Te necesitamos
Si te gusta nuestro trabajo, apóyanos para poder seguir. Ahora más que nunca se demuestra que la desinformación debilita la democracia. Ayúdanos a combatir las mentiras.
El pasado 3 de marzo, un diario Suizo llevó a su portada una noticia sobre el rey Juan Carlos que acabaría por revolucionar la monarquía española. La Tribuna de Ginebra informó de que la Fiscalía suiza indagaba en una donación de 100 millones de dólares del rey de Arabia Saudí al rey emérito, fruto de su supuesta intermediación en el contrato del AVE a La Meca, y que había acabado en un banco de ese país. Durante los siguientes días se publicaron en distintos medios los detalles de la investigación que obligaron a intervenir a la Casa Real. El 15 de marzo el rey Felipe VI renunció a su herencia y retiró la asignación constitucional que hasta entonces percibía su padre.
Este lunes, las consecuencias institucionales han dejado paso a la acción judicial. La Fiscalía del Tribunal Supremo ha asumido las diligencias por blanqueo de capitales y delito fiscal que tienen como protagonista a Juan Carlos de Borbón. El jefe del Estado español durante 40 años y figura clave de la Transición es hoy el sujeto de investigación de un equipo de fiscales del Alto Tribunal que comanda un especialista en delitos económicos.
Ha sido el propio ministerio público el que ha informado pasadas las 11 de la mañana de que Anticorrupción eleva al Supremo la investigación contra el rey emérito “al resultar de la misma que una de las personas involucradas en los hechos investigados era el entonces Rey, hoy Rey Emérito”. Más de una década después de que se produjese la supuesta donación desde Arabia Saudí, la Fiscalía del Supremo va a determinar si hay hechos penalmente relevantes contra Juan Carlos. Otra bomba para una institución que se ha abonado a los escándalos, que forzaron la abdicación del anterior rey en 2014, para salvar la monarquía.
Un “regalo” de 100 millones de dólares
Este caso se remonta a 2008, año en que supuestamente el rey aún en el cargo recibió una transferencia de 100 millones de dólares procedentes del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí. El embajador saudí en Washington, Adel al-Joubeir, avaló esa donación ante Arturo Fasana, gestor de las cuentas del rey y de algunas fortunas asociadas a casos de corrupción, y dijo que se trataba de “un regalo”.
El fiscal suizo Yves Bertossa sospecha que esos 100 millones no se dieron gratis, que existe un vínculo entre la donación transferida al banco privado Mirabaud y la construcción de la línea de alta velocidad entre las ciudades de Medina y La Meca por más de 6.300 millones de euros, en la que Juan Carlos habría intermediado a favor de un conglomerado de empresas españolas. La tesis de la Fiscalía suiza es que los saudíes habrían pagado al rey emérito para que este convenciera a los constructores españoles de bajar el precio de ese contrato y abaratar así el coste del proyecto.
La transferencia se habría hecho a la cuenta en el banco Mirabaud de la fundación panameña Lucum, vinculada al rey emérito. Según detalló la Tribuna de Ginebra, Juan Carlos estuvo durante unos años sacando dinero de esa cuenta hasta que en 2012 la cerró cuando Suiza endureció sus leyes antiblanqueo y repartió el dinero que quedaba en ella entre dos de su exparejas: 65 millones para Corinna Larsen y 2 millones para Marta Gayá.
Corinna, sobre el rey: “No distingue lo legal de lo ilegal”
Fue Corinna Larsen la que reveló el cobro de esa comisión por parte de Juan Carlos en una conversación que mantuvo con el comisario José Villarejo, y que este último grabó siguiendo su práctica habitual. En la charla, Corinna asegura que el rey cobró esa mordida, que utilizaba testaferros para ocultar su fortuna y que “no distingue lo legal de lo ilegal”. Esas revelaciones dieron lugar a dos investigaciones, una en Suiza y otra en España.
La del país helvético la abre el fiscal Yves Bertossa para rastrear los movimientos de la primera donación de 100 millones y la consiguiente a Corinna Larsen de 65, que ella achaca a “un regalo” de Juan Carlos. La española nació en el marco del caso Tándem, en una de las piezas separadas abiertas a raíz de la información extraída de las grabaciones de Villarejo, pero el juez Diego de Egea decidió cerrar las pesquisas en septiembre de 2018 al considerar que no había pruebas contra el rey emérito y que estaba protegido por su inviolabilidad.
Anticorrupción, sin embargo, decidió abrir su propia investigación al considerar que había indicios de cohecho internacional por las presuntas comisiones en el proyecto del AVE a La Meca. El fiscal Luis Pastor interrogó a Corinna Larsen en Londres en septiembre de 2019 y se reunió con el fiscal suizo Bertossa en octubre de ese mismo año en Madrid para intercambiar información. En febrero de este año, Anticorrupción envió una comisión rogatoria a Suiza para que informase oficialmente de los datos que ha recabado sobre la donación millonaria al rey.
La publicación de esas pesquisas por parte de la Tribuna de Ginebra el 3 de marzo de este año precipita los acontecimientos. Ese diario da datos de la investigación y de forma paralela, Corinna Larsen traza su estrategia para desvincularse del caso y acusar al rey por amenazas para que no revelase “secretos de Estado”. El 5 de marzo confirma a eldiario.es que denunciará al monarca en un tribunal de Reino Unido.
Larsen no detalló en qué consistiría su denuncia, pero ya había dejado plasmado su relato de los hechos en un acta notarial en la que implicaba al entonces director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán en la campaña de amenazas contra ella y para robarle documentación sensible: “El Rey Emérito también me dijo que el General Roldán estaba coordinando la operación”.
Felipe VI esperó a que los hechos saliesen en la prensa
El 14 de marzo el diario inglés The Telegraph revela que Felipe VI aparece como segundo beneficiario de Lucum, la fundación con sede en Panamá a través de la que se habría canalizado la donación de 100 millones de dólares a Juan Carlos. Ese día saltó al conocimiento público, pero el actual monarca sabía de esa información desde un año antes. El 5 de marzo de 2019 los abogados de Corinna Larsen le habían comunicado esa circunstancia a Felipe VI, pero no tomó ninguna decisión hasta que salió publicado en la prensa.
Al filo de las 20.00 horas del 15 de marzo, el primer día de entrada en vigor del estado de alarma para frenar la epidemia del coronavirus, la Casa Real informó de que Felipe VI renunciaba a su herencia debido al escándalo y retiraba la asignación constitucional a su padre, 194.232 euros anuales. El documento incluía un detalle que indicaba que el rey se preparaba para la deriva judicial del caso: Juan Carlos I designaba como su abogado a Javier Sánchez-Junco, exfiscal de la Audiencia Nacional.
La consecuencia judicial que atisbaba Juan Carlos de Borbón se ha concretado este martes. Anticorrupción ha decidido elevar al Supremo la investigación que ha llevado a cabo durante los últimos meses. El caso lo llevará el fiscal de Sala Juan Ignacio Campos, que estará asistido por un equipo conformado por otros tres fiscales “que asumirán la innegable complejidad técnica de estas diligencias”.
Lo que van a tratar esos fiscales es de aclarar si alguno de los posibles delitos se cometió después de junio de 2014, cuando Juan Carlos I abdicó en favor de su hijo y perdió entonces la inviolabilidad de la que gozaba hasta entonces. La comisión se pagó en 2008, pero los investigadores deben determinar si el rey cometió blanqueo de capitales en los movimientos de dinero o si cometió delito fiscal al no informar a Hacienda de sus rentas en el extranjero.