Multa a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por explotar como hotel abierto al público —a 75 euros la noche— la residencia de deportistas del complejo de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), lugar habitual de las concentraciones de la selección. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Madrid confirmó el pasado 4 de diciembre la sanción de 25.000 euros que el Ayuntamiento de Las Rozas impuso a la entidad federativa en 2021 por incumplir una de las cláusulas del convenio por el que cedió a la RFEF varias parcelas de suelo público. Esa cláusula impide la utilización de los inmuebles e instalaciones edificados para usos distintos a los deportivos. La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, es irrecurrible, por lo que se considera firme.
La jueza considera acreditado que la RFEF cometió una “infracción grave” al utilizar como hotel abierto al público la residencia de las instalaciones, que sólo tiene autorizado un uso deportivo. Lo justifica basándose en sendos artículos de los pliegos que rigieron en la concesión demanial de los terrenos. El primero autoriza al concesionario a “obtener ingresos” por la “explotación comercial o marginal de la instalación”, pero siempre que haya una relación directa “con la actividad deportiva (...) o con los usos coadyuvantes al deportivo”. El segundo considera infracción grave la dedicación de los inmuebles e instalaciones a un uso distinto del que resulte de la concesión, que los limita al deportivo.
Además, es una conducta que la jueza considera reiterada. A su juicio, la RFEF hizo un uso irregular de las instalaciones al menos entre julio de 2018 y abril de 2021. Los hechos se refieren, por tanto, a la época en la que Luis Rubiales era presidente de la RFEF: fue nombrado el 17 de mayo de 2018 y dimitió el pasado 10 de septiembre asediado por el escándalo de su imputación por delitos de agresión sexual y coacciones tras el beso que impuso en la boca a Jennifer Hermoso tras la victoria de la selección en el mundial femenino. Desde entonces, la RFEF está dirigida de forma interina por Pedro Rocha.
Un portavoz del Ayuntamiento de Las Rozas muestra “satisfacción” por la sentencia y afirma que en la actualidad desde el Consistorio “siguen trabajando y colaborando con los responsables de la RFEF para el buen funcionamiento de la Ciudad del Fútbol conforme al objeto de la concesión demanial”. Fuentes de la entidad federativa circunscriben los hechos a “una etapa anterior” y reiteran que, en el momento actual, la residencia únicamente tiene un uso deportivo.
Anuncios en páginas de reservas
En la sentencia, la jueza sostiene que existe “prueba de cargo suficiente” que acredita que la residencia de las instalaciones se utilizó, al menos en el período citado, como hotel abierto al público. Se basa, para ello, en un informe elaborado por la empresa Zumain Ingenieros, que tras hacer una “visita de inspección” al inmueble en julio de ese año concluyó que existía un “uso lucrativo de hotel”. El documento aporta fotografías que acreditan que el vestíbulo hace las funciones de lobby del hotel y capturas de su página web en los que aparecen anuncios del hotel, así como de páginas especializadas en reservas.
La resolución también cita un informe del director general de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Las Rozas que incluye un pantallazo de la página de reservas de lo que se denomina como “hotel de la Real Federación”. En ese informe figura también la reserva de una habitación por importe de 75 euros que realizó un funcionario municipal. Por todo ello, la jueza considera que “ha quedado acreditado del uso de hotel de la residencia de la RFEF, sin que la parte recurrente haya aportado prueba en su descargo”.
De hecho, afirma que la RFEF se limitó a aportar un acta notarial del 24 de agosto de 2021 que “lo único que acredita es que, el día en que fue otorgada dicha acta, los enlaces desde las páginas de reservas no estaban operativas, lo que no significa que no estuvieran anteriormente”. Por ejemplo, cuando el funcionario municipal realizó la reserva citada anteriormente “sin necesidad de acreditar su relación con el uso de la residencia”. Además, la jueza rechaza tener en cuenta la declaración que prestó el director general de la residencia debido a su “relación profesional” con la RFEF y a que, a su juicio, su testimonio quedó “desvirtuado” por las pruebas de cargo expuestas.
La jueza también rechaza considerar desproporcionada la multa impuesta, como pretendía la RFEF. La sanción de 25.000 euros es la máxima que se puede imponer según la ley en el caso de las infracciones consideradas graves, como es el caso. Así, la magistrada considera “aceptable” la interposición de esa cantidad atendiendo a la “reiteración en la conducta”, que se mantuvo, al menos, entre julio 2018 y la fecha de inicio del expediente por parte del Ayuntamiento de Las Rozas, en abril de 2021.
Un largo periplo judicial
La cesión de terrenos municipales de Las Rozas para la edificación de la Ciudad del Fútbol tuvo lugar cuando Ángel María Villar dirigía la RFEF y ha sido objeto de un largo periplo judicial. Los hechos se remontan a septiembre de 1998, cuando el Ayuntamiento de Las Rozas, que entonces dirigía Bonifacio de Santiago (PP), cedió gratuitamente a la RFEF una parcela de 120.000 metros cuadrados del municipio “por tiempo no inferior a 50 años”. Los terrenos pertenecían previamente a la empresa pública Arpegio, que gestionaba el suelo público de la Comunidad de Madrid, y que ha estado en el epicentro de la corrupción en la época en la que Esperanza Aguirre era presidenta.
Esa adjudicación fue anulada en octubre de 2004. El argumento fue que el suelo era de titularidad pública —estaba calificado como “servicios generales”— y no se podía traspasar. La sentencia se convirtió en firme en febrero de 2007. Pero, para entonces, las instalaciones llevaban más de un año y medio en funcionamiento, lo que dificultaba su ejecución. Tras una acumulación de resoluciones instando el cumplimiento de la sentencia, el Ayuntamiento adjudicó de nuevo en 2014 de forma “directa” los terrenos a la RFEF, ahora como concesión demanial, lo que permitió legalizar las instalaciones.
El alcalde Bonifacio de Santiago y cinco ediles de la corporación municipal llegaron a ir a juicio por delitos de desobediencia y prevaricación administrativa continuada por no ejecutar la sentencia de 2004. Fueron absueltos al considerar los jueces que en sus decisiones no había una voluntad inequívoca de incumplir esa resolución y que se limitaron a buscar soluciones “provisionales” a problemas sobrevenidos como la imposibilidad de gestionar directamente las instalaciones o la hipotética “cuantiosísima” reclamación de responsabilidad patrimonial que podría haber impuesto la RFEF.
Un portavoz municipal afirma que, en la actualidad, los vecinos del municipio hacen uso semanalmente de las instalaciones deportivas en competiciones municipales como fútbol 7, 11 y fútbol sala y participan en diferentes iniciativas organizadas conjuntamente entre el Ayuntamiento y la RFEF. Destaca, además, el “orgullo” que supone “acoger en el municipio las concentraciones de las diferentes selecciones nacionales”.