El juez José Ricardo de Prada, que formó parte del tribunal que juzgó la primera etapa del caso Gürtel y acreditó la existencia de una caja b en el PP, será uno de los vocales propuestos por el PSOE para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que ultiman los partidos. Los vocales serán los que luego elijan al presidente de la institución y del Tribunal Supremo, que PP y PSOE han pactado que sea el conservador Manuel Marchena.
Según han confirmado fuentes conocedoras de la negociación a eldiario.es, además de De Prada, formarán parte del sector progresista del órgano de gobierno de los jueces la catedrática de Derecho del Trabajo Carmen Sáez Lara, el letrado de la Administración de Justicia Luis Martín Contreras, la fiscal feminista y miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) Pilar Fernández Pérez, y el abogado socialista y exvicepresidente asturiano Bernardo Fernández Pérez. Todos ellos serán integrantes de la terna reservada a “juristas de reconocido prestigio”.
Además, José María Fernández Seijo, el juez de lo Mercantil que elevó al Tribunal de Luxemburgo la cuestión prejudicial que determinó que la existencia de cláusulas abusivas en un contrato hipotecario podía paralizar un desahucio, también formará parte de la nueva mayoría progresista aunque, en su caso, como uno de los vocales elegidos entre miembros de la carrera judicial.
Se suma a esta lista de vocales propuestos por el PSOE dentro del cupo de juristas la actual presidenta de la Audiencia Provincial de Navarra, Esther Erice, quien tuvo que lidiar con la polémica por la sentencia contra La Manada, dictada por jueces del órgano que preside.
Exportavoces parlamentarios de Justicia del PP
Entre los vocales no judiciales de tendencia conservadora, el PP ha propuesto a sus exportavoces en materia de Justicia tanto en el Congreso, José Miguel Castillo, como en el Senado, Manuel Guillermo Altava. También a la fiscala decana de Las Palmas, Rosa Rubio Ramos, que es vocal del Consejo Fiscal Estatal –el órgano consultivo del Ministerio Público– y pertenece a la Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria en la carrera y de carácter conservador.
El acuerdo entre PP y PSOE incluye el nombre del presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, cargo que ocupará Manuel Marchena, actual presidente de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal. El nombre de Marchena fue propuesto por el PP y aceptado por el PSOE, que tendrá una mayoría de 11 a 9 entre los 20 vocales.