclamar la modificación de la ley del Poder Judicial para que se les devolviera la “atribución” de hacer nombramientos. Su texto también insistía en que esa reforma está generando “gravísimos perjuicios” a la tutela judicial de los ciudadanos. 

Esa iniciativa sólo recibió siete votos (cuatro progresistas y tres conservadores). Esa votación evidenció el distanciamiento en el bloque conservador. Cinco de sus miembros –los que suelen tener posiciones más críticas con el Gobierno– la calificaron de “inútil”, “decepcionante” e “insuficiente” y dijeron que suponía adoptar una “actitud complaciente” con quienes “socavan los fundamentos del Estado de derecho”, en alusión a los partidos que promovieron la reforma que impide al CGPJ en funciones renovar la cúpula judicial. 

Es el mismo grupo que lideró durante el pasado otoño el bloqueo a la renovación del Tribunal Constitucional, retrasando el cambio de mayorías a una progresista, o que buscó un nuevo choque con el Gobierno a raíz de la reforma del delito de sedición. Sus últimos movimientos están relacionados con la ley del 'solo sí es sí'. Precisamente esta semana se han vuelto a filtrar datos provisionales sobre las revisiones de penas a delincuentes sexuales en aplicación de esta norma: un total de 943 sentencias rebajadas, según unas cifras que todavía son provisionales y que no incluyen información de cuatro tribunales autonómicos y otras cuatro audiencias provinciales.